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Opinión

Editorial

¿Operativos fallidos?

 

Desde agosto a la fecha se han dado hechos criminales preocupantes. Las víctimas suman decenas. Sólo para ejemplificar: en la población de Santiago Petapa, un grupo armado acribilló sin más a siete personas. Poco después en una comunidad cercana, Barrio de La Soledad, se dio un enfrentamiento entre bandas presuntamente dedicadas al robo de combustible. Trascendió que habrían sido cinco personas las asesinadas. No hubo más datos. Y nos referimos solamente a los hechos criminales que ocurren entre grupos que caminan al filo de la ley. El sábado 7 de septiembre, en la agencia municipal de San Andrés Hidalgo, perteneciente a Huautla de Jiménez, cuatro personas –incluyendo dos mujeres- fueron asesinadas, presuntamente por rencillas familiares o factores políticos. Este recuento de asesinatos parece haberse convertido en algo común en nuestro estado, cuando hace apenas unos años movía a todas las corporaciones policiales para dar con los responsables. Hoy se ve con frialdad. La existencia de armas modernas y de grueso calibre, es común en nuestras comunidades, así sean las más pobres del país. En Tuxtepec, Juchitán de Zaragoza y Matías Romero, en donde la muerte tienen permiso, ni se diga.
Lo que llama la atención es que la Secretaría de Seguridad Pública presume a menudo la realización de operativos policiales, con apoyo de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina/Armada de México. Se habla incluso del desplazamiento de una gran fuerza de tarea como mecanismo de prevención en la comisión de delitos. Por lo visto muy poco se ha logrado, pues los lugares focalizados como aquellos en donde más homicidios dolosos se cometen, sigue aportando su cuota de sangre cotidiana. Desde que la Guardia Nacional aún no desplegaba a sus elementos en el país y el estado, insistimos en que no se esperara mucho de una nueva corporación. Algo similar a lo que dijo recientemente el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo, en el sentido de que no se espere que las fuerzas federales van a realizar el trabajo de las policías estatales o locales. Es urgente pues fortalecer a nuestras corporaciones y evitar que el estado de fuerza se distraiga en otras cosas, más que en las tareas que tienen asignadas: otorgar seguridad a la ciudadanía.

 

Aplicar recursos

 

Al parecer se ha convertido en una institución deleznable, no aplicar los recursos que el gobierno federal canaliza para diversas tareas y programas en el estado. En el pasado se hablaba de sub-ejercicio en ciertas áreas de gobierno, como por ejemplo, algunas destinadas a apoyar el campo. Es una infamia que una entidad como la nuestra, con tantas carencias y limitaciones presupuestales, tenga que devolver dinero a la Federación, por torpeza de los servidores públicos. La semana pasada publicamos una nota respecto a la nula aplicación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que representa 245 millones de pesos que le fueron canalizados a Oaxaca y de los cuales, al corte del mes de mayo de 2019, no se había aplicado un solo peso. La fuente es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en torno a los mecanismos de Evaluación y Transparencia. La responsabilidad de aplicar dichos recursos recae en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP). Según se sabe, dichos recursos debe utilizarse en rubros como prevención social, desarrollo y certificación policial, infraestructura y equipamiento, sistema de justicia penal, ciencias forenses, sistema nacional de información y otros rubros más. Hay que recordar que uno de los vacíos que se ha hecho notorios en esta administración, son las labores de inteligencia.
Ha trascendido asimismo que el llamado Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg) no siempre es canalizado cumpliendo a la normatividad vigente. Es decir, falta orientación y supervisión del uso correcto en algunos municipios de la entidad. Lo más grave es que habiendo necesidades apremiantes para acotar el crecimiento en la inseguridad, los recursos no se utilicen. Sin duda alguna pues, las entidades y organismos públicos que supervisan y verifican el gasto, deben poner atención al respecto. No es un hecho menor dadas las medidas de austeridad republicana que ha instrumentado el Gobierno de la Cuarta Transformación, que obliga a aplicar hasta el último peso. Nuestra labor como medio de comunicación es investigar los hechos y hacer la denuncia correspondiente en nuestras páginas. Ojalá que ello contribuya a evitar que esos magros recursos que nos envía la Federación sean aplicados en donde se debe. Y en materia de seguridad es un verdadero crimen guardarlos con discrecionalidad.