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Defiende firma francesa parque Gunna Sicarú

Comunidades indígenas ganaron un amparo federal


Defiende firma francesa parque Gunna Sicarú | El Imparcial de Oaxaca
Imagen: Internet

La empresa Electricité de France (EDF) afirmó que el proyecto Gunna Sicarú no afecta a ningún ejido o tierra comunal, luego del fallo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito.
Expuso que el consentimiento de las comunidades locales mediante el proceso de consulta indígena es indispensable para que el proyecto Gunaa Sicarú se construya en la región.
Tras la resolución judicial a favor de la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza que frenó la construcción del parque eólico Gunaa Sicarú, la empresa francesa destacó que siguen los procedimientos marcados por las autoridades.
La víspera, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) dio a conocer la suspensión de plano para que no se le prive de sus tierras comunales dentro del amparo indirecto número 302/2020 interpuesto por comuneros de Juchitán el año pasado.
“Esta resolución no impacta el desarrollo de la Central Eólica Gunaa Sicarú, que está planteado exclusivamente en propiedad privada”, manifestó la empresa transnacional en un comunicado. Añadió que el Registro Nacional Agrario confirmó en su momento que ningún ejido o tierra comunal se vería afectado por la central.
La firma comentó que la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito determina que, en tanto se resuelve el amparo, las autoridades deben abstenerse de ejecutar actos “que tengan por objeto privar (a la comunidad agraria) total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de las tierras de uso común”.
Sostuvo que Gunaa Sicarú es un proyecto eólico de nueva generación en la región del Istmo de Tehuantepec que proporcionaría energía limpia y renovable a casi 500 mil personas y evitaría la emisión de 524 mil toneladas de CO2 al año, lo que equivale a sacar de circulación alrededor de 105 mil coches.
“El proyecto está regido por un marco jurídico fortalecido recientemente, que impone obligaciones más estrictas para garantizar el respeto del derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, en línea con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, dijo.
“Actualmente, se desarrolla la fase deliberativa al interior de las comunidades y una vez que estas concluyan, y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, se pasará a las últimas dos: consultiva y de ejecución y seguimiento de acuerdos”, mencionó.