Ante los efectos del cambio climático y la necesidad de alentar y promover las energías limpias, es necesario que la actual administración genere las mejores condiciones técnicas, económicas de mercado y regulatorias para el sector de las energías limpias.
Nunca como ahora, se necesita promover la integración de empresas locales y regionales a la cadena del valor de la industria energética nacional e internacional, mediante programas y proyectos de capacitación, vinculación de proveedoras e intercambio de experiencias en el sector energético.
Oaxaca cuenta con un amplio potencial en recursos y excelente posición geográfica, lo que le permite ser destino atractivo para el desarrollo de proyectos de comercialización, logística y expendio de hidrocarburos. Lo anterior, debido al gran potencial en materia eólica que puede alcanzar factores de planta de entre el 50 y 60 por ciento, que son los indicadores más altos que se observan a nivel internacional, además que cuenta con un promedio de radiación solar diaria de 5.6 kilowatts hora por metro cuadrado.
Si bien Oaxaca es líder en materia de energía eólica, toda vez que produce el 90 por ciento de energía limpia en el país, lo cual convierte a la entidad en un referente en la transformación energética de México y del continente, con un enorme potencial de crecimiento a corto y mediano plazo, aún falta mucho por hacer y aprovechar el potencial de la naturaleza para contribuir a nuestra seguridad y autonomía energética.
Es indudable que se debe perseguir el objetivo común de innovar para proteger nuestro hábitat y avanzar con gran responsabilidad ambiental en el proceso de transición energética mundial. Además de profundizar en el conocimiento de la generación de energía a partir de nuevas y mejores fuentes, como la eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica y los biocombustibles.
Ante los efectos que está causando el cambio climático y la importancia que tiene la generación de energías limpias que no contaminen, se deben revisar ampliamente los desafíos de las energías renovables en las economías emergentes, la inversión en materia de energía eólica, el desarrollo de parques eólicos, así como la legislación y beneficio social de las energías eólicas en el Istmo de Tehuantepec, entre otros, para que los beneficios sean para todos.

Seguimos estancados

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en Oaxaca, la pobreza sigue campeando porque no se ha logrado alentar un desarrollo económico sostenido que ayude a generar inversiones y fuentes de empleo permanentes y bien remuneradas.
Cuando los especialistas sostienen que en México no tenemos un proyecto de largo plazo y en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no hay metas cuantitativas y un país que quiere comprometerse en el mediano plazo saca estos objetivos, para ir supervisando por cuál camino vamos, hay que preocuparse seriamente.
Ante escenarios tan adversos, hoy es necesario centrarnos en al menos tres aspectos esenciales: la educación, tecnología y Estado de derecho. De ahí que uno de los grandes retos que tenemos es no estar discutiendo lo que deberíamos abordar como las tres palancas para el crecimiento.
Ya no es sorpresa para nadie la incapacidad histórica del gobierno mexicano para resolver integralmente los problemas estructurales del país; sin embargo, esta incapacidad se ha traducido en la creación de desequilibrios fiscales y económicos en general, que han desembocado en crisis que han atentado contra el bienestar de la sociedad en su conjunto.
La historia de la deuda pública en México, al igual que en la mayor parte de los países de América Latina es una historia de dispendio e irresponsabilidad por parte de los gobernantes en turno de cada país. En nuestro país se han vivido dos crisis económicas en la segunda mitad del siglo pasado, las iniciadas en 1982 y 1994 cuyos fatídicos resultados pusieron de relieve la importancia de la deuda pública como una variable fundamental que nos permitiría explicarnos las graves y duraderas consecuencias para el desarrollo económico de México.
Aunado a ello, las fallas en las políticas públicas y en la estrategia económica por parte de las autoridades son las principales causas de que el número de pobres en México haya pasado de 52.8 millones de personas a 53.3 millones en los últimos años. No hay un proyecto macroeconómico de mediano y largo plazos que dé confianza a las empresas para invertir; además, los mercados son poco flexibles y la estrategia en materia laboral no contempla la incorporación de ese sector.