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Oficio bajo fuego
por Editorial Imparcial

El reciente asesinato del periodista Javier Valdez, encendió los ánimos de todos aquellos que ejercemos en el oficio en sus diversas facetas: periodismo impreso, radiofónico, televisivo o digital.

La misma suerte corrió la editora de una revista en Autlán, Jalisco y el aberrante secuestro de siete reporteros, entre corresponsales nacionales y extranjeros que se introdujeron en la Tierra Caliente de Guerrero, los cuales fueron retenidos y vejados por un grupo de sujetos armados.

Es evidente que México es un Estado fallido, como ha sido calificado desde hace tiempo. No existen garantías para el ejercicio de nuestro trabajo. Ante los organismos de medios de comunicación del país y el extranjero, sobre todo de aquellos que buscan salvaguardar la libre prensa en el continente, México se ha perfilado como uno de los países más letales del mundo.

La violencia, de manera burda, se ha orientado hacia quienes ejercemos el oficio, sumando a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto, al menos cien periodistas muertos en diversas circunstancia, algo en realidad nunca visto en este país. Sólo hay ver las estadísticas de Veracruz, de Guerrero e incluso de Oaxaca, para darse cuenta que tal parece que el ambiente de impunidad que sigue a los criminales, es un asunto común.

No se trata de crear más leyes que al cabo de un tiempo son letra muerta; tampoco de reiterar en el discurso político el respeto a la libre expresión, que ha devenido un tema trillado y acartonado. Lo que se trata es de acabar con ese clima de impunidad en el cual los periodistas asesinados sólo forman parte de estadísticas mortales y los criminales jamás son castigados.

Es la impunidad lo que ha hecho del Estado de Derecho una simple caricatura. Con justa razón los compañeros que se han movilizado en la capital de la República insistieron ante el discurso del presidente Peña Nieto, que la exigencia del gremio se inscribe en una sola palabra: ¡justicia! Se han creado fiscalías especiales, se han federalizado los atentados en contra de medios y periodistas; se han creado comisiones que verifiquen esa libertad de expresión que tanto se menciona en los discursos y en la demagogia oficial.

No obstante, en tanto no se aplique la ley y se persiga de oficio a quienes atentan en contra de la vida de aquellos que cumplen con su deber de informar, en este país el ejercicio periodístico seguirá siendo un oficio de vida o muerte.

Gobierno, rehén de vándalos y sindicatos

¿Cuál es la razón de fondo por la que el gobierno estatal no va a fondo para castigar a los vándalos y porros que se han escudado en el transporte, los cuales siguen afectando la paz pública y la gobernabilidad? El razonamiento es simple: son intocables.

La CTM y el Sindicato Libertad, lo tenemos en la memoria, fueron aquellos que se movilizaron cuando se llevó a cabo la toma de posesión del actual gobernador y la Sección 22 amenazaba con boicotear el evento que, finalmente, se llevó a cabo en las instalaciones de CORTV.

Desde ese momento advertimos que el costo político sería demasiado oneroso. Pese a ello y como mucho lo hemos abordado en este espacio, el Estado como tal, debe ir a fondo para romper cacicazgos, para demoler monopolios y esa estructura cuasi criminal en que ha devenido el transporte de pasajeros y de acarreo de materiales pétreos, entre otras cosas.

El asunto se ha dejado crecer desde el gobierno de Gabino Cué, como en su momento el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dejó crecer sin control alguno, el delito del robo de gasolina. Es increíble que el gobierno estatal no sepa lo que ocurre en los sindicatos, organizaciones, confederaciones y demás, que han asumido de facto el control del transporte, con una estructura cuasi criminal.

Si bien es cierto que los hechos ocurridos el pasado 15 de mayo no han sido los únicos ni serán los últimos en la disputa entre los grupos ya señalados, de no tomarse las providencias necesarias, pronto estaremos en un plano de vulnerabilidad ante tanta violencia y atentados en contra de la civilidad. Los hechos criminales deben ser castigados con todo el peso de la ley.

Sienta un precedente de vacío de autoridad cuando los crímenes quedan impunes, como por ejemplo los ocurridos en San Pedro Mártir Quiechapa, en donde cinco personas fueron asesinadas, luego de ser emboscadas por sus vecinos de Santiago Lachivía. No es con mesas de diálogo o negociación como se paga la vida de quienes la perdieron. Tampoco es "darle la suave" a los criminales que, viendo el peligro en sus cultivos ilícitos, tuvieron que segar la vida de sus vecinos.

El enfrentamiento entre miembros de la CTM y el Sindicato Libertad del pasado lunes, la muerte de una persona y las heridas a dos más, así como las unidades destruidas, deben ser investigados conforme a Derecho. No basta un deslinde tardío de los dirigentes para decir "aquí no pasó nada o no estuvimos enterados de los hechos". Eso es infantil.