Morena va por regular maternidad subrogada

En México se practican anualmente más de 80 mil procedimientos de reproducción humana asistida, entre ellos la gestación subrogada. Estas técnicas se realizan en más de 100 establecimientos, de los cuales sólo 52 cuentan con autorización para realizar esta actividad, de acuerdo con datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Los centros funcionan en ausencia de una legislación federal específica en la materia, lo que ha dado pie a que establecimientos que ofrecen servicios de reproducción humana asistida “con apego a los más altos estándares internacionales médicos y éticos” como el IMSS, el ISSSTE y el Instituto Nacional de Perinatología, coexistan con otros “que apenas si reúnen las características mínimas para operar”, alerta una iniciativa sobre reproducción humana asistida presentada por Morena en el Senado en días pasados.

En los últimos seis años la técnica de gestación subrogada, de manera particular, ha propiciado una serie de denuncias de organizaciones feministas y de defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, como Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler (Femmva) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), por violación a los derechos humanos de las partes involucradas, tanto de las mujeres gestantes como de los padres intencionales, e incluso de los recién nacidos producto de dicha procreación.

Entre las prácticas denunciadas se encuentran la ausencia de un consentimiento informado; la imposición de cláusulas para controlar diversos aspectos de la vida de las mujeres que fungen como madres gestantes, como la alimentación, la actividad sexual y el sueño; la imposición de tratamientos hormonales para aumentar la probabilidad del embarazo, que ponen en riesgo la salud de la gestante; la imposición de tratamientos hormonales con fines eugenésicos; la limitación o imposición de la interrupción legal del embarazo, y hasta la obligación de registrar al recién nacido como la madre y luego darlo en adopción para eludir la legislación que prohíbe los contratos de gestación subrogada con extranjeros.

Estas denuncias han abierto un debate respecto a la forma de solucionar el problema. GIRE ha cabildeado para que las autoridades federales regulen las Técnicas de Reproducción Humana Asistida a través de reformas a la Ley General de Salud que permitan la gestación subrogada, como un reconocimiento al derecho de autonomía de las mujeres. En el otro extremo se encuentran organizaciones de mujeres feministas como FEMMVA, quienes han denunciado la práctica como “un negocio en donde se rentan mujeres y se venden bebés en perjuicio de mujeres pobres”.

En medio de este debate se han presentado desde el 2012 diversas iniciativas en el Congreso que han buscado prohibir la práctica y una, la más reciente, que busca justamente regular las técnicas de reproducción humana asistida. Esta iniciativa, presentada el pasado 20 de noviembre por la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, da pie para regular la gestación subrogada, permitida hasta el momento sólo en Tabasco y Sinaloa, y prohibida expresamente en Coahuila y Querétaro. En el resto del país no hay legislación al respecto.

Al debate se suma la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el pasado 21 de noviembre resolvió a favor de una pareja del mismo sexo a quienes un juez de Distrito en Yucatán negaba el amparo para que el Registro Civil de esa entidad le otorgara un acta de nacimiento a su hijo, gestado a partir de un contrato de gestación subrogada. La Corte reconoció la voluntad procreacional de la pareja, y su derecho para acceder a los adelantos de la ciencia en materia de reproducción asistida y convertirse en padres a través de estas técnicas.

Esto obliga a que, independientemente de que no exista una regulación federal en la materia, los códigos civiles de los estados consideren la “voluntad procreacional” de quienes acceden a un contrato de gestación subrogada y registren como hijo legal al recién nacido producto de ese embarazo. Justo lo que niegan los códigos civiles de Coahuila y Querétaro.

Hijo de mi hija, mi nieto
Desde que en 1974 se reformó el artículo 4o de la Constitución para incorporar el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, se encuentran disponibles en México diversas técnicas de reproducción humana asistida, entre ellas la inducción de ovulación, la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la transferencia de óvulos fecundados, la transferencia intratubárica de gametos u óvulos fecundados, la criopreservación de ovocitos y óvulos fecundados, y la donación de ovocitos y óvulos fecundados.

La gestación subrogada como técnica de reproducción humana asistida existe en el país desde hace 20 años. Sin embargo, fue hasta 2012 que su práctica se empezó a incrementar debido a modificaciones legales en India y Tailandia –entonces destinos internacionales de la gestación subrogada– que impusieron restricciones a extranjeros y parejas del mismo sexo, y que convirtieron a México en la opción para celebrar este tipo de contratos con mujeres que aceptan gestar para una persona o pareja, de manera altruista o a través de una compensación económica.

De esa forma Tabasco se convirtió en el destino favorito de personas o parejas de otros países que buscaban ser padres a través de la gestación subrogada, hasta que en 2016 se reformó su Código Civil para limitar el uso de esta técnica exclusivamente a mexicanos, como lo establece Sinaloa desde un inicio. El principal problema que ha generado esta reforma es la dificultad que ahora enfrentan personas y parejas extranjeras para registrar como suyo al recién nacido producto del contrato de gestación subrogada que firmaron previo al cambio legal, y que ha provocado que mujeres gestantes se vean obligadas por las agencias a registrar a la criatura para luego cederla en adopción, con la incertidumbre jurídica que ello genera para todos los involucrados.

Para FEMMVA, “negar el parto como señal inequívoca de maternidad supone un retroceso a los tiempos en que lo determinante en un nuevo ser humano era la aportación genética del hombre; la mujer era apenas una simple vasija, un lugar de paso. Esta postura, además, no toma en cuenta que para un bebé recién nacido no importa de dónde haya venido el óvulo: madre es la mujer que lo gestó y lo parió”.

En un pronunciamiento dado a conocer en sus redes sociales, el grupo enumera 25 razones para prohibir la gestación subrogada, entre las que destaca que el alquiler de vientres se presta a la trata de personas y es contrario al ejercicio de la libertad de elección de las mujeres. “Gestar y parir para otros no es un derecho (…) las mujeres que son contratadas como madres gestantes se encuentran en precariedad económica, ante una falta de auténticas oportunidades laborales que les garanticen un salario digno con el cual cubrir sus necesidades básicas. Cuando la alternativa es la pobreza extrema o la carencia constante de recursos, la elección no es libre”.

Argumentan además que “quienes buscan legalizar la venta de vientres no son las mujeres empobrecidas, sino las empresas intermediarias, que se encuentran en los países del tercer mundo un negocio jugosísimo. Esa legalización no favorecería el bienestar de las mujeres sino la ganancia de unos empresarios”.

Para GIRE, el argumento es exactamente el contrario: “la reproducción asistida es un avance de la ciencia fundamental para poder ejercer el derecho que tienen todas las personas a fundar una familia, así como el de su autonomía reproductiva”, y la gestación subrogada, como técnica de reproducción humana asistida “puede ayudar a las personas a ejercer su derecho a formar una familia con el número de hijos y espaciamiento que deseen”, como lo establece el artículo 4o Constitucional y tratados internacionales de los que México es parte.

“Criminalizar el acto de gestación subrogada al considerarlo una forma de trata de personas significa partir del supuesto de que las mujeres no son capaces de decidir de manera autónoma si quieren gestar el producto de otra persona; significa asumir que siempre hay abuso y coerción y no un ejercicio libre de derechos”.

GIRE afirma que mientras no exista una legislación de las técnicas de reproducción humana asistida en general, “la incertidumbre jurídica permitirá abusos para las personas involucradas en los procesos de gestación subrogada, desprotección para el personal médico que intervenga e incluso violaciones a los derechos humanos de los recién nacidos bajo estas técnicas”.

Hijo de mi hijo, ¿quién sabe?
La iniciativa presentada por la entonces senadora y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no es el primer intento por legislar respecto a las técnicas de reproducción humana asistida, pero sí es el primero que reconoce que el Estado debe garantizar el acceso a los servicios de reproducción humana asistida como una forma de proteger el derecho de las personas a fundar una familia, a la igualdad y no discriminación, a la salud, y a beneficiarse del progreso científico.

“Cuando el constituyente permanente aprobó esa reforma hace ya 40 años, seguramente no pudo imaginar que la ciencia iba a avanzar hasta dar origen a la reproducción humana asistida; sin embargo, en su atinada redacción, dejó abierta la puerta para que el acceso a esos servicios se convirtiera en un derecho.

“Hoy podemos afirmar que la libre decisión reproductiva consagrada en la Constitución Mexicana no implica exclusivamente la garantía de acceso a esquemas de planificación familiar (…) sino que también comprende la obligación del Estado de promover lo conducente para que todas las personas tengan acceso a los mecanismos necesarios para ejercer su derecho a la procreación, lo que incluye los servicios de reproducción humana asistida”, enfatiza la exposición de motivos de la iniciativa.

En ese sentido, considera que ninguna de las anteriores iniciativas prosperaron debido a “la prevalencia de enfoques meramente ideológicos que buscan contradecir a los hechos concretos comprobados por la ciencia y a su método (e. g. como el dotar de personalidad jurídica a un embrión)” y por postular “argumentos discriminatorios que excluyen de los beneficios a todas aquellas personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexualidad o que no se encuentren unidas en figuras como el matrimonio o el concubinato”.

Con el objetivo de garantizar este derecho, el documento advierte que la regulación se requiere ante el riesgo en que se encuentran particularmente las mujeres gestantes.

“De acuerdo con datos obtenidos por GIRE, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconocía que en 2013 existían en México 52 establecimientos autorizados para aplicar técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, otros datos señalan que operan más de 100, lo que hace pensar, primero, que el número puede ser mayor, y segundo, que muchos de ellos funcionan sin apegarse a la regulación general a la que se ha aludido previamente (regulación general aplicable a servicios de ginecoobstetricia y manejo de células y tejidos)”, además de “jugar con el legítimo anhelo de las personas de poder lograr un embarazo y con el hecho de poner en peligro su vida”.

La iniciativa de Sánchez Cordero propone reformar la Ley General de Salud y fue turnada para su análisis a las comisiones unidas de Salud, y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Sólo necesita la mayoría del grupo parlamentario de Morena para ser aprobada.