Después del ahogado…
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Después del ahogado…

 


Y sigue el congreso del estado con sus pifias. Son tantas que han perdido seriedad. A eso podemos atribuir que ignoren sus exhortos, como el llamado que hizo a Protección Civil, el pasado día 14, para que informara al pleno, del estado de los sistemas de alerta sísmica. El anterior director y ex diputado, Demetrio Bohórquez, los desdeñó olímpicamente.
Dejó el cargo y nunca atendió el llamado de los diputados.
Por cierto, la renuncia del director de Protección Civil permitió conocer el estado desastroso en que el “Gabinato” dejó una institución vital para atender los casos de emergencia como los que está padeciendo Oaxaca. Encontraron en bodega unos 300 radios que servirían como ampliación de la alerta sísmica en poblaciones alejadas. Deberían conectarlos a las antenas centrales pero no lo hicieron porque en el anterior gobierno no pagaron el servicio. Aunque los acoplaran no iban a funcionar. De este tamaño es la insensatez en torno a las políticas de protección civil. Hoy, ha entrado al relevo, Heliodoro Díaz, como director. Veremos su desempeño.
Después del niño ahogado, los diputados tocan el tema de lo que debería ser una supervisión puntual del nivel de las presas en la entidad. El juchiteco Samuel Gurrión Matías, pidió al pleno cameral un punto de acuerdo para exigir al sonorense Cesar Lagarda que, en su calidad de gerente regional de la Conagua, mantenga monitoreo permanente de las represas para prevenir alguna catástrofe.
Lo raro es que este diputado y el congreso en general, hacen este llamado, como se dice coloquialmente, después del niño ahogado. Es decir, después de la contingencia que vivió Huitzo, con el derrame inesperado de la presa del lugar. Al desbordar a media noche, hubo pérdida de cultivos, casas y calles inundadas y hasta hoy el poder legislativo reacciona. Del Ejecutivo, tampoco hay reacciones en torno al responsable de este desastre.
Algo peor, este diputado ni siquiera mencionó lo sucedido en la presa de Huitzo. Con su visión aldeana, solo pidió revisiones técnicas y operativas de la presa Benito Juárez, en Jalapa del Marqués. Es decir, sólo habló de la presa de su región. De las demás que hay en Oaxaca, ni se acordó.

Una tras otra
Para confirmar la cadena de desatinos del congreso, la diputada del Morena, María de Jesús Melgar Vázquez, no sé si con afán de notoriedad o recibió línea, en tribuna puso en duda la probidad del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IEAIP). Casualmente, esta es la única institución con calidad moral que ha señalado a los diputados como los más reacios a la transparencia.
La morenista Melgar, presidenta de la comisión instructora, antes de usar la otrora “más alta tribuna” del estado, ni siquiera leyó la página web del IEAIP donde está el informe pormenorizado del uso de los fondos que ha entregado la Unión Europea para impulsar labores en la DDHO, el Instituto de la Mujer y en el IEAIP. Debería enterarse doña María de Jesús, que para que el gasto riguroso de estos fondos internacionales, se sujete a las normas, vigila el italiano Mauro Galbarra, comisionado por la UE. Vale recomendar que compare la opacidad de los diputados con los esfuerzos de transparencia en el IEAIP.

El puente
En medio de la eventualidad que padece Oaxaca, entre sequías intensas seguidas por huracanes y terremotos, pocos medios reaccionaron en la caída del puente de Ixtaltepec.
El director del centro SCT, Javier Lazcano, alertaba sobre precauciones al cruzar dicho puente a la hora en que las redes daban cuenta de un puente totalmente ladeado. Esto habla de un funcionario irresponsable que, en momentos de emergencia, tiene el deber de ordenar revisión permanente de los puentes bajo su jurisdicción.
Por cierto, Lazcano, no ha puesto en su boca el espinoso señalamiento que le hacen en redes sociales. Dicen que está concesionando obras de la SCT a personajes del “Gabinato”, en especial a las constructoras que sigue regenteando Jorge Castillo.

Imperio de la ley
Desde que el perredista y hoy morenista, Alejandro Aparicio Santiago gobernó el municipio de Tlaxiaco y luego saltó a la diputación local por el mismo distrito, delincuentes de toda laya se han enseñoreado de esa población mixteca.
Señalado insistentemente en Tlaxiaco por “enriquecimiento inexplicable”, el señor Aparicio ha comentado entre sus allegados las amenazas de que ha sido objeto. Su seguridad personal es aparatosa pero aun así, su familia, ha sufrido atentados. Apenas el pasado día 8, su yerno Oscar Espinoza fue abatido por un grupo de hombres armados que tomaron por asalto su casa.
El clima de inseguridad derivado de la presencia innegable de delincuencia organizada en Tlaxiaco, desde que Aparicio llegó al poder, volvió a hacerse evidente el pasado día 20. Con la complicidad del síndico municipal, un tal Erick que ya está procesado, detuvieron al fiscal (antes MP) Alberto Mejía. Lo sorprendieron ebrio, durmiendo la mona, en un automóvil ajeno y lo acusaron de intentar robar el vehículo. Al siguiente día, unos individuos ligados a los grupos delincuenciales, incitaron a la masa para sacar al Fiscal de la cárcel municipal, lo golpearon, desnudaron y lo pasearon amarrado. Sin duda, una afrenta, no a Mejía, sino a su investidura de fiscal.
Quienes investigan el caso, encuentran que el Fiscal fue “entregado” (puesto, dicen en el argot policiaco) por la comandante de la AEI de nombre Teresa. A esta mujer la indagan por supuestas ligas delincuenciales. Los malhechores actuaron contra el fiscal con dos fines: encuentran que supuestamente protegía a otro grupo delincuencial y por eso lo agredieron. De paso lograron que los enviados del gobierno firmaran un acuerdo para quitar a todas las fuerzas del orden de Tlaxiaco y suplirlas por gentes de Tlaxiaco, afines a los mafiosos. En la contienda lograron el acuerdo que, obviamente, no validó la autoridad. Al día siguiente, el Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez, sopesó el tamaño de la afrenta contra la institución del Ministerio Público y procedió contra los incitadores del linchamiento. Están en la cárcel el principal azuzador identificado como El Taquero, el síndico municipal y van por tres más.
Vale creer al Fiscal General: “la justicia no se politizará”.

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