Quantcast

Opinión

Editorial

Editorial

Aplicar la ley: demanda ciudadana
por Editorial Imparcial

Por el lado que quiera verse, Oaxaca no puede seguir arrastrando el desorden y la ingobernabilidad como hasta hoy. Existe en la sociedad oaxaqueña un justificado hartazgo, indignación y frustración, respecto a los bloqueos carreteros, a cruceros y a la vialidad citadina. La semana pasada fue terrible.

Un grupo de pseudo estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, secuestraron por completo las calles del Centro Histórico.

Eso se dio desde el lunes hasta el viernes, colapsando por completo la vida comercial, el turismo y la actividad económica que nos ha llevado a arrastrar una crisis recurrente. Cientos y cientos de negocios han cerrado ante la imposibilidad de tener un superávit que les permita a los propietarios pagar rentas, salarios e insumos.

No se trata de recibir la dádiva oficial que no alcanza para sobrevivir, sino de que exista en la capital y todo el estado un ambiente de paz que permita el crecimiento económico y la estabilidad. El tema de los bloqueos y lo que provocan en la población, es recurrente en este espacio editorial. La cuestión es simple: la parálisis gubernamental, la apuesta por el diálogo y la solución de los diferendos, no deben inhibir la aplicación de la ley.

Otro de los factores de ingobernabilidad lo constituyen los destripados egresados de las escuelas normales. El hecho de que pretendan -como abordaremos después- lograr una plaza docente sin examen y por la vía del chantaje y la presión, los ha ubicado fuera de la ley.

Pero ahora resulta que los vándalos y encapuchados enarbolan impunidad y nadie los puede tocar, porque de inmediato brincan los capos del Cártel-22, con su cuestionado departamento jurídico, para evitar que sean consignados.

Ello implica que, por ese temor, las autoridades correspondientes simplemente se encogen de hombros y dejar hacer y dejan pasar. La semana anterior estos delincuentes potenciales que sueñan ser maestros, cerraron los centros comerciales, bancos y otros. Y con certeza seguirán en las mismas.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ya fijó su posición: no habrá plazas sin evaluación. ¿Por qué entonces se les permiten estos excesos, a sabiendas de que el chantaje no cuajará ante las autoridades educativas federales? Hay que aplicarles la ley; hay que terminar con esta forma perversa y torpe de alentar la ingobernabilidad y vulnerar los derechos civiles.

Triquis: ¿Cuáles derechos humanos?

La semana pasada diversos medios de comunicación impresos y electrónicos dieron cuenta de una situación aberrante: luego del descubrimiento de cerca de 47 plantíos de amapola y marihuana en la zona triqui, un grupo de mujeres y niños, utilizados como un escudo humano, obstaculizaron la labor del Ejército Mexicano para destruir, conforme lo dispone la ley, dichos cultivos ilícitos.

El Comandante de la Octava Región Militar reconoció que los indígenas forman parte de la base social de los grupos criminales.

Las mujeres de esta etnia, armadas con palos se opusieron a la destrucción de los cultivos, con el argumento de que ellas viven de dichos cultivos y que no permitirían que se destruyeran. Previamente, la noticia de un supuesto acoso y "militarización" de la zona, había llegado a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), cuyo presidente, Arturo Peimbert Calvo, se negó a enviar observadores o visitadores a la zona del operativo militar, en un acto de presunta complicidad. ¿Pueden hablar los defensores de las causas indígenas o las decenas de organismos civiles de derechos humanos de violación a las garantías individuales, ante una acción catalogada como criminal?

No es la primera vez que este grupo étnico es motivo de comentarios negativos en este espacio editorial. Es ya clásica la mendicidad que les han inculcado sus manipuladores, agazapados en organizaciones como MULT, MULTI, UBISORT, API o incluso en un partido: el PUP. Cada período vacacional aparecen los que manipula Reyna Martínez y otros, para decirse "desplazados" y reclamar la dádiva del gobierno.

Otros más son manipulados para invadir el zócalo y la Alameda en temporadas de mayor afluencia turística. Se van de ahí hasta que les hayan llenado los bolsillos a sus dirigentes. Siempre se dicen víctimas. Pero en su territorio se practica la trata de personas y la venta de niñas, a veces por unas cajas de cerveza.

Y no es la ignorancia. Casos abundan sobre esta práctica burda y abominable. Es caso único en el país de exterminio inter-étnico.

Hoy se sabe que el cultivo de estupefacientes puede ser el motor de tantos homicidios. Insistimos: ya es tiempo de ir demoliendo mitos y paradigmas que ubican a esta etnia, como la más sufrida, desplazada y trabajadora, cuando en los hechos se está demostrando que siguen caminando al filo de la ley.