Resolución sobre caso Ayotzinapa, una luz en el camino

La periodista señaló que algunos de los detenidos eran albañiles, a los que “torturaron brutalmente” con quemaduras y toques eléctricos, para que se declararan culpables.

La sentencia para reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa, beneficia a las personas detenidas que fueron víctimas de tortura y “habla de un modo indirecto del papel que el jefe del Ejecutivo ha jugado en esta situación”, afirmó la periodista Anabel Hernández.

En entrevista para #AristeguiEnvivo, dijo que se siente conmovida por la resolución del tribunal y recordó que desde diciembre de 2014 publicó un artículo en el que hablaba de la tortura de los detenidos por parte de elementos del gobierno federal, de la existencia del C4, de la falsedad de que los estudiantes habían arribado a Iguala y que eran cinco camiones los involucrados y no cuatro.

“Cuando yo comencé a dar voz fui la primera que habló que estos albañiles de Cocula a quienes el gobierno torturó brutalmente, con tortura sexual, psicológica, quemaduras y toques eléctricos en todo su cuerpo, como a Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, que es uno de los beneficiados por esta resolución histórica”, dijo.

De acuerdo con la autora de La verdadera noche de Iguala, junto con Rodríguez Salgado, Miguel Ángel Baena Landa, Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” y Salvador Reza Jacobo serán los beneficiados directos del amparo, aunque de manera indirecta, podría favorecer a todos los detenidos por el caso.

“Ellos fueron torturados brutalmente para arrancarles esas confesiones… Esta resolución beneficia a los más de 126 detenidos. Es una decisión que beneficia incluso a José Luis Abarca y a su esposa, pero particularmente de manera directa e inmediata a las cuatro personas que presentaron amparo”, abundó.

La periodista apuntó que en esta sentencia el tribunal reconoce que el testimonio de Agustín García Reyes, ‘El Chereje’, “es verídico y que fue obligado y sacado de manera ilegal de la cárcel” para que se declarara culpable.

Además, expuso, señala que “debió haberse tomado la declaración y sujetado la declaración desde las primeras horas después de los acontecimientos al Ejército Mexicano, a la Policía Federal y a la policía estatal, dado que los propios estudiantes y los diversos testigos habían mencionado la participación de estas autoridades, la PGR debió llamarlos a declarar y no esperar meses y meses para tomarles la declaración”.

Hernández consideró que más que la conformación de la Comisión de la Verdad y la Justicia, lo que causa escozor a este gobierno son las observaciones que hace al final sobre la actuación del Ejecutivo.

“El tribunal apunta de que el único poder de todas estas instituciones que participaron en violaciones graves a derechos humanos que ya determinó el tribunal como la Marina, como la Policía Federal, la PGR y el Ejército, está hablando de que el común, el jefe máximo de todas estas instituciones era el presidente de la república y que no se actuó de manera independiente sino que siempre se actuó dependiendo de este poder Ejecutivo.

“Quizá sea lo que más incomoda a este gobierno que está a punto de terminar, lo que más resistencia va a causar, porque en estas últimas líneas de una u otra manera critica la acción u omisión o cualquier que sea el rol que tiene el jefe del Ejecutivo en todo este desastre de investigación, en todas estas violaciones a derechos humanos, en permitir el uso de la tortura como método sistemático para fabricar culpables”, añadió.