Niños abandonados en prisión de Oaxaca
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Niños abandonados en prisión de Oaxaca

Hasta la fecha, de los 53 reclusorios femeniles de la República Mexicana, en los cuales se permite la estancia de menores de edad con sus madres, en Oaxaca no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y/o educación básica mientras permanecen en esos lugares


Niños abandonados en prisión de Oaxaca | El Imparcial de Oaxaca

Diego es un niño con discapacidad, vivió en el penal durante cuatro años con su mamá Gabriela, joven acusada de transportar droga (conocidas en los corrillos policiacos como Mulas).

Gabriela, originaria de un pueblo de Tlacolula en la región de Valles Centrales, reconoció haberse inmiscuido en estas actividades ilícitas, precisamente para obtener dinero y continuar con un tratamiento para su pequeño Diego.

La suerte no le favoreció y un día le cayó la policía con el cargamento por los rumbos de San Dionisio Ocotepec. Su mamá también se vio involucrada y a Diego se le permitió convivir con Gabriela durante estos primeros años.

En el sexenio anterior, algunas organizaciones no gubernamentales denunciaron públicamente y ante las instancias correspondientes la mala alimentación que al igual que Diego, más de una decena de infantes y sus mamás recibían en el penal.

Se detectó un alto grado de desnutrición tanto en los niños como en las madres que estaban en la etapa de lactancia.

“No había un programa que atendiera esta condición de las mujeres y de los menores”, indicó en su momento Ana Laura Herrera López, presidenta del comité Prodefensa de las Mujeres Reclusas de Tanivet.

Fue precisamente este comité el que se pronunció a favor de una mejor atención a los menores.

“Ellos nunca habían salido del penal, más que para recibir sus vacunas, y hasta la fecha no reciben educación al interior del penal, no hay quien se ocupe de su instrucción en sus primeros años”.

“Cuando llegan a los cinco años, son enviados con sus familiares o trasladados a una casa hogar que se ubicó frente a este penal, una casa hogar que no es del Estado, sino administrada por un miembro de la comunidad cristiana de nombre Dieles Enrique.

“Los menores que se encuentran en esta casa hogar visitan a sus madres los sábados y los domingos. Son unas 15 mujeres aproximadamente quienes tienen a sus hijos en esta condición y que no rebasan los 14 años de edad”, declaró.
“No hay terapia previa, ni posterior, solamente son separados y ninguno recibe terapia psicológica, lo que origina que muchas de ellas se depriman, primero por estar presas y porque muchas son abandonadas por sus familias y no las visitan, a eso añadirle la separación de un hijo”, añadió.

Durante recorridos al interior del reclusorio, se avistan madres que buscan alguna actividad para obtener un ingreso, como elaborar bolsas, monederos o carteras tejidas de plástico, mientras los niños deambulan, sin actividades específicas.

En la administración de Gabino Cué, el Estado no dio respuesta a la solicitud de crear un área donde los niños pudieran recrearse, leer un cuento o armar un rompe cabezas, o jugar.

Con estas inquietudes, a la llegada del actual gobernador Alejandro Murat, el comité ProDefensa continuó con pláticas, incluso, con la esposa del mandatario Ivette y la actual Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), María Concepción Tovar Monreal.

De acuerdo con Herrera López, en lo que va de esta administración se han efectuado algunos cambios en este Centro de Reinserción Social. “Ahora los niños reciben colaciones de fruta y cereales al mediodía, aunado a sus tres comidas”, dijo.

“La situación de las privadas de libertad y sus hijos ha mejorado en materia de derechos humanos, los niños reciben alimentación adecuada, al igual que las mujeres, la señora Ivette volteó los ojos a estas peticiones”.
“Diego fue llevado a una casa hogar y cada fin de semana visita a su mamá”.

En un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos rendido en el 2015 y derivado de un trabajo de campo efectuado en los diferentes centros penitenciarios femeniles de la República Mexicana, se detectó que en 10 centros de los estados de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, no se permite la estancia de menores de edad con sus madres internas, lo que por supuesto vulnera el derecho de los menores de estar y convivir con sus madres, así como el interés superior de la infancia.

Por otra parte, el personal que realizó las visitas de supervisión observó la presencia de menores de edad en 51 centros de reclusión; sin embargo, la estancia de estos menores únicamente se permite cuando nacen mientras sus madres se encuentran internas, hasta una edad determinada que, dependiendo de cada establecimiento, oscila entre los seis meses y los seis años de edad, aunque se tuvo conocimiento de que en los establecimientos de Acapulco de Juárez y Chilpancingo de los Bravo, ambos en Guerrero, los menores de edad pueden permanecer hasta los 8 y 12 años de edad, respectivamente.

Asimismo, se constató la falta de apoyo para que los menores de edad que viven con sus madres accedan a los servicios de guardería y educación básica.

“En 53 establecimientos que se permite la estancia de menores de edad con sus madres, ubicados en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y/o educación básica mientras permanecen en esos lugares”.

Hasta la fecha, de acuerdo con mujeres reclusas de Tanivet, aún no se brinda el apoyo para que los niños tengan acceso a los servicios de guardería y/o educación.

La CNDH precisó que para atender las irregularidades señaladas, en el documento referido se hace un llamado a las autoridades correspondientes para diseñar políticas públicas encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura penitenciaria nacional con un enfoque de género, a efecto de que la reclusión de las mujeres se lleve a cabo en inmuebles separados a los que ocupan los hombres; separar a las internas sentenciadas de las procesadas; edificar locales y/o establecimientos con instalaciones apropiadas para la atención médica, espacios que permitan el desarrollo infantil y propicios para el tratamiento de las mujeres, tomando en cuenta sus necesidades específicas; así como para que, tanto ellas como sus hijos que conviven con ellas, reciban un trato respetuoso y digno, de acuerdo con la condición de su género, atendiendo a sus necesidades de salud, educación, capacitación, trabajo productivo y remunerado, así como actividades deportivas, entre otras.


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