En Oaxaca, ya no es novedad que en menos de veinticuatro horas se cometan cinco o diez homicidios. Los asaltos están a la orden del día, tanto a negociaciones, bancos, tiendas de autoservicio, a transeúntes, etc. Sin embargo, el pasado lunes, al filo de las 6 de la mañana, una mujer, disfrazada de enfermera penetró hasta el área de cuneros del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, para sustraer a un bebé de dos días de nacido. De inmediato en encendieron las alertas y, gracias a una denuncia, las autoridades ubicaron a la víctima, en tanto sus familiares pasaban horas de angustia. Al filo de las 19 horas del mismo lunes, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el bebé había sido localizado, pero se reservaron la precisión, hasta en tanto se dieran a conocer los resultados de la prueba ADN que le practicó el Instituto de Estudios Periciales. Ayer, finalmente, el Fiscal General, Rubén Vasconcelos, lo entregó a su madre. Si bien es cierto que Oaxaca no se aparta del fenómeno de inseguridad que afecta a todo el país, lo cierto es que aquí tal parece que las autoridades han pecado de apatía e indolencia, pues no se observa por ningún lado que se apliquen programas que eviten la comisión de ilícitos.
Por ejemplo, el fin de semana pasado hubo al menos cinco ejecuciones. Dicho delito ya se ha hecho común, precisamente porque la mayoría de dichos casos queda en la impunidad. Recientemente el Fiscal General del Estado reconoció que hay tal escasez de presupuesto que los expedientes o carpetas de investigación tienen que ser elaboradas en computadoras rentadas, al igual que los servicios de impresión. Así, ¿cuándo se puede combatir el delito o lograr que los criminales paguen por los asesinatos que han cometido? Se sabe que no hay para gasolina ni para viáticos y, por tanto, ello constituye una limitante para proceder conforme lo dispone la ley, en el caso de criminales, tratantes de blancas o roba infantes. No se trata de un delito menor. Es un ilícito que se castiga con muchos años de prisión, pero en tanto no se vincule a proceso a los presuntos responsables, el caso bien puede quedar en la impunidad. El Congreso del Estado, que ya tiene en sus manos el presupuesto para 2018, no debe dejar en la indigencia a la instancia que procura justicia, pues ello puede derivar a que la ciudadanía quede en indefensión ante la comisión de crímenes, secuestros, extorsiones y hasta el robo de menores.

Rapiña y tragedia

La delincuencia organizada disfrazada de moto-taxis ha hecho de las suyas en Juchitán de Zaragoza. Sujetos armados en la Séptima Sección, al igual que los asaltos y robos vehículos que trasladan ayuda humanitaria, ha sido el pan de todos los días. El domingo 17 circuló en diversos medios de la región y, particularmente, en redes sociales, la queja de unas personas que llevaban medicinas y ropa, cuya unidad fue saqueada materialmente por un enjambre de moto-taxistas, que sin el menor recato, descargaron la unidad y arremetieron en contra de ella para saquearla. En situación similar se encuentran algunos funcionarios del ayuntamiento de dicha ciudad. La primera es Gloria Sánchez López, presidenta municipal, cuyos videos condicionando la ayuda a sus paisanos, han dado la vuelta a México y Oaxaca. Al mismo tenor que la coceísta, está su correligionario Óscar Cruz López, Secretario Municipal, quien fue descubierto guardando despensas que llegaron en una camioneta, en su domicilio particular. Desde luego que no son los únicos buitres que tratan de aprovecharse de la tragedia, lucrando con la ayuda que todo el pueblo de México ha aportado para los damnificados.
El uso de la tecnología moderna a través de tabletas y celulares, permite conocer los hechos en tiempo real. Los videos han circulado profusamente. Hay observadores que no han perdido detalle alguno desde que empezó la crisis y no sólo hacen circular fotografías de hechos bochornosos como el saqueo de los moto-taxistas, sino incluso actos de particular relevancia e inédita oportunidad, como el juchiteco que rescató la bandera de los escombros del palacio municipal derruido, para ponerla en una especie de asta y formar un hito en la historia moderna de México. Hay instituciones que han exigido a la Policía Federal, Estatal y Fuerzas Armadas, estar atentas ante hechos como los que mencionamos líneas antes. No es una buena noticia para quienes se han desprendido de poco o mucho de su propio peculio en un acto de solidaridad, saber que lo que aportaron termina en manos de consumados delincuentes. Si bien el objetivo de donar se ha cumplido, no hay mejor satisfacción que ver que lo que se ha aportado llega a los más necesitados. La Fiscalía General del Estado debe abrir alguna carpeta de investigación al respecto e ir por los saqueadores de la ayuda humanitaria. Esta situación no debe quedar impune.