Propietarios de bares de Juchitán piden reabrir negocios

A más de setenta días de haber cerrado sus puertas, propietarios de Bares y Cantinas de esta ciudad de Juchitán, exigen un diálogo con las autoridades municipales para plantear diversos temas, entre ellos la apertura de sus negocios.

Vicente Rosado, vocero de los inconformes, explicó que las autoridades municipales ordenaron el cierre de bares y cantinas, semanas antes que lo hicieran con los depósitos y puntos de venta que dependen directamente de las empresas cerveceras.

Es por ello que en estos momentos consideran como pérdida total a sus empresas, por lo que demandan que las autoridades municipales, estatales y federales los apoyen con programas que les permita reactivar su economía.

Todos los casos cuentan con empleados que tienen familias, a los cuales no les pagan la totalidad de sus salarios, pero sí les entregan apoyos en especie y monetarios, lo que de igual manera es un desgaste para el patrimonio de los dueños de bares y cantinas.

Los denunciantes destacaron que gracias a la ordenanza de las autoridades gubernamentales y del sector salud, surgieron revendedores de bebidas embriagantes, quienes ofrecieron la “charola” de 48 cervezas entre $800.00 y $700.00 pesos, mientras que el paquete de seis en 200 pesos, sin importar la marca.

Explicaron que el sobreprecio de las cervezas continuará en la ciudad hasta que las autoridades municipales permitan la venta de las bebidas en los puntos de venta como son los depósitos y las tiendas transnacionales.

Al ser cuestionados con respecto al motivo por el cual las autoridades municipales se niegan a permitir la apertura de sus negocios, explicaron que se debe a que estos pueden ser puntos de supuestos contagios debido a la aglomeración de personas.

“Pero no toman en cuenta que en las mismas condiciones se encuentran las grandes tiendas comerciales, los restaurantes, y otros negocios en donde no se respetan las medidas sanitarias establecidas”, señalaron.

Es por ello que demandan la mesa de diálogo con las autoridades municipales para tratar de llegar a un acuerdo y evitar la venta clandestina de las bebidas embriagantes, así como la apertura de sus fuentes de empleo.