México necesita un Estado que trabaje para los muchos y no para los pocos, en donde se gaste con sentido en educación, salud y servicios básicos y que impulse políticas para que las personas no trabajen para seguir siendo pobres. En las últimas dos décadas, los ingresos del país han aumentado mientras las tasas de pobreza continúan estancadas y los millonarios se han hecho con fortunas más generosas.
En el país, 46.5 por ciento de la población vive en pobreza, mientras que 1 por ciento de los mexicanos acumula 21 por ciento de la riqueza del país y las fortunas mexicanas más prominentes se han concentrado en 16 personas que han visto crecer sus ingresos de la mano de negocios privados concesionados o regulados por el gobierno mexicano. Mientras que en el otro extremo están 53.3 millones de mexicanos que viven en pobreza, de los cuales 23 millones no pueden comprar la canasta básica aunque reciban el salario mínimo.

Hoy se habla sobre cuatro problemas básicos que impiden que este sector de la población adquiera más beneficios de sus ingresos: la precariedad del salario mínimo, la marginación a la población indígena, la brecha entre la educación pública y privada y el incremento de la violencia.
El salario mínimo en México es de 88 pesos, su valor se encuentra por debajo de la línea de bienestar y el poder de compra con ese ingreso ha disminuido drásticamente en los últimos 30 años.

La educación pública se imparte en escuelas que no cuentan con los servicios básicos de agua y electricidad, y donde 80 por ciento de los estudiantes no tiene acceso a internet. Por ello, se ha recomendado al gobierno recuperar políticas públicas para atender las necesidades básicas de la población, así como una política fiscal más agresiva con los sectores más ricos.

La posibilidad de reducir la desigualdad no se encuentra en hacer que todos los mexicanos ganemos lo mismo, sino en impedir que la brecha económica entre el más pobre y el más rico se haga más profunda. Hoy,el 10 por ciento más rico de la población gana 23 veces más que el 10 por ciento más pobre. Lo anterior, aunque represente una mejora, aún refleja un nivel inaceptable de desigualdad.

Ante ello, se plantea al Estado en su obligación, facultades y recursos para mejorar las condiciones de bienestar de la población en pobreza, a fin de mitigar la desigualdad, pues a pesar de los cuantiosos recursos públicos invertidos durante décadas, persiste el gran desafío nacional de consolidar sistemas públicos de seguridad social, salud y educación con cobertura universal y de calidad.

Enfrentar al estiaje

Garantizar el abasto de agua a la capital del estado y la zona conurbada, enfrenta serios y graves problema, como el abatimiento de los niveles freáticos, la presencia de fierro y manganeso y la contaminación bacteriológica. Así como el deterioro de la infraestructura hidráulica, el crecimiento anárquico y el mal estado de la red que complica sensiblemente la distribución.

Todo ello, a pesar de que se trabaja en la protección de las fuentes naturales, la restauración y mejoramiento de la red de agua potable, la captación de agua de lluvia, el ahorro y uso racional del agua en la ciudad. El acuífero de Valles Centrales está conformado por 11 municipios, incluyendo Oaxaca de Juárez y la mayor parte de este acuífero es para uso agrícola en aproximadamente 70 por ciento.
El distrito centro al que pertenece la capital depende en mayor medida de la extracción de agua de pozos y se ha advertido que se está sacando más agua del acuífero de la que entra, mientras que la red de la ciudad es muy vieja y tiene fugas.

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) registra un déficit financiero y enfrenta el reto de garantizar la dotación del vital líquido a 300 colonias de la capital del estado y algunas zonas de 11 municipios conurbados.
Para lograrlo necesita mil 500 litros de agua por segundo y la constante como permanente rehabilitación de las líneas de distribución, así como mantenimiento oportuno de las tuberías para hacer frente a la temporada de estiaje, pues en este periodo la disponibilidad del agua disminuye entre 50 y 60 por ciento.

Ante ese desabasto, hay propuestas para conservar la cordillera porque es una forma de recargar el acuífero, al margen de que se trabaje en la captación de agua de lluvia, la construcción de represas filtrantes en la zona norte para recargar el manto freático, reforestar y promover una cultura del agua.

Ante la severa contaminación del río San Felipe, originada por un drenaje seriamente dañado, los habitantes reclaman la inmediata intervención de las autoridades, antes de que sea demasiado tarde.
Ante la ausencia de resultados para garantizar el abasto de agua a los capitalinos, se deben exigir cuentas sobre el llamado programa MAS Oaxaca (Mantenimiento, Agua y Saneamiento) en 18 ciudades y la zona metropolitana de Oaxaca, realizado en el sexenio pasado. Un programa de rehabilitación, mejoramiento de infraestructura, capacitación y fortalecimiento de los organismos operadores para resolver el problema de distribución del que poco o nada se sabe.