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Opinión

Editorial

¿Órganos autónomos?

 

Uno de los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña es que algunos de los llamados órganos autónomos se han convertido en rehenes de partidos políticos, dirigentes y legisladores (as). Un ejemplo es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Pero hay otros más, como es el caso de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Para ejemplificar tenemos un hecho reciente. Hace poco más de una semana la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la LXIII Legislatura del Estado, publicó la convocatoria en la que se hace un llamado a aquellos que deseen ser miembros ciudadanos de dicho órgano autónomo. Dicha convocatoria se emitió con celeridad y sin tener la validez que le da el pleno cameral. No obstante, ha trascendido que los partidos mayoritarios en el legislativo: PRI, PAN, PRD y MORENA, ya tienen a sus “gallos”. Salvo al PRD que le corresponden dos consejeros de los cinco, al resto le toca uno. La pregunta es: ¿tiene sentido lanzar una convocatoria cuando ya de antemano se sabe el resultado, pues a aquellos que no tengan el respaldo de ciertos partidos, simple y sencillamente los “batearán”.

La ciudadanía y la sociedad civil deben impulsar reformas ciudadanas para que dichos órganos no pierdan su esencia. Se trata de instituciones que, por su misma naturaleza, deben estar más allá del puro interés partidista. No hay certidumbre en aquellas instituciones que son rehenes de partidos, organizaciones o grupos. El caso de la Defensoría es emblemático. He ahí la parcialidad con la que el titular actúa ante situaciones que deben ser tomadas con seriedad y desde el punto de vista de un órgano que se presume de buena fe, que sólo emite recomendaciones. Los y las legisladoras deben actuar conforme lo disponen los reglamentos internos y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No deben apartarse de la norma, habida cuenta de que son ellos quienes aprueban o derogan leyes. Aprovechar la posición legislativa para meter a familiares o incondicionales no sólo falta a la ética sino que representa además, una burla para el pueblo oaxaqueño. Es menester exigirle a nuestros representantes populares sacar las manos de la designación de los miembros de los llamados órganos autónomo, por salud de nuestra incipiente democracia. Llevar sobre sus espaldas el pesado fardo de la duda es aberrante.

¿Diálogo o la ley a secas?

Ya son comunes en nuestra endeble gobernabilidad, los enfrentamientos entre comunidades que libran añejos conflictos agrarios. En los días de Semana Santa se suscitó un nuevo conato de violencia entre las comunidades de San Vicente Coatlán y su vecino Sola de Vega, al parecer la comunidad denominada San José Obrero. No es la primera vez que ocurre este tipo de conatos violentos, no obstante la apertura del gobierno estatal, vía la Secretaría General de Gobierno, para alentar el diálogo y la conciliación. En diciembre de 2016, hubo varios muertos, en el paraje denominado “Paso Ancho”, en donde gobiernos anteriores pretendían construir una presa y canalizar el agua ahí retenida hacia la ciudad de Oaxaca y el área conurbada, a través de un acueducto de más de 80 kilómetros. El mega-proyecto hidráulico fracasó. Uno de los factores fue, justamente, la inestabilidad de la zona y los conflictos agrarios entre las comunidades señaladas. Éste, por supuesto, no es el único dolor de cabeza para el gobierno de Alejandro Murat. Hay en el estado al menos 30 conflictos agrarios considerados de alto riesgo. Uno de ellos es el que mantienen desde hace décadas, San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama.

Cuando hablamos de dicho tema, parece que se hieren susceptibilidades. Por ejemplo, cuando señalamos que uno de los principales instigadores de la violencia en la zona era el dirigente estatal de “Antorcha Campesina”, un el aludido, acompañado de algunos de sus leales, llegó hasta las instalaciones de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, en plan intimidatorio, negando por supuesto la especie. Otro caso es el de la organización denominada COMUNA, que encabeza ese pájaro de cuenta conocido como Flavio Sosa Villavicencio. El conflicto que libran entre sí las comunidades de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, no se explica sin la influencia nociva de este personaje, conocido por ser un instigador, incendiario y acomodaticio. He ahí el por qué la solución de los problemas agrarios debe darse sin intermediarios. Hace un par de semanas o un poco más, el mismo ejecutivo estatal fue a la zona huave para designar una comisión que se encargue de darle seguimiento al conflicto añejo que libran San Mateo y Santa María del Mar. Los vecinos de ésta última sólo pueden salir y entrar a su comunidad por más, ya que sus vecinos de San Mateo, por viejos agravios, simplemente les cerraron el paso.