Nada que festejar en el Día Internacional de la Niña

Al menos una veintena de niñas menores de 10 años pasean todos los días entre las protestas que se mantienen en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, sin la intervención de las autoridades para hacer valer su derecho a la educación.
Las menores, hijas de los manifestantes triquis o desplazados de Zaachila, entre otros ambulantes que se apoderaron del corazón de la ciudad, acompañan a sus padres y madres en la protesta, donde buscan cómo y con quiénes jugar.
Las madres molestas admiten que las niñas no van a la escuela, porque no hay dinero para enviarlas ni casa para cuidarlas debidamente.

Una mujer de aproximadamente 27 años de edad reconoce que su hija de 7 años no sabe leer ni escribir porque las condiciones de pobreza no le permiten inscribirla en la escuela, ni mucho menos comprarle útiles.

Ofendida, la joven madre asegura que su hija crecerá como sus demás hermanos que tampoco estudian, pero no le faltará el cuidado que necesite.

En este contexto, en el país residen 19.4 millones de niñas y adolescentes menores de 18 años, dos de cada 100 niñas de 6 a 11 años no asisten a la escuela; y 18% de las adolescentes de 16 y 17 declararon no haber terminado la secundaria o tener un nivel de escolaridad menor, esto, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que presentó datos de la Encuesta Intercensal 2015 a propósito del Día Internacional de la Niña que se celebra cada 11 de octubre.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), informó de la recepción de infinidad de quejas sobre violación a la falta de acceso a la educación de menores de edad, así como  otras quejas “de menor grado” que se refieren a la negación de la prestación de servicios médicos en diversos municipios.

Las quejas más constantes, son las que se refieren al servicio educativo, y tienen que ver cuando los niños o niñas son expulsados de sus escuelas, cuando no se les certifica  los estudios que han cursado, pero también quejas en materia de salud cuando no son atendidos.

Fracaso nacional

En México durante 2002 se decretó que la educación preescolar debe cursarse de forma obligatoria y conforme a la Ley General de Educación es obligación del Estado (Artículo 3) y de los padres (Artículo 4) hacer cumplir este derecho que tienen todas las niñas y niños de 3 a 5 años de edad.

Datos de la Encuesta Intercensal 2015 indican que 63.3% de las niñas de 3 a 5 años de edad cuenta con algún grado de preescolar (ligeramente mayor al 62.7% de niños), por lo que un millón 146 mil 359 niñas, que representan el 35.4% del total de niñas de 3 a 5 años no asisten a la escuela, por lo que no se encuentran desarrollando aún sus habilidades escolares para este nivel y conforme a la opinión de especialistas en esta materia, puede repercutir en su aprendizaje y futura socialización en los subsecuentes niveles escolares.

Si una niña no recibe educación elemental que potencialice su habilidad de leer y escribir, se atenta contra un derecho universal y el efecto para quienes lo padecen resulta devastador: “haciendo que las personas carezcan del reconocimiento social que merecen, presenten baja autoestima, autonomía y poca reflexión crítica; sean ‘víctimas de engaños’ y presenten limitaciones a la hora de conocer y de acceder a los derechos individuales que la ley les otorga”.

Sin más alternativa

En el zócalo de la ciudad las niñas solo duermen, pasean o juegan bajo la vigilancia de sus padres y demás manifestantes, ante el desinterés de alguna autoridad que garantice educación y no permita que el analfabetismo continúe en este sector de la población.

Algunos ambulantes, vendedores de libros usados y dulces, tienen a su cargo a algunas niñas en edad escolar, que solo observan a lo lejos el paso de estudiantes que salen de la escuela “Basilio Rojas”, ubicada a unos metros del Zócalo de la ciudad.

Ni hoy, que se celebra el Día Internacional de la Niña, ni antes, ninguna autoridad educativa o del sector indígena en el estado se ha pronunciado por el derecho a la educación de las menores de edad que acompañan a sus padres en protesta en este centro histórico de Oaxaca, cuando ellas deberían acudir a las aulas y no ser una cifra más del analfabetismo en nuestro país.

En el lugar también se observan niñas que son enviadas a vender palomitas, collares, chicharrines y dulces en pequeñas canastas, que apenas si saben leer, pero ya saben recibir el dinero y entregar el cambio.

Algunas, con huaraches y vestidos de tela desgastados por el tiempo, no llevan a sus hogares algún libro o libreta para repasar las letras o los números, hacer dibujos o figuras geométricas, sino las monedas que reciben por la venta de golosinas, collares o pulseras.

En este sentido, en el estado de Oaxaca cerca de 98 mil niños y niñas oaxaqueños trabajan en el sector agrícola y urbano, tanto dentro como fuera de la entidad, por lo que es urgente adoptar las medidas que ayuden a atender esta creciente problemática.

Las peores formas de trabajo se encuentran en la parte agrícola donde los infantes están expuestos a todo tipo de riesgos físicos, desde inhalación de pesticidas, largos periodos ante el sol, hasta cortaduras por herramientas filosas.

Persiste en Oaxaca matrimonio infantil, otra forma de trata

Aunque Oaxaca forma parte de los siete estados del país que prohíbe el matrimonio infantil, este se mantiene en la tercera entidad con mayor incidencia en esta forma de trata (39.17%), solo por debajo de Chiapas (44.82) y Guerrero (42.41).

Esta situación resulta preocupante para la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), Miriam Liborio Hernández, que destacó la importancia de reconocer que la violación a los derechos de la niñez está implícita en el matrimonio infantil.

En el marco del Día Internacional de la Niña que se conmemora cada 11 de octubre, la funcionaria recordó que aunque el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que la edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años sin excepción, lamentablemente persiste la práctica cultural en la entidad en un contexto de unión informal y consentimiento social.

“Resulta prioritario erradicar esta práctica sociocultural vigente de los matrimonios forzosos y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes a vivir su infancia, sin condenarles a embarazos no deseados, mortalidad materna, abandono de estudios, violencia familiar, perpetuidad de pobreza e incluso una forma de trata”.

La funcionaria insistió en que hay costumbres que deben cambiar porque no benefician a quienes las practican; “peor aún, afectan a una mayoría de la población”.

Recordó que la secretaría a su cargo impulsa actividades en las comunidades de 314 municipios, a través de las Instancias Municipales de las Mujeres y de los 30 Centros de Desarrollo para las Mujeres, donde hay acciones de capacitación y sensibilización en materia de derechos de las mujeres niñas y adolescentes, así como la prevención de la violencia en el noviazgo.

En ese sentido, reiteró su llamado a las autoridades locales para dar cumplimiento a sus obligaciones establecidas en tratados internacionales y leyes, como la de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

Derechos fundamentales

El derecho más elemental de todas las niñas, niños y adolescentes es el de la vida, a la supervivencia y al desarrollo, así lo establece el Artículo 14 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que dicta que toda niña, niño y adolescente tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

Además establece que tanto autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, deben coordinar las acciones que lleven a garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.

En México, un logro importante para la sobrevivencia de menores en su primer año de vida fue reducir la letalidad de enfermedades respiratorias, infecciosas y parasitarias como principales causas de muerte en las primeras cuatro décadas del siglo XX.