Bienes confiscados al crimen dejan ganancias por más de 500 mdp

Derivado de los operativos realizados por la Procuraduría General de la República (PGR) para asegurar muebles e inmuebles a criminales, se han obtenido en lo que va del sexenio 544 millones 428,019 pesos.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el encargado de realizar subastas sobre los bienes inmuebles que sean transferidos por las instituciones públicas.

En el caso de la PGR, la mayoría de lo enviado a las subastas, que se realizan en línea, de manera física y a sobre cerrado, proviene de lo asegurado a criminales a los cuales se les persigue por ilícitos del orden federal.

De acuerdo con los registros públicos del SAE, más de la mitad de los recursos recolectados por la venta de lo asegurado por la PGR entre el 2013 y hasta julio pasado proviene de la venta de unos 50 bienes inmuebles como casas, departamentos o terrenos, cuyo valor de venta en su conjunto ascendió a más de 280 millones de pesos.

Sobre la venta de inmuebles, la mayoría de los compradores proviene o tiene su residencia oficial en la Ciudad de México, le siguen los compradores con residencia en el Estado de México y en tercer lugar Jalisco.

Algunos de los inmuebles vendidos por el SAE que han sido transferidos por la Procuraduría General se encuentran en zonas residenciales y de alto poder adquisitivo en el país; es el caso de un departamento con número 802, ubicado en la calle Pico de Turquino, número 13, en la colonia Jardines de la Montaña, al sur de la Ciudad de México.

El departamento que se listó con un precio inicial de venta por 4 millones 711,000 pesos fue vendido por 5 millones 220,000 pesos por un comprador con residencia en la misma capital del país.

El inmueble más caro vendido en el periodo de análisis es un predio comercial vendido por más de 181 millones 760,460 pesos que está ubicado en boulevard Miguel Alemán Valdez, número 175, en la colonia San Pedro Totoltepec, en la capital mexiquense, Toluca.

El inmueble fue comprado por una persona física o moral con residencia en el mismo Estado de México y fue mediante una adjudicación directa; es decir, el comprador accedió de manera directa a comprarlo sin una licitación pública del inmueble.

La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes prevé que se realizarán adjudicaciones directas en ciertos supuestos como que el mantenimiento del inmueble sea demasiado oneroso para el SAE o que el valor del bien sea mayor o igual a 150,000 unidades de inversión.

Además de los inmuebles, la PGR ha remitido al SAE vehículos asegurados como camionetas de lujo de diferentes marcas e incluso vehículos ya dictaminados como no aptos para su uso; no obstante, se venden como chatarra.

Así como también se han remitido joyas e incluso embarcaciones y aeronaves; en este último rubro se tiene registro en el presente año de la venta de una avioneta tipo cessna, cuyo comprador tiene domicilio en Sinaloa.

La aeronave se listó, de acuerdo con información del SAE, en un valor de 34,000 pesos; sin embargo, se vendió a un precio de 360,000 pesos.

En concordancia con el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación, los recursos que se obtengan de la venta de los bienes asegurados se les “descontarán los costos de administración, gastos de mantenimiento y conservación de los bienes”.

“Honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procedimientos, así como los pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes, asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a las antes mencionadas o aquellas que determine la Ley de Ingresos de la Federación u otro ordenamiento aplicable”, se precisa.

Una vez descontado lo antes descrito se procederá a depositar lo restante a un fondo con dos subcuentas: una correspondiente a lo recaudado por la venta y otra por los frutos que haya dado el bien asegurado mientras haya estado incautado.

Los recursos que se encuentren en las subcuentas tendrán como último destino ya sea su reintegro a las instituciones que transfirieron el bien, en este caso a la PGR o en su defecto a la Tesorería de la Federación.

“Una vez entregados tales recursos, el SAE no tendrá responsabilidad alguna en caso de reclamaciones”, se precisa en el artículo 89.

Este lunes, El Economista publicó que la PGR dejará de transparentar los bienes que sean asegurados o decomisados.