José Martínez una víctima más de ingobernabilidad en CDMX

• Difícil entender en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
• Democracia mexicana llega a mayoría de edad

Desde hace más de un año en este espacio, hemos destacado la falta de acción e ineficiencia en materia de combate a la inseguridad, por parte de Miguel Ángel Mancera y su equipo de seguridad en la Ciudad de México. Desatinadas declaraciones del Jefe de Gobierno, evidenciaron su incapacidad en la materia. Primero señalando que era una mala percepción ciudadana; en los casos de asalto a usuarios de la Banca, invariablemente han querido responsabilizar a las instituciones y sus trabajadores, que si bien sí se ha demostrado la complicidad, no elude la responsabilidad de la autoridad.

El viernes pasado, José Martínez, editor del Periódico “El Universal”, fue una víctima más de la delincuencia organizada en la Ciudad de México, sumándose a las denuncias por secuestro, robo con violencia, robó a casa habitación, y un sin fin de modalidades delictivas que día a día se incrementan en la capital de la República, mientras las autoridades federales hacen como que no ven, y dejan operar a distintos grupos de la delincuencia organizada que se pelean la plaza ante la debilidad de las autoridades.

Así como en muchas ciudades del país hay la colaboración del Ejército, la Marina, y la Policía Federal, para combatir a la delincuencia organizada, en la Ciudad de México no se observa la mínima coordinación para combatir la situación que ya rebasa cualquier límite, la ciudadanía ya ha dado muestras de ejercer la justicia por su propia mano ante la incompetencia de las autoridades. Para muestra un sólo ejemplo, no se puede remediar la inseguridad en el deprimido de Río Mixcoac, dejando de fijo a seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, para “cuidar” o coludirse con los grupos de delincuentes para seguir robando y atacando a la ciudadanía.

Tómelo con atención.- En días pasados y tras un análisis sobre los puntos positivos y negativos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que parte como principio de la conciliación y la reparación del daño, se llega a la conclusión que durante cinco años de instrumentación, y dos años de que entró en vigor, ha existido un gran vacío de comunicación, lo que hace que la sociedad no entienda ¿por qué proteger la identidad de delincuentes y personajes públicos? ¿Por qué limitar los accesos a cobertura en procesos, como si se tratara de privilegiar o beneficiar a determinados medios de comunicación? En fin, una vez más las instituciones han errado en los mensajes y formas de comunicar.

Al platicar sobre este tema con juristas, si bien anteponen un equilibrio en la impartición de justicia, queda claro que al reparar el daño, quedarán libres delincuentes que no necesariamente se arrepentirán de los actos cometidos, sin duda habrá quienes se queden con sensación de impotencia. Aunque el daño pueda ser materialmente reparado, habrá autoridades que se quejen por lo complejo que es lograr la aprehensión de un delincuente, y su vinculación a proceso. Aunado a lo anterior, los jueces emiten sentencias con argumentos débiles por temor a equivocarse.
El cambio no es ni será sencillo, menos aún si no hay claridad en los mensajes y la comunicación. Siempre el nuevo sistema podrá ser la excusa adecuada ante la incompetencia de autoridades, para justificar su ineptitud al señalar que el nuevo sistema deja en libertad a la delincuencia organizada, como lo ha enfatizado el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Tómelo con Interés.- Este 2018 la democracia mexicana llega a su mayoría de edad, y aunque existe mucho disgusto la situación está mejor según el análisis de José Woldenberg.

Hay un desencanto generalizado; el Instituto Federal Electoral en un momento llegó a ser la institución más confiable y mejor evaluada; sin embargo el desgaste de ser árbitro en las contiendas álgidas, ha llevado a la institución a perder la confianza ciudadana. Hoy el Instituto Nacional Electoral se observa como una institución de élite, que beneficia a sus funcionarios y burócratas, sin dar mayores resultados. Es observada como un organismo que protege sus intereses, y no necesariamente los de los ciudadanos.

Si bien hay un avance y un cambio, estamos mejor que en el pasado, la falta de claridad y obstáculos para registro de candidaturas independientes, el favoritismo hacia algunos partidos o grupos políticos, ha derivado en el desencanto de la sociedad, y la mayor prueba para la institución será la contienda presidencial del próximo 1 de julio; sin duda el buen o mal papel que desempeñe el INE, será la oportunidad de recuperar o perder la confianza y credibilidad, ante los mexicanos.

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