Implicados, dos agentes de la AEI en homicidio en Santa Lucía del Camino, Oaxaca
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Implicados, dos agentes de la AEI en homicidio en Santa Lucía del Camino, Oaxaca

Los acusan de golpear a un detenido de la cárcel municipal de Santa Lucía del Camino; lesiones que a la postre, le provocaron la muerte


Implicados, dos agentes  de la AEI en homicidio en Santa Lucía del Camino, Oaxaca | El Imparcial de Oaxaca

Mediante orden de comparecencia con intervención de la defensa, dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones relacionados con el deceso de un detenido ocurrido hace más de un mes en los separos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, asistieron ayer ante un juez de control para declarar sobre el caso.

Se trata de Jesús Alberto y Juan Roberto, quienes acudieron acompañados con sus abogados particulares.

Ambos elementos de la AEI se encuentran como imputados dentro de la causa penal 0493/2017 por el delito de homicidio calificado en agravio de Zeferino.

Zeferino murió cuando se encontraba en calidad de detenido en los separos municipales de la policía de Santa Lucía del Camino.

La víctima fue detenida el pasado 5 de agosto, alrededor de las 21:00 horas, por personal policiaco de Santa Lucía.

Fue llevado a la cárcel preventiva, situada en límites con Santa Cruz Amilpas, supuestamente por una falta administrativa.

Al siguiente día, elementos de la AEI se presentaron al lugar, pues supuestamente les habían informado que Zeferino era acusado de un presunto robo; después de algunos minutos se retiraron del lugar.

La tarde del 6 de agosto, policías municipales se percataron que Zeferino ya no se movía, es por ello que solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron la muerte de Zeferino, de 35 años.
Elementos del grupo de Homicidios de la AEI y peritos acudieron a la inspección ocular y al levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la ciudad, ubicado en San Bartolo Coyotepec.

Un perito médico forense dictaminó que la víctima murió a causa de laceración de órganos internos que provocaron hemorragia interna, pues el hombre recibió golpes que afectaron hígado y otros órganos que originaron una hemorragia.

A partir de ese momento, a través de redes sociales y en manifestaciones frente a palacio de Santa Lucía, familiares exigieron justicia.

Desde ese instante también, hubo acusaciones mutuas entre policías. Los oficiales de Santa Lucía se deslindaban del crimen.

Finalmente, conforme avanzan las investigaciones, resultan sospechosos un policía de Santa Lucía y dos personas civiles, así como los elementos de la AEI que comparecieron ayer en forma voluntaria para el esclarecimiento del caso.

“Hablan de su buena fe”, comentó al inicio de la audiencia de comunicación de imputación un mando de la AEI.

En esta audiencia, el fiscal describió que Zeferino fue arrestado el 5 de agosto del 2017 por una falta administrativa al ser sancionado por ingerir bebidas embriagantes y escandalizar en la vía pública.

Tras el arresto, elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía, trasladaron enseguida a Zeferino a certificarlo medicamente y luego a los separos de la corporación.

Fue al otro día, a las 11:40 horas, cuando llegaron a los separos los agentes estatales Jesús Alberto, Juan Alberto y otros, quienes entraron por la fuerza a donde se encontraba Zeferino, para cuestionarlo sobre un robo ocurrido un día antes.

De acuerdo con la declaración de un oficial de guardia de Santa Lucía, uno de los agentes comenzó a darle de cachetadas y otros a golpearlo.

El guardia intentó intervenir, pero un agente le advirtió “que no se meta en pedos, que su comandante ya tenía conocimiento”.

Entre otros datos de prueba, la representación social dio a conocer que cuenta con la puesta a disposición de Zeferino ante el juez calificador de Santa Lucía del Camino.

El certificado médico de lesiones de Zeferino al ingresar a los separos y diversos testimonios de policías viales y de mandos encargados de seguridad de Santa Lucía del Camino que estaban de guardia el día de la agresión.

Al cierre de la edición continuaba la audiencia en la que los imputados podrían declarar al respecto o reservarse el derecho y solicitar hasta una ampliación del término constitucional para que determinen su situación jurídica.


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