Al decretar las primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE), el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que no se permitirá que la historia del sur-sureste del país siga marcada por la pobreza, la marginación y la desigualdad. Tras los sismos que han postrado a los habitantes de la región del Istmo de Tehuantepec en la miseria, pues lo perdieron prácticamente todo, hoy el gran reto no sólo es la reconstrucción, también el desarrollo a partir de nuevas inversiones.

En la actual administración federal se impulsó el proyecto de la Zonas Económicas Especiales para cerrar las brechas regionales de desarrollo económico y bienestar social que persisten entre el norte y centro de México, frente al sur-sureste. Este proyecto transexenal es uno de los más importantes en materia regional. La ruta comenzó a materializarse el año pasado, cuando el 1 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) divulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que expide la Ley Federal de las ZEE.

En el documento se lee que esta ley “tiene por objeto, en el marco de la planeación nacional del desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población”.

Entre sus beneficios está que las empresas y personas físicas con actividad empresarial que inviertan en éstas tendrán descuentos en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) de 100 por ciento en los primeros 10 años y 50 por ciento en los siguientes cinco años. Además, podrán acceder a créditos fiscales por las cuotas patronales y se les brindará un tratamiento especial en lo referente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), similar al que reciben las operaciones de comercio exterior, entre otros aspectos.

La implementación de las ZEE se ha proyectado desde diferentes aristas. Con una inversión total de 1,500 millones de pesos, en mayo del 2017, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) anunció la creación de nueve consorcios de investigación con el fin de reorganizar el quehacer de los 26 centros de investigación coordinados. Los recursos asignados en el 2017 ascienden a 737.7 millones de pesos.

Desterrar Corrupción

Sin lugar a dudas, combatir con mayor eficacia la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública, es uno de los objetivos que no admiten demora, pues el objetivo debe ser cerrar espacios a la opacidad y a la discrecionalidad en la administración de los recursos públicos mediante contrapesos institucionales y sistemas modernos de control, cuyos ingredientes primordiales son la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas sobre el destino del dinero de los contribuyentes.
Bajo la premisa de que quien traiciona la confianza de la sociedad con actos de corrupción debe pagar las consecuencias sin excepción, se debe avanzar en la construcción de gobiernos transparentes que operen a favor de ciudadanía.
No hay mejor antídoto contra la discrecionalidad y el sigilo que suponen los actos corruptos, que las puertas y ventanas abiertas de la transparencia. En suma, una verdadera rendición de cuentas.

Un gran paso en aras de terminar con la opacidad y presuntos actos de corrupción en la administración pública estatal se viven actualmente en nuestra entidad y deberá ser la voluntad de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para iniciar otros procesos pendientes, luego de las acusaciones por manejos indebidos cometidos por varios ex titulares de dependencias.

El combate a la corrupción es una tarea que involucra, en la misma medida, a sociedad y gobierno en un camino que transita de la concepción mínima de la democracia (elecciones limpias y legítimas) a un espectro mucho más amplio que implican la participación ciudadana, una mejor cultura política y mecanismos de rendición de cuentas.

De acuerdo con un estudio de la empresa CEI Consulting, los mexicanos comienzan a involucrarse en prácticas corruptas, en promedio, a los 12 años y existe el 87 por ciento de posibilidades de que un mexicano pague sobornos al menos una vez en su vida. Para combatir este fenómeno, sin duda es necesario, por un lado, formar cuadros profesionales con vocación de servicio y compromiso social; así como ciudadanos conscientes del protagonismo que tienen para evitarlo.
Poco a poco, nuevas generaciones de representantes populares y administradores públicos hemos tenido la oportunidad de imprimir nuestro vigor y compromiso con Oaxaca para modificar vicios que la inercia de los años han hecho costumbre.