A la baja

Los bonos políticos que acumuló el senador morenista Salomón Jara por su cercanía a López Obrador de quien fue eficaz operador de su larguísima campaña, se están diluyendo, paradójicamente, cuando su mecenas llega a la presidencia.

Su ambición por convertirse en el eje de todas las decisiones de su partido, el Morena, en Oaxaca, junto con su excesiva avidez de preponderancia, lo llevan cuesta abajo en su carrera política que, parecía inminente.

Primero, la pifia que cometió al no votar por la reforma de la reforma educativa. Su temor a las facciones más belicosas del cartel 22 lo llevó a desdeñar el nacimiento de la creatura más esperada de AMLO. Abandono la sesión del Senado y al retornar ya lo habían bajado de la comisión permanente.

Su pifia complicó la aprobación de la nueva ley que se tuvo que regresar a la Cámara baja. Los cálculos de Jara eran no causar la más leve rabieta a los de la facción más belicosa del cartel 22. Podrían retirarle -según él- su apoyo en su pretensión de ser candidato a gobernador. El tiro le salió por la culata. El que se enojó fue el presidente AMLO.

Segundo, desde la conformación de las candidaturas de las planillas municipales, sus intrigas para imponer a casi todos lograron su objetivo. Jara palomeó nombres de la mayoría de los candidatos a presidente en los municipios más importantes. Siempre pensando en el financiamiento de su campaña a gobernador que, por lo visto, se le fue de las manos.

Ganaron sus recomendados, pero resultaron tan malandrines que, según me dicen, su rapacidad tiene desconcertado el propio presidente AMLO. Además de inoperantes en el poder han matado, prácticamente, la principal bandera de AMLO: el combate a la corrupción. Así está la actuación de los alcaldes de Juchitán, Salina Cruz, Matías Romero, Tehuantepec, Pochutla, Oaxaca de Juárez, entre otros.

En Tuxepec perdió la elección Karina Barón a quien impuso Salomón pese a su pésima reputación. Igual pasó en Loma Bonita donde Morena perdió abrumadoramente. Estos excesos de avasallamiento político han socavado el futuro que calculaba el senador de marras.

También en la cámara
Más tarde que temprano y si el presidente López Obrador es congruente con sus anuncios de que el combate a la corrupción va en serio, tendrá que salir a flote el desaseo con que manejan los casi mil millones de pesos que es el presupuesto del Congreso local, cada año. En su información pública ni siquiera está claro cuál es la cantidad de dinero público que administra.

En la cámara nada se paga, nada se aprueba ni se dice sin la aprobación de la diputada Laura Estrada Mauro quien primero tiene que acordar con su titiritero Salomón de quien recibe instrucciones directas.

El manejo unipersonal del llamado poder legislativo, ha provocado profunda división entre los diputados morenistas que se han dividido en tres facciones. La que maneja Salomón a través de la señora Estrada, tiene la mayoría de diputados, pero hay otros dos grupos que encabezan Othón Cuevas y Ericel Gómez. Éstos dos insisten en acotar los intentos de dominación absoluta de Jara cuyos abusos están dejando minado el congreso local donde, llegado el momento, pueden detonar el proyecto Salomón al gobierno.

Pura grilla
Ubicados en el Congreso local, debo decir que no pocos advierten que la bancada mayoritaria del Morena anda más en la politiquería que en su responsabilidad primordial que es hacer leyes por lo que ahora andan en un entramado muy delicado.

Desde agosto del 2001 juristas de “Litigio Estratégico”, han pedido a los diputados que aprueben una ley de Consulta Indígena. Se trata de una legislación para un estado con población indígena calculada en más del 50 por ciento. Han ignorado todas las gestiones.

Ahora, un tribunal colegiado federal ha emplazado a estos diputados crear la Ley de Consulta Previa en materia indígena antes de que concluya el segundo periodo de sesiones, con el fin de reparar una omisión legislativa desde hace 18 años.

No se trata de un aviso cualquiera. La advertencia del Poder Judicial federal dice que, en caso de no hacerlo, los legisladores locales de la 64 Legislatura del Congreso del Estado pueden ser destituidos y ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

La sentencia fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula, Puebla en la sesión celebrada el cuatro de abril de 2019 en el amparo en revisión administrativa R-496/2018.

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