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Proponen reforma electoral integral

Se quiere reducir el dinero público a partidos y el costo de operación al Instituto Nacional Electoral

Proponen reforma electoral integral | El Imparcial de Oaxaca

Si se quiere reducir el dinero público a partidos y el costo de operación al Instituto Nacional Electoral (INE), se debe caminar hacia una reforma electoral integral que garantice nuevos mecanismos para la distribución de los recursos, afirmó Jorge González Ilescas, presidente estatal del PRI.

Tras a admitir que hay un amplio consenso en torno a la necesidad de reducir el costo de financiarlos con el dinero de los contribuyentes, dijo que una objeción a esta reducción es que se podría afectar la competencia y favorecer al partido mayoritario.

En tanto, Javier Castellanos García, expresidente estatal del PAN, sostuvo que se debe fortalecer la representatividad de todas las fuerzas políticas y que ésta siempre responda a la cantidad de sufragios obtenidos en las urnas y no al padrón electoral.

A la luz de las prerrogativas que van a recibir los partidos en Oaxaca, dijo que es indudable que se debe de revisar la equidad, pues en la medida en que más financiamiento se otorga a quien ganó una elección menos posibilidades tienen aquellos que sin dinero poco o nada harán para cambiar su actual situación.

Por su parte, González Ilescas precisó que si la idea es cambiar nuestro actual modelo, se tiene que hacer bajo un eje democrático, lo cual implica un diseño que garantice la equidad que se ha venido generando desde la reforma de 1977.

El dirigente apuntó que el financiamiento público permite a la autoridad electoral y a la ciudadanía conocer el origen de los recursos que utilizan los partidos políticos por lo que se puede vigilar su uso y en caso de observarse irregularidades, éstas son sancionadas.

Al reducir el financiamiento público se tiene que adecuar la normatividad electoral, tanto para abrir la posibilidad de que los partidos puedan buscar mayores ingresos por la vía privada.

Así como fortalecer e incluso aumentar las capacidades de investigación de la autoridad electoral, para que ésta ejerza mayor vigilancia de los recursos que los entes privados entregan a las organizaciones partidistas.

 

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