Lo que no funcionó

El 10 de agosto pasado, cuando en el congreso local ventilaron la necesidad de “cambio total” de lo que no funcionó en la llamada Auditoría Superior del Estado (ASE), se suscitó una ríspida discusión pública. Carlos Altamirano titular de esta dependencia “autónoma”, acusó a los diputados de “corruptos que se niegan a rendir cuentas”.
Al siguiente día, en su sesión para demoler lo que “no funcionó” en la ASE, el revire de los curulecos contra el auditor superior, fue degradante. Lo menos que le dijeron a éste fue corrupto e ineficiente. Es un auditor que “no sirve para nada” expresó el diputado petista Jesús Romero. Cómo estará la “cloaca” en que devino la ASE que el mismo diputado Carol Altamirano (PRD), sobrino del auditor superior, votó a favor de la propuesta de demoler lo que no sirvió.
La respuesta al dicho de Carlos Altamirano de que la ASE está maniatada por el congreso que legisló “a modo” para dar impunidad a los presidentes municipales que fungieron en los dos trienios del “Gabinato” y que robaron más de 4 mil millones de pesos, fue terminante.
El auditor alegó que pidió a los diputados con toda oportunidad autorización para denunciar penalmente a los ediles que desviaron multimillonarios recursos municipales. El congreso hizo mutis y los presidentes municipales no fueron sancionados.
Aunque fueron los de la anterior (LXII) legislatura los que protegieron a los alcaldes rateros, los diputados actuales lavaron su honra. Varios diputados fustigaron a Carlos Altamirano al negar tal señalamiento. “Para la ASE no hay ningún impedimento legal para revisar sus libros contables y proceder”. El diputado Romero fue directo: Carlos Altamirano se la pasa en declaraciones culpando de su ineficacia a los demás actores cuando él es el inútil.

Despedida

Pero como dicen que “a cada capillita se le llega su día”, el despido del auditor superior ha iniciado.
La convocatoria para que los profesionales de la administración pública participen en la designación del nuevo auditor superior y tres sub auditores, fue publicada ayer.
Dado que la discusión gira en torno a que la ASE no tiene facultades plenas para cazar a los funcionarios corruptos, todo indica que el congreso subsanará. Para empezar, la convocatoria dice que los auditores deberán probar su calidad moral y experiencia.
Para que no repitan la excusa del exauditor Carlos Altamirano de que “no tenemos personal, ni capacidad ni recursos”, ampliarán la estructura de los mandos.
Ahora se denominará Órgano Superior de Fiscalización del Estado. La integrarán un auditor en jefe y tres sub auditores que tendrán tareas específicas.
Además del titular, un sub auditor para la fiscalización de la cuenta pública estatal; otro estará a cargo de la fiscalización de las cuentas públicas municipales. El tercero será responsable de la planeación y normatividad. La intención es que cada uno tenga responsabilidad absoluta de su área.
Aunque persiste la suspicacia de que las normas de gobierno nadie las cumple, exigen requisitos rigurosos para los aspirantes que, al parecer, no serán impuestos por favoritismo o compromisos políticos. Si no lo hacen así, la nueva instancia de fiscalización tendrá el mismo destino de la ASE que termina en una nulidad. Vale recordar como cacareaba Benjamín Robles Montoya hoy senador y entonces cuasi vicegobernador de Gabino Cue, la ASE como “órgano autónomo” y casi panacea de todos los males de la corrupción.
Por lo pronto, de acuerdo a lo que dice la convocatoria y para no llevarnos otra decepción, hay que vigilar que los aspirantes cumplan con requisitos como los que se mencionan en la convocatoria:
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; no haber sido Secretario de la Administración Pública Estatal, Fiscal General del Estado o Fiscal Especial, Senador, Diputado Federal, Diputado Local, titular o en su caso, comisionado de algún órgano autónomo; dirigente, titular de las finanzas o administración de algún partido político.ni haber sido postulado para cargo de elección popular; todo lo anterior, al menos tres años previos al día de su nombramiento.
Lo que se ve con estas exigencias es la intención de que políticos oportunistas vuelvan a imponer auditor a modo.

P’a vergüenza

En la conformación de la nueva auditoría del estado, veremos dos cosas:
Primero, la decisión del gobernador del “cambio generacional”, de rescatar la dignidad de la política, como el mismo Alejandro Murat Hinojosa, lo ofreció al inicio de su administración.
Segundo, que nunca más ocurra lo de la “autónoma” ASE, ese engendro del “Gabinato” que con Carlos Altamirano a la cabeza y del brazo con los diputados de las anteriores legislaturas locales (LXI y LXII), sirvió para saquear impunemente recursos multimillonarios de los municipios y del estado.
Llegó a tal impudicia el saqueo de dinero público durante el (des)gobierno de Gabino Cué, que el mismo Carlos Altamirano, obligado por el alud de la crítica social, aceptó en noviembre del 2015 que, unos 300 presidentes municipales ladrones, se llevaron más de 4 mil millones de pesos, sin consecuencia alguna. Y como dicen que las ratas retozan en ausencia del gato (gobierno), al finalizar 2006 creció el número de alcaldes rateros y el dinero municipal desviado, casi se duplicó.

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