Santo Domingo Ixcatlán “está condenado a desaparecer”, afirman habitantes
La supuesta ambición de poder por parte de una familia ha impulsado el divisionismo y la venta de tierras por sumas millonarias a empresas mineras
Habitantes de Santo Domingo Ixcatlán denunciaron públicamente la supuesta ambición de poder y gobierno por parte de una familia no originaria de la comunidad, lo que ha impulsado el divisionismo y la venta de tierras por sumas millonarias de dinero a empresas mineras extranjeras.
Refirieron que el 3 de diciembre de 1938, diversos comuneros solicitaron al Departamento Agrario el reconocimiento y titulación de su territorio ancestral; posteriormente, el 14 de julio de 1987 se reconoce y titula a favor de la comunidad más de mil 619 hectáreas, con un padrón de 805 comuneros, quienes demostraron ser descendientes de los legítimos poseedores ancestrales de esas tierras.
INICIA LA DISPUTA
“Sin embargo, todavía existía una disputa por más de mil 365 hectáreas con la comunidad de Chalcatongo de Hidalgo, que fue resuelta a favor de Ixcatlán, el 3 de agosto de 1998, y confirmado en forma definitiva por el Tribunal Superior Agrario, el 9 de febrero de 2001”, relataron.
La comunidad de Chalcatongo interpuso diversos juicios de amparo que no procedieron, con lo cual se recurrió al archivo del asunto en el Tribunal Superior Agrario, y a la devolución de los autos de origen al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46.
PAGO DE COMPENSACIÓN
Explicaron que en el 2003, la Secretaría de la Reforma Agraria puso en marcha el Programa de Atención a Conflictos en el Medio Rural, en este se implementó la estrategia “Focos Rojos”, cuyo objetivo consistía en el pago de una compensación a la parte que había vencido en el juicio agrario por límites de tierras (Santo Domingo Ixcatlán), para ser entregados a la contraparte que había perdido (Chalcatongo de Hidalgo).
SE ENFRENTAN LAS COMUNIDADES
“Fue entonces cuando Fredy Eucario Morales Arias, un personaje no nacido en Ixcatlán junto con el Gobierno del Estado de 2006, enfrentaron a las comunidades de Ixcatlán y Chalcatongo, con la finalidad de generar violencia y muertos, ya que esto aumentaba el costo de las tierras para la indemnización”, apuntaron.
Posteriormente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a través del Programa de Atención a Conflictos en el Medio Rural (Cosomer) incluyó, a Ixcatlán en el marco de atención, sin consultar a la asamblea de comuneros de forma previa.
Abundaron que la omisión de explicarles a los comuneros que debían ceder sus tierras a cambio de una indemnización era solamente que los funcionarios del gobierno, junto con la familia Morales Arias, se quedaran con el dinero, razón por la cual difunden que la venta de las tierras es la única forma de ejecutar la sentencia agraria.
“El dinero ofertado solo podía ser entregado al comisariado de Bienes Comunales; por ello, resultó prioritario, para la familia Morales Arias, tener el control de la representación comunal. Por este motivo, supuestamente asesinaron a quienes no estuvieron de acuerdo con la venta del territorio”, señalaron.
ASAMBLEAS CONVENIENTES
Los integrantes de la familia han realizado diversas asambleas en donde únicamente participan ellos para autonombrar al comisariado de Bienes Comunales, mismos actos que han sido anulados por el Tribunal Agrario; sin embargo, se pretende desaparecer a 987 comuneros, inscribiendo ante el Registro Agrario Nacional una lista de solamente 350 comuneros, coartando el derecho sucesorio de los hijos.
Finalmente, sentenciaron con presentar denuncias penales en contra de la representación agraria que encabeza la familia Morales Arias, por los diversos delitos cometidos; compareciendo ante una asamblea general de ciudadanos en donde serán juzgados conforme a sus usos y costumbres por la venta de tierras a empresas extranjeras.
