En lo poco más de quince meses de la actual administración se han dado en Oaxaca, cerca de 150 feminicidios. Algunos, como el de la joven de 19 años que fue apuñalada justamente el 8 de marzo, cuando se celebraba el Día Internacional de la Mujer, tuvieron una rápida respuesta de las autoridades, pero existen cerca de 400 o más, en los cuales los autores materiales gozan de cabal salud. En efecto, uno de los capítulos más aberrantes de esa cadena de homicidios ha sido la impunidad. Se desconoce el por qué dichos ilícitos no han sido investigados y el área correspondiente, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), dado con los responsable. El asunto de feminicidios que tiene cinco años o más, durante los cuales, las madres de las víctimas han ido del tingo al tango sin encontrar eco a sus demandas, parecen haber entrado en una fase de olvido o abandono. Es impresionante que de los cientos de casos documentados, sólo se haya esclarecido si acaso el 5 o 10%.

Y en algunos casos, cuando han sido detenidos los presuntos responsables, por una u otro motivo, son liberados. En principio porque las carpetas de investigación son hechas de manera superficial o porque el sistema judicial ha sido demasiado benévolo con dichos indiciados.

De los casos que hemos mencionado, sólo uno ha sido exitoso en términos de acción penal severa en contra del principal responsable. Pero de ahí para adelante, las madres de las víctimas siguen pidiendo justicia. No obstante, sus quejas y demandas son lanzadas el vacío. Hay quejas de que en la misma AEI existen complicidades con los indiciados para no detenerlos y consignarlos ante el juez que los reclama. Una madre de familia que logró la detención del responsable del asesinato de su hija, cosida materialmente a puñaladas por su pareja sentimental, tuvo que perseguirlo por todo el país, hasta que logró localizarlo en Baja California, de donde fue trasladado a la capital oaxaqueña. Existen casos en los que la misma familia de las mujeres sacrificadas ha sido quien ha “puesto” materialmente a los presuntos homicidas en manos de los elementos de la AEI. Hay que reconocer que la capacidad de investigación ha quedado en el pasado. No hay más que complicidades y negocios entre los agentes que, se presume, tienen a su cargo la investigación de los ilícitos. He ahí el trasfondo de esta realidad tan cruda y del creciente catálogo de feminicidios sin resolver.

Y los demás corruptos, ¿cuándo?

Han pasado ya 15 meses de la gestión de Alejandro Murat Hinojosa al frente del gobierno del estado y nada se sabe aún de que se le hayan fincado responsabilidades penales al ex gobernador Gabino Cué Monteagudo. La responsabilidad por el presunto quebranto de cerca de 30 mil millones de pesos al erario estatal, se ha querido maquillar con el llamado “juicio político”, que en su momento echó andar la diputada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), María de Jesús Melgar. Tal parece que con dicha figura, que en su momento presentó a la anterior legislatura el senador Benjamín Robles, uno de los principales operadores del régimen de Cué, durante los tres primeros años de su gestión, se pretende atenuar la virtual responsabilidad penal del ex gobernador. Para muchos oaxaqueños se ha actuado con dilación, dejando entrever que no hay voluntad política para aplicar la ley. Los casos de los ex gobernadores, Javier Duarte de Ochoa en Veracruz; de Roberto Borge Angulo de Quintana Roo y de César Duarte Jáquez de Chihuahua, han sido emblemáticos en la cadena de corrupción que ha afectado al país y a los mexicanos. Precisamente por ello los dos primeros están en prisión, salvo el tercero que está prófugo. Pero a Cué parece que no pasarle nada.

Hay cuatro ex Secretarios que están bajo proceso: Germán Tenorio de la Secretaría de Salud; Enrique Arnaud Viñas de Finanzas y Carlos Alberto Moreno Alcántara de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) y otro en prisión domiciliaria. Sin embargo, todos ellos rendían cuentas ante el ejecutivo o, al menos, frente a uno de sus ministros sin cartera: Jorge Castillo. Pese a todo, aquellos que los implica, nada se ha hecho para detenerlos y consignarlos ante la autoridad judicial. El gobernador del estado es el responsable por mandato de ley de todo lo que ocurra en su territorio. Fingir demencia o desconocimiento de lo que ocurre entre el equipo de gobierno es un argumento falaz que a nadie convence. La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como la Fiscalía Anticorrupción, más que hacer declaraciones constantes e imprudentes, deben proceder en consecuencia y no maquillar las cuestiones legales con circos mediáticos. El insistente manejo del famoso juicio político huele mal. Tal parece que se trata de una acción amañada y perversa para evitar que el aludido responda ante la justicia.