Ejecutivo y Legislativo van por la eliminación del fuero en Oaxaca
De aprobarse iniciativa, todos los servidores públicos, incluidos el gobernador, ya no contarán con la figura del fuero constitucional
Después que los diputados de la 63 Legislatura no se pusieron de acuerdo sobre la eliminación del fuero a los servidores públicos, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, presentó una iniciativa preferente para la eliminación de esta figura a los servidores públicos de los tres poderes del estado y organismos autónomos.
La iniciativa, que fue turnada a comisiones, expone que a propósito del Sistema Estatal Anticorrupción, es necesario revisar las disposiciones normativas que fortalecen el Sistema, ya que el fuero constitucional se ha percibido como un instrumento de protección indebida e inmunidad procesal en materia penal para ciertos servidores públicos, que les protege política y legalmente para ser enjuiciados penalmente, y que en algunos casos transgreden los principios fundamentales del servicio público.
Explica que el artículo 4 en su párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que el varón y la mujer son iguales ante la ley, en tal razón y con la finalidad de garantizar que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley, donde no prevalezca distinción alguna, por el hecho de ostentar algún cargo público.
De aprobarse esta iniciativa, todos los servidores públicos, incluidos el gobernador ya no contarán con la figura del fuero constitucional, por lo que la propuesta de Murat Hinojosa fue bien recibido por las diferentes fracciones parlamentarias.
En el Artículo 123, Murat Hinojosa propone que en los delitos del orden común y violación de las leyes federales y del estado, los servidores públicos señalados en el Artículo 115 de la Constitución, no gozarán de protección constitucional alguna, pudiendo en consecuencia proceder contra ellos la Fiscalía General del Estado.
Otro de los puntos más importantes que se analizaron en la sesión ordinaria que se llevó a cabo este miércoles, fue la propuesta presentada por la diputada Eva Diego Cruz, el cual propone de 3 a 9 años de prisión para los servidores públicos que simulen actos jurídicos o contables para justificar el uso indebido de los recursos públicos y para los que sustraigan documentación e información del estado o municipios.
Prisión de 2 a 8 años para servidores públicos que no realicen la entrega de la administración a su cargo o no reciban la administración a su cargo, pues 311 administraciones municipales que fungieron en el periodo 2014-2016 no realizaron la formal entrega-recepción a la administración entrante, lo que equivalen al 55 por ciento del total de los 570 municipios, ejemplo de ello fueron los municipios de Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán donde se denunciaron grandes desvíos de recursos sin que a la fecha existan culpables.
La legisladora dio a conocer que 143 municipios presentaron inconsistencias en la entrega recepción de la administración municipal, que equivalen a un 25 por ciento del total de los 570 municipios del estado; 61 municipios presentaron acta de entrega recepción sin expediente, lo equivale a un 11 por ciento.
Detalló que existe un 91 por ciento de irregularidades en el proceso de entrega-recepción de la administración pública municipal saliente del periodo 2014–2016 a la entrante del periodo 2017–2018, es decir, sólo el 9 por ciento de los municipios cumple con los estándares de ley.
