El tema de los abortados proyectos carreteros al Istmo y a la Costa ha sido abordado en diversos medios serios de comunicación, tanto impresos como electrónicos en los últimos días. Luego de la información de que la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), abandonara prácticamente la vía a la Costa oaxaqueña y suspendiera los trabajos, hay en el espectro social y gubernamental una honda preocupación, pero también indignación. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha dejado hacer y dejado pasar, sin tomas las medidas pertinentes para que las concesionarias de las obras citadas cumplan a cabalidad. Simplemente ha sido cómplice del abandono de las mismas, como es el caso de ICA y de los aberrantes retrasos que se dieron, cuando la misma se declaró en quiebra, aduciendo que ello se debía a la severa problemática social que padece Oaxaca. Sin embargo, EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, realizó una serie de entrevistas con especialistas que conocen e fondo el tema, quienes reconocen que si bien ha habido problemas en ese sentido, el tema social no ha sido el eje del atraso y la suspensión de la obra carretera. Atribuyen ello a la falta de planeación, de seriedad, la carencia de capital y a una mala administración.

En torno al llamado derecho de vía, afirman que ello se liquidó con las comunidades afectadas, aún en el gobierno de Ulises Ruiz y que existen documentos validados por el Registro Agrario Nacional (RAN) y la misma Procuraduría Agraria (PA). Es más, existen registros -dicen- de apoyos que cada una de las comunidades por donde pasa la vía, como Yogana, San Vicente, Santa Catarina, San Pablo, San Francisco, San Sebastián y San Antonio Lalana, solicitaron al gobierno estatal, mismo que les fue concedido. Lo que hoy tratan de sacar a la luz algunas autoridades municipales, muestra una supina ignorancia respecto a lo que ya recibieron. Hay pues mucha confusión en el tema, el menos de la súper carretera a la Costa, en el tramo Barranca Larga-Ventanilla, que comprende 104 kilómetros, cuyo costo se ha multiplicado, precisamente porque se inició desde hace siete años y de manera inexplicable los trabajos no han sido concluidos, no obstante llevar un avance de al menos 50%. Hace falta -reconocieron los especialistas- voluntad política y compromiso de las autoridades federales, en coordinación con el gobierno de Alejandro Murat y los organismos financieros, para terminar esta importante obra.

Perniciosos cacicazgos

La sociedad oaxaqueña ya no es la misma que hace una década, sin duda alguna. Sin embargo, hay dirigentes de sindicatos y organizaciones gremiales que insisten en revivir viejos cartabones anclados en el pasado. Por ejemplo, luego del zafarrancho provocado en la ciudad y puerto de Salina Cruz, justo cuando Petróleos Mexicanos había otorgado la autorización para la limpieza de la Refinería “Antonio Dovalí Jaime”, luego del lamentable incendio, leales al hoy depuesto dirigente Hipólito Rojas Martínez, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en dicha ciudad, generaron un ambiente de terror y violencia. No es la primera vez que esto ocurre. Su ex compañero Javier Córdova Quevedo, alias “La Culebra”, que también militó y dirigió dicha central obrera, ya fue exhibido en los medios nacionales y locales, como un sujeto sin escrúpulos, que da tratos humillantes a sus compañeros. Se trata pues, de dos especímenes que se han ganado a pulso el repudio de la sociedad, pues son al mismo tiempo, los principales obstáculos que se han encontrado ahí los inversionistas que han apostado sus capitales en diversos rubros de la industria o el comercio.

Hace al menos un par de años, como ya lo hemos comentado en este espacio editorial en ocasiones anteriores, los armadores que fletan sus barcos a Salina Cruz amenazaron con no hacerlo ya. Se sienten acorralados, intimidados y extorsionados por los transportistas de la CTM que dicen que si la carga no la llevan ellos, nadie más la llevará, igual que los constructores oaxaqueños o foráneos. Los capos del transporte, llámense CTM, CNP, Sindicato Libertad u otros, tienen un historial bien documentado de extorsión, presión y chantaje. Los casos de cobrar una especie de derecho de piso; de manipular a los transportistas a ejercer presión, cerrar accesos y bloquear cada que algo no le parece, ya es parte del panorama cotidiano. Por si ello no fuera suficiente, andan por doquier con sujetos armados, amenazantes e imponiendo temor. La aberrante impunidad de que gozan sujetos como estos dirigentes mañosos y delincuentes, es lo que molesta a la ciudadanía. Nadie debe estar por encima de la ley ni querer brincarse la norma, tampoco hay estatutos diferentes para sancionar o solapar conductas como las que hemos apuntado. Ayer mismo amanecimos con la amenaza de bloqueos por parte del Frente Popular “14 de junio” y bloqueos en la Carretera Internacional 190, por parte de camioneros de la CTM.