Temen que crimen de niño en Tonameca, Oaxaca quede en la impunidad

Ismael, a quien en presunta venganza por haber delatado a una banda de abigeos le asesinaron a su hijo de 12 años de edad y a su hermano en Agua Dulce, Tonameca, teme que el TSJE y la Fiscalía General del Estado cometan un acto de injusticia poniendo en libertad a los asesinos de su pequeño Roge por supuestas presiones que está haciendo el Codedi.

De acuerdo con una denuncia pública que circuló ayer en redes sociales, Ismael explica que el 28 de febrero de 2016 en la comunidad de Agua Dulce, municipio de Santa María Tonameca, fue asesinado a balazos su hijo Rogelio Valencia García, de 12 años de edad.

Meses antes de este crimen, dijo que fue víctima del robo de unos 30 chivos de crianza, así como el secuestro y desaparición de su hermano Ismael García Sánchez, quien no tiene los mismos apellidos que él porque sus padres los entregaron en adopción cuando era niños.

Asegura que pese a que denunció todo esto en diciembre de 2015, la Fiscalía General del Estado sólo intervino contra los responsables hasta que esas mismas personas asesinaron a su hijo.

“En mayo del 2015 me habían robado a mis animales de crianza y en diciembre de ese mismo año mi hermano Ismael García Sánchez fue secuestrado y desaparecido por Los Cosme, a quienes yo identifiqué como los responsables del robo de mis chivos siguiendo sus huellas hasta el domicilio de esos individuos originarios de los Loxicha, pero avecindados en Santa María Tonameca, que se han dedicado a cometer robos y asesinatos.

“Después del asesinato de mi hijo, la Fiscalía General del Estado finalmente detuvo y consignó a los hermanos Aurelio y Rutilio, miembros de la banda Los Cosme, por este asesinato”, detalla.

Precisa que durante el cateo a sus casas la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) encontró armas que utilizaban, ropa camuflada como del Ejército que se ponían para cometer sus fechorías y bolsas con mariguana.

“Después de casi dos años de audiencias en el juicio contra los presuntos homicidas, un juez dictó una sentencia de 34 años de prisión a cada uno de los inculpados.

“Sin embargo, desde hace algunos meses, el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) ha estado realizando acciones de protesta como la toma del juzgado en Puerto Escondido y en Pochutla, para presionar a la Fiscalía General del Estado a que se liberen a los homicidas bajos el argumento de que fueron violados sus derechos humanos y que son inocentes. Los dos indígenas son miembros del Codedi.

“Hace apenas unos días la Fiscalía General del Estado me notificó que el miércoles 21 de febrero debo acudir al Juzgado localizado en Puerto Escondido para la reposición de la audiencia de debate, por lo que temo que por presiones del Codedi el caso del asesinato de mi hijo quede en la impunidad y yo y mi familia estemos en riesgo de sufrir represalias por venganza si el Tribunal Superior de Justicia ordena que sean liberados los dos responsables de este crimen”, declaró.

La presión

Tras la sentencia de 30 años de prisión en contra de los hermanos Aurelio y Rutilio por el delito de homicidio calificado en agravio de un niño de 12 años de edad, sus familiares iniciaron una huelga de hambre al alegar que son inocentes.

En el expediente penal 74/2016 se cita que el homicidio del niño Rogelio ocurrió en la comunidad de Agua Dulce, perteneciente a Santa María Tonameca, el 28 de febrero del 2016, a las 10:00 horas.

Dos hombres llegaron al domicilio de la víctima y le dispararon con una escopeta, dándole muerte de manera instantánea.

Luego de revelarse la identidad de los ahora sentenciados, la Fiscalía obtuvo la orden de aprehensión la cual fue ejecutada durante un cateo a los domicilios de los acusados, donde se les encontró armas de fuego, ropa militar y dos motos sin placa de circulación.

Aurelio y su hermano Rutilio, de 41 y 36 años de edad, fueron detenidos el 4 de marzo y trasladados al penal de San Pedro Pochutla.

Meses después, el juez sentenció a los hermanos a purgar 30 años de cárcel y pagar como reparación de daños a los padres del niño, la cantidad de 170 mil pesos.

Los familiares de los sentenciados inconformes por lo dictaminado por el juez, iniciaron una huelga de hambre afuera de las instalaciones de los separos de la Policía Estatal, y posteriormente en las puertas de los juzgados de control de este lugar.