Luego de varias semanas de haber iniciado las precampañas a la presidencia de la República, por parte de partidos y coaliciones, lo único que los ciudadanos hemos recibido es una dosis de descalificaciones, denuestos y ataques entre los contendientes. Se ha animado el morbo entre los futuros votantes y se han creado falsas expectativas. Hace unos días, en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México, un mitin de la candidata al Gobierno de la capital del país, por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), devino un enfrentamiento entre grupos afines y adversarios, con un saldo de varios heridos. En el caso de Oaxaca y no obstante la falta de definición que existe para cuajar las coaliciones, los partidos políticos gastarán más de 186 millones de pesos en sus campañas de proselitismo, lo cual hace aparecer a nuestra incipiente democracia como algo sumamente oneroso. He ahí el por qué algunos grupos civiles han hecho llamados a las autoridades para que partidos, coaliciones y contendientes suscriban un pacto de civilidad y tolerancia. Que se respete al órgano electoral que validará los resultados, pues no es propio de los sistemas democráticos como el que pretendemos ser, iniciar una precampaña descalificando al árbitro.

En Oaxaca –y eso lo sabemos todos- la cuestión política se vive con intensidad y hasta con obsesión. En las elecciones municipales de años anteriores, se han dado hasta enfrentamientos mortales. Sería muy grave para la situación de polarización política que hemos vivido desde el 2006, que vengan candidatos con discursos incendiarios a animar más el encono y la animadversión. Los mensajes que llamen a la violencia deben ser denunciados en su oportunidad. No es fortuita la preocupación ciudadana acotada como siempre por maestros, organizaciones sociales y grupos, que los ánimos se desborden y vivamos nuevos episodios de violencia y desestabilización. Nada dañaría hoy más nuestro ya fracturado tejido social que sumergirnos en un proceso electoral, en donde la descalificación y la calumnia, y no las propuesta serias y maduras ganen terreno. Oaxaca, y mucho hemos insistido en el tema, merece otro destino. No más asonadas o escenarios populistas de violencia. Que las elecciones de julio sean para pavimentar los caminos de la reconciliación y la paz social. Para ello, partidos y órgano electoral deben pactar con diálogo y tolerancia.

Escenarios de riesgo

El 2018 inició con golpes severos a la ciudadanía. El incremento en los precios de la canasta básica, así como en el de las gasolinas no es cuestión menor. Representa una afrenta a la ciudadanía, pero sobre todo a los más pobres. Si bien es cierto que en Oaxaca no se han dado escenarios como en el Estado de México o Hidalgo, en donde hubo saqueos de tiendas de conveniencia o centros comerciales, es porque aún se ha actuado con civilidad. No hay que olvidar que detrás de algunos candidatos a la presidencia del país hay equipos de radicales dispuestos a demoler a las instituciones y en franco reto al Estado de Derecho, alentar la violencia y la ingobernabilidad. En nuestra entidad la situación es aún más complicada, habida cuenta de que seguimos en el honroso papel de ser una de las entidades más pobres del país e incluso, en donde se ubican algunas de las comunidades destacadas en las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), como las de pobreza extrema. Hay familias que viven con 20 pesos al día, tejiendo petates o sombreros; hay hambre y miseria hasta donde no han llegado las bondades de la “Cruzada Nacional contra el Hambre”, o el litro de leche gratuita.

Existe, por otra parte, una gran inconformidad social que, sin duda alguna, será bien aprovechada por quienes abanderen las causas populares en tiempos de elecciones. Lo hemos visto a lo largo de los últimos años: vividores que toman la bandera de la igualdad y de rechazo a los desequilibrios sociales, para llevar agua a su molino populista. No hay que olvidar que el tema de los programas sociales recién apareció con la administración de Alejandro Murat, pues durante todo el sexenio pasado, los pobres y más pobres del estado jamás fueron atendidos. Hasta el gobierno de Ulises Ruiz concluyeron algunos para abatir rezagos sociales como aquel programa denominado “Piso firme”; apoyos a adultos mayores y a la población discapacitada. El actual régimen debe retomar algunos que en el pasado fueron exitosos, como “Las Caravanas de la Salud” o las “Unidades Móviles para el Desarrollo”, que con un carácter incluyente contribuyeron a alentar la confianza de los ciudadanos en el gobierno y que, no tuvieron continuidad. El tema de la pobreza no debe dejarse al arbitrio del tiempo o las circunstancias. No es un asunto coyuntural o de moda, sino un compromiso con los que menos tienen.