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Opinión

Editorial

Reto a la autoridad

 

Ante la ilegalidad que prevalece en el transporte, con la circulación de miles de unidades piratas, la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la de Seguridad Pública (SSPO), han llevado a cabo operativos para asegurar dichas unidades y dar certidumbre a quienes han recibido sus concesiones. Esta situación ha generado brincos y sobresaltos entre aquellos que caminan al filo de la ley y cuyas respuestas han sido violentas. Hace un par de semanas, concesionarios y operadores de “Paraíso Juquileño”, irrumpieron en las oficinas de la Semovi, causando destrozos y agrediendo al personal. El móvil de esta conducta agresiva y violenta fue que varias unidades fueron aseguradas, precisamente porque estaban incumpliendo con las condiciones bajo las cuales les fueron otorgadas las concesiones, en este caso, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Y es que tienen la autorización de circular de terminal a terminal, pero los señores, haciendo competencia desleal, subían o bajaban pasaje en sitios intermedios. Ello generó protestas de parte de los concesionarios que están autorizados para ello, es decir, otras líneas locales.
El pasado martes, ante el aseguramiento de moto-taxis que prestan el servicio sin tener la documentación y autorización legal en Asunción Nochixtlán, los que se sintieron afectados también reaccionaron de manera violenta: retuvieron a elementos de la Policía Estatal, golpearon a los operadores de dos grúas e incendiaron éstas. Se trata de retos a las autoridades que no deben pasar en la impunidad, sino que deben tener una respuesta enérgica. No es posible que cualquier intento de las dependencias responsables por meter orden en este sector tan anárquico, siempre tenga como resultado acciones como las que describimos arriba. La titular de la Semovi, Mariana Nasar, ha dicho que pueden ser suspendidas las concesiones y la dependencia dictar medidas punitivas para acotar conductas como dichas acciones violentas. Hace días, las redes sociales se dieron vuelo para difundir un video en el cual se ve a taxistas de unidades pintadas de azul tundir a uno de sus compañeros, operador de un taxi amarillo. La respuesta no vino de la autoridad, sino de la sociedad civil. En las mismas “benditas” redes, se difundió la propuesta de no utilizar el servicio de los taxis azules, por las acciones violentas que se vieron en el video.

 

Buenos propósitos, pero…

Ante la cadena de asaltos y robos a cuenta-habientes que han ocurrido en los últimos meses, el gobierno de la capital oaxaqueña ha reiterado su disposición a que la ciudadanía, que vaya a retirar o depositar dinero a los bancos, pueda contar con el apoyo de elementos de la Policía Municipal. Sin duda, se trata de un propósito loable y digno de reconocimiento. Sin embargo, no es algo sencillo, si partimos de la premisa de que la corporación ni tiene los elementos suficientes para garantizar la seguridad en la capital, agencias y colonias, ni tampoco cuenta con los instrumentos necesarios para una empresa de tal envergadura. En términos llanos: los escasos elementos policiales son insuficientes para cubrir una tarea adicional como es proteger a quienes acuden a los bancos a retirar o depositar fuertes sumas. Existe además un factor que no puede ser soslayado: la poca confianza que existe hacia las corporaciones policiales. Más allá de la descalificación superficial que puedan hacerse en las redes sociales, lo cierto es que en la conciencia colectiva, los policías –e incluso las propias Fuerzas Armadas- son parte sustancial en la inseguridad que vive el país y el estado. Para ejemplificar: Hace al menos tres días se difundió en los medios impresos y electrónicos, la detención de elementos de la Secretaría de Marina/Armada de México y empleados de Petróleos Mexicanos, robando gasolina de la Refinería de Salina Cruz.
En lo que se refiere a la buena disposición del gobierno municipal, es importante subrayar que la inseguridad ha crecido sin precedentes, justamente por la escasa vigilancia de la Policía local. Vecinos de algunas agencias, como Donají por ejemplo, reportan que sólo una patrulla hace rondines por dicha demarcación, haciendo a la ciudadanía muy vulnerable a caer en manos de la delincuencia que, todo mundo lo sabe, anda desatada. Como en el caso de la agencia citada hay varias que padecen esa falta de vigilancia a través de rondines. Cuestión de imaginarse si los efectivos de la Policía Municipal atienden a los cuenta-habientes. Uno de los capítulos que se ha dejado en suspenso por parte de las autoridades ministeriales es la posible colusión entre empleados y funcionarios bancarios con la delincuencia. Una pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo saben los delincuentes quién lleva o no dinero, que sus objetivos son siempre precisos y van sobre seguro?