Barbarie en agencias de San Juan Mazatlán

El pasado ocho de noviembre se realizaron elecciones para elegir al presidente municipal en San Juan Mazatlán, por el Sistema Normativo Interno, sin embargo, el actual edil Pedro Lauro Francisco se inclinó totalmente a favor de la planilla verde, tomando en cuenta que participaron dos planillas más, blanca y naranja. 

Días antes, el munícipe acompañó a su candidato Jorge Salinas, a las diversas agencias municipales como son: Loma Santa Cruz, San Antonio del Valle y Rancho Juárez, para exigirles a los ciudadanos que votaran a favor de la planilla verde.

Asimismo, en la comunidad de Rancho Juárez entregaron la cantidad de 30 mil pesos, ya que las otras dos localidades no aceptaron tan ofrecimiento por lo que fueron amenazadas.  

Jornada electoral

Ese domingo en que se llevó a cabo la jornada electoral, los ciudadanos de las agencias ya se encontraban listos para emitir su voto, fue entonces cuando de nueva cuenta el presidente comunitario Pedro Lauro Francisco, volvió a decirles que votaran a favor de Jorge Salinas o que se atuvieran a las consecuencias. 

Procedimiento 

Ese mismo día, los ciudadanos votaron de acuerdo al Sistema Normativo Interno. Al término de las elecciones y luego de realizar el escrutinio correspondiente, las comunidades de Loma Santa Cruz y San Antonio del Valle, elaboraron el acta de la jornada electoral que beneficiaba a la planilla blanca, y al terminar el proceso se trasladaron a la agencia municipal de Monte Águila, sede del consejo municipal electoral.

Fue así que cuando Pedro Lauro Francisco pasó a levantar las actas correspondientes, sólo encontró a representantes de Rancho Juárez con los documentos correspondientes y resultados favorables a la planilla verde.

Esto enardeció al presidente que de inmediato comunicó a su pueblo sobre la presunta desobediencia de estas agencias.

Desarrollo de los Hechos

El día 9 de noviembre cerca de las 12:00 horas, según narraron los afectados, arribaron a las agencias municipales Loma Santa Cruz y San Antonio del Valle, aproximadamente 400 personas encabezadas por Pedro Lauro Francisco y otras autoridades, con armas de uso exclusivo del ejército y machetes, a bordo de camionetas y motocicletas.

En seguida se dirigieron a los domicilios de los presuntos líderes, Abraham Marcial Ortiz, Lucio Simeón Victoriano, Anselmo Javier José, Máximo Quirino Cesáreo, Ausencio Javier José y Lamberto Navarro Marcial, en donde prendieron fuego a las casas. 

Asimismo, trascendió la desaparición del señor Lucio Simeón Victoriano, quien se encontraba enfermo y a 10 días de su desaparición no se sabe nada de esta persona. 

Cabe destacar que además de haber incendiado la agencia municipal, también quemaron el archivo general de la población, como se muestra en las imágenes tomadas en el lugar de los hechos.

Día 10 de noviembre

El día 10 de noviembre aproximadamente a las 14:00 horas, los agresores volvieron a irrumpir en las localidades, fueron cerca de 400 personas que con armas de fuego amedrentaron a la ciudadanía.

Ante tal suceso, los pobladores salieron corriendo rumbo a las montañas para ponerse a salvo, hecho que fue aprovechado por los invasores para saquear los comercios y quemar lo poco que quedaba.

Los negocios afectados son propiedad de los señores Tito Sánchez Feliciano, Bernardo Marcial Domínguez, Rogelio José Sánchez y Gaudencio Silverio Portes Gil, además se llevaron 35 cabezas de ganado vacuno.

Conclusión 

Ante estos hechos violentos generados por el conflicto electoral, en donde al parecer el proceso fue limpio y en donde resultó ganadora la planilla blanca, según  el cómputo final, la parte afectada exige pronta atención de las autoridades para evitar que una tragedia mayor se registre en la zona. 

De igual manera piden que se investigue a los responsables de los destrozos realizados y alteración del orden social.

Actualmente, cientos de familias permanecen refugiadas en comunidades vecinas, desde donde solicitan víveres para poder sobrevivir. 

Finalmente hicieron un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para que intervengan en el caso.