Persiste intolerancia religiosa en Oaxaca
La Segego realiza el seguimiento a 13 conflictos religiosos en la entidad
Mientras la Secretaría General de Gobierno mantiene especial seguimiento a 13 conflictos religiosos en la entidad, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) afirmó que el Estado mexicano tiene el deber de garantizar la libre manifestación y ejercicio de conciencia y de religión.
Ya sea de manera individual y colectiva, tanto en público como en privado, toda vez que se trata de un derecho inherente a cada individuo, cuyo principio radica en su dignidad y en su consecuente autodeterminación como persona.
El organismo señaló que a pesar de los avances en materia de derechos humanos en nuestro país, el fenómeno de intolerancia religiosa va en aumento y cobra vidas, principalmente en zonas rurales e indígenas.
La libertad religiosa, dijo, es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna, o de no creer o validar la existencia de Dios y ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza.
Es reconocida por el derecho internacional en varios documentos, como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Tras el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2010, en Oaxaca se contabilizaron 3 millones 801 mil 962 personas, de las cuales 1 millón 982 mil 954 eran mujeres y 1 millón 819 mil hombres.
Los que se declararon católicos representaban 81.3 por ciento de la población de 5 años y más; los protestantes o evangélicos, 10.6 por ciento, otras religiones 2.9 por ciento y 4.3 por ciento declaró no tener ninguna religión.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina en su Artículo 24 la libertad religiosa de las personas, lo cual significa que cualquier individuo puede profesar la creencia religiosa de su elección y practicar el culto respectivo con la única limitación de no contravenir las leyes vigentes.
Por su parte, el artículo 1 prohíbe toda forma de discriminación motivada por la religión o por cualquier otra causa que afecte los derechos y libertades de los mexicanos; de allí la relevancia de conocer la situación de la diversidad religiosa que guarda el país.
De acuerdo con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas del gobierno federal, en los últimos años unos 20 conflictos por intolerancia religiosa en Oaxaca condujeron al desplazamiento de dos docenas de familias que todavía no han regresado a sus hogares.
Los conflictos religiosos que aún permanecen son Estancia de Morelos en Santiago Atitlán, Santiago Teotlaxco, Santa María Yohueche, San Baltazar Yatzachi, Rancho Las Flores y El Aguilucho de Santa María Tlahuitoltepec, San Miguel Soyaltepec, San José Monteverde, agencia La Chachalaca municipio de Santiago Camotlán, y Tamazulapam Villa del Progreso.
La Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, según los registros de la Secretaría de Gobernación, es la que ha sufrido mayores agresiones de acuerdo con las denuncias promovidas, con un total de ocho, en igual número de municipios.
