Ya es común en nuestro medio oaxaqueño, escuchar que tal grupo, maestros, indígenas u otros, gozan de medidas cautelares. Y es que desde el 2006 se multiplicaron en nuestro estado las comisiones u organismos que dicen defender los derechos humanos, pero también la tendencia a la victimización, cuyo mejor exponente es el magisterio. Cualquier incidente menor de autoridad, los quejosos van ante los organismos defensores de las garantías individuales y sin investigación alguna, éste les otorga las famosas medidas cautelares. Es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ante la menor provocación emite dichas medidas a veces sin trabajo previo de sus visitadores, lo cual hace que a menudo no hagan lo adecuado, como es el caso de los indígenas triquis que se dicen desplazados y que, con dicho argumento, han ido y venido, convirtiéndose hoy en día en un verdadero lastre de vividores y delincuentes. Nadie ignora que uno de los usos y costumbres de dicha etnia es la trata de personas y que algunos de los que dicen contar con las citadas medidas cautelares, tienen abiertas carpetas de investigación por dicho ilícito.

Desde hace al menos un par de meses, la lideresa de un grupo, Lorena Merino, que sólo tiene cuatro indígenas cautelados, se ha convertido en un serio dolor de cabeza para la administración del gobernador Alejandro Murat, pues no sólo penetra de manera violenta en las oficinas de Ciudad Administrativa, agrediendo a empleados y empleadas, que cierra los accesos al palacio de gobierno; lo mismo se declara en una ficticia huelga de hambre que exige a golpes y sombrerazos, que la Secretaría General de Gobierno les adquiera 40 lotes y les construya viviendas, con un costo aproximado de 40 millones de pesos, ya que éstas incluyen un sitio privilegiado para vivir, además de iglesia, parque y otros. No se trata de vivir en cualquier parte. Sin embargo, lo que sus protectores de la CIDH o la CNDH desconocen es que se hace acompañar de tres sujetos que están indiciados precisamente por trata de menores. He ahí el por qué insistimos que el gobierno del estado, a través de sus instancias correspondientes, deben verificar en las mismas oficinas de los organismos citados, los alcances y los límites de las referidas medidas cautelares. No se trata de tomar éstas como escudo o coto de poder para poder hacer lo que les plazca en un lugar que se presume, camina hacia un Estado de Derecho.

La presión externa

La semana anterior, en un arrebato de ira, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, exigió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, frenar la caravana humanitaria que desde hace una década recorre el territorio nacional, con el nombre de: “Viacrucis del Migrante”. La advertencia era que México no podía permitir más el paso libre por su territorio de indocumentados provenientes de Centro y Sudamérica, para que con toda tranquilidad se introdujeran a los Estados Unidos. Como amenaza para evitar esta situación, el presidente norteamericano ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en toda la frontera con México. Lo anterior motivó reclamos diplomáticos por parte del Canciller Luis Videgaray y de la Secretaría de Gobernación, a través de su titular, Alfonso Navarrete Prida, responsable de la política migratoria del país. Se trató, desde luego, de una acción intimidatoria, arbitraria y visceral de parte de Trump, que deja en entredicho la política de la buena vecindad que, como todo mundo sabe, se ha deteriorado notablemente en el último año. Gracias a la postura ecuánime de los hondureños y centroamericanos que formaban parte de la citada caravana, la misma se dispersó, quedando sólo algunas familias en albergues de Matías Romero y otros que siguieron su marcha hacia el centro del país.

Es importante subrayar que la presión de los Estados Unidos va más allá. Insisten en que de no poner México alguna medida de restricción a la migración masiva que pasa por nuestro territorio nacional y se interna en la Unión Americana, ello podría tener repercusiones en las conversaciones en torno al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Si bien es cierto que el fenómeno migratorio es mundial y no privativo de México, lo es también que aquí sólo se ha visto desde la perspectiva humanitaria. Hay quienes, como el padre Alejandro Solalinde, lo ven como una obligación de nuestro gobierno atender a los migrantes e indocumentados que vienen de otros países. Es importante subrayar que dicho fenómeno ha significado en México también un serio asunto de seguridad nacional. Los cárteles criminales han visto en los ilegales una veta de oro para explotar, ya sea como sicarios o las mujeres, para la trata. Dicha situación se podría remediar si el gobierno pusiera algunas medidas de restricción para frenar el flujo constante de personas por la porosa frontera sur. Es obvio que no sólo se trata de un asunto humanitario, sino algo más.