No más concesiones

En marzo, justo cuando cumplió sus primeros cien días al frente del gobierno estatal, el gobernador Alejandro Murat reconoció que el transporte concesionado se había convertido en un permanente dolor de cabeza, lo cual era motivado por la serie de intereses que existen dentro del sector. Y ofreció, como en su momento lo hiciera el ex gobernador Gabino Cué, decretar una veda para el otorgamiento de concesiones y permisos. Éste nunca cumplió, pues durante todo su gobierno jamás dejaron de entregarse, incluso en los últimos meses, razón por la cual fue vinculado a proceso ayer, el ex titular de SEVITRA, Carlos Moreno Alcántara. Empero, la instrucción de Murat Hinojosa fue más precisa: ni una más. Sin embargo, los mecanismos de presión que usan sindicatos como la CTM, la CNP, el Sindicato Libertad o la Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca (FESO), por decir las más conflictivas y amafiadas organizaciones, han doblado a las autoridades. Los bloqueos, el cierre de carreteras y accesos a la ciudad, el secuestro de trabajadores y empleados, etc., son el pan de todos los días para conseguir las sobadas concesiones y seguir haciendo crecer esta Hidra de mil cabezas. Cuando se creó la modalidad de moto-taxis, en este mismo espacio editorial criticamos una y otra vez la política clientelar del ex gobernador Ulises Ruiz. ¿Cómo era posible crear un nuevo monstruo de favores, ante un sistema anárquico de transporte, convertido ya en rehén de sindicatos y organizaciones sociales?

El daño está a la vista. Hace al menos un mes un sempiterno dirigente de la Sección 27 de transporte, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), paralizó por completo la ciudad, ante la exigencia velada de recibir más concesiones, aumentar la tarifas y lograr una serie de prebendas del gobierno estatal, para erigirse como los verdaderos dueños del transporte público. Moto-taxistas de diversas comunidades, de manera constante ejerce presión para demandar la desaparición de unidades piratas o exigir nuevas concesiones. El transporte público pues, taxis, moto-taxis, camiones de volteo y otros, con una u otra etiqueta, son el dolor de cabeza permanente para las autoridades. Sólo basta que sus dirigentes les suenen los dedos para que de inmediato tomen a la ciudadanía como rehén. He ahí el por qué la sociedad demanda poner orden, regular el uso de las concesiones otorgadas hasta la fecha y no dar una sola más.

Seguridad pública a cuenta gotas

Ninguna lectura positiva trae para Oaxaca y para los inversionistas que han visto en la Cuenca del Papaloapan el espacio idóneo para traer sus capitales, que los hechos que se han dado recientemente en Loma Bonita. Primero fue el asalto al rancho “La Engorda”, por parte de al menos quince policías estatales, quienes fueron video-grabados y hoy se encuentran vinculados a proceso en el penal de Santa María Ixcotel. La cereza del pastel fue el desfile de supuestos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, que en un hecho inédito se pasearon a plena luz del día en dicha comunidad, exhibiendo armas largas y vehículos con las siglas del cártel mencionado. La alarma cundió entre la población de Loma Bonita, limítrofe con Veracruz, que se resiste a creer que el Estado Mexicano siga permitiendo este tipo de acciones de los grupos criminales, pues dos días después de este hecho, aparecieron los cadáveres de seis personas: cinco hombres y una mujer, con signos propios de tortura y ejecutados, en las afueras de un potrero. Todos ellos con antecedentes criminales y de estar vinculados a la distribución de droga y a otros hechos ilícitos.

A principios de noviembre, en un boletín oficial, se informó que para reforzar la seguridad, evitar el incremento delictivo y garantizar el Estado de Derecho en la Cuenca del Papaloapan, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), había desplegado un agrupamiento de 40 unidades de la Policía Estatal se trasladó a la zona desde las primeras horas del martes. Los uniformados se desplazaron a San Juan Bautista Tuxtepec, Loma Bonita, entre otros municipios de esa región, para coordinar estrategias tácticas con las fuerzas armadas y dependencias de los tres órdenes de gobierno. Es decir, después del niño ahogado se tapa el pozo. La presencia de la corporación –como ya se vio- no ha sido del todo positiva, dados los hechos del rancho “La Engorda”. Dicha situación amerita la acción coordinada con otras instancias de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. Los hechos hablan por sí mismos y requieren de acciones más enérgicas. Los grupos criminales, sea el CJNG o el del Golfo o Los Zetas, están operando desde hace mucho en dicha región y están echando por tierra cualquier propósito gubernamental de alentar las inversiones. La presencia de la Policía Estatal, con las malas cartas de presentación que tiene ya, no es una panacea que cure todos los males que se han enquistado ahí. Se requieren acciones más enérgicas.