INAI reprueba violencia de género contra la presidenta del órgano de transparencia
A quien destituyeron y desalojaron de las instalaciones del IMIPE por considerar que no solicitó al poder ejecutivo el pago de sus salarios, mientras estuvieron suspendidos
El pleno del INAI reprobó la violencia de género perpetrada por los comisionados Marcos Alvear y Roberto Yañez, en contra de la presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Dora Ivonne Rosales Sotelo, a quien destituyeron y desalojaron de las instalaciones del IMIPE, el pasado 6 de mayo, por considerar que no solicitó al poder ejecutivo, el pago de sus salarios, mientras estuvieron suspendidos.
El periodo de Rosales Sotelo al frente del IMIPE, vence el próximo 8 de junio, mientras que los dos únicos integrantes, de cinco que debería tener el IMIPE, decidieron nombrar a Marcos Alvear como presidente del Instituto.
“Las Comisionadas y Comisionados integrantes del Pleno del INAI hacemos un respetuoso llamado a garantizar los derechos humanos de todas las personas servidoras públicas del IMIPE e invitar a que se establezca un diálogo incluyente y respetuoso de la diversidad humana y demuestren, sin duda con ello la casta respetando sin duda alguna y por supuesto a las mujeres”, manifestó el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
En representación del Pleno y en su calidad de Coordinador de la Comisión de Enlace con los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, Monterrey Chepov, sostuvo que los actos suscitados en el IMIPE ensombrecen el noble actuar de los organismos garantes del acceso a la información y la protección de datos personales, en su objetivo de alcanzar consensos y resultados, tomando como ejes articuladores el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y la no discriminación.
Alvear y Yáñez estuvieron dos años en espera para poder integrarse al IMIPE luego que, en 2018, una reforma aumentó de 3 a 5, los integrantes del IMIPE, pero que fue impugnada jurídicamente.
Fue hasta abril de este año, cuando ambos comisionados lograron mediante un amparo, incorporarse a la nómina del IMIPE y exigieron el pago de los dos años de salarios y prestaciones que no percibieron durante los dos años de suspensión de la reforma, alrededor de 3.5 millones de pesos.
