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Víctimas de Nochixtlán, sin justicia a tres años del enfrentamiento

Los años, meses y días han pasado, pero el recuerdo ha quedado marcado en la piel y los restos de las víctimas ahora están enterrados en el camposanto; la mayoría asegura que por sus medios recibieron atención médica y rehabilitación.

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A tres años de la violencia en Asunción Nochixtlán, donde murieron ocho personas y decenas resultaron heridas, familiares de las víctimas y sobrevivientes de aquel 19 de junio lamentaron la falta de actuación de las autoridades en la aplicación de justicia.

Después del enfrentamiento, que con el retiro de un bloqueo por elementos de la Policía estatal y federal, en la carretera federal de la población, las víctimas siguen en la espera de la reparación de daños.

Ayer la demanda de justica se hizo presente nuevamente con una marcha de habitantes de Nochixtlán, víctimas y profesores de la Sección 22 del magisterio oaxaqueño, que recordaron aquel día y la ausencia de apoyos a los sobrevivientes y familiares de los asesinados.

 

Era día de plaza

 

René Cruz Flores, de 50 años de edad, oriundo de Magdalena Zahuatlán, es una de las víctimas sobrevivientes, quien también dijo haber llegado al lugar del conflicto por casualidad.

Cuenta que por ser día de plaza acudió con su esposa a comprar los uniformes de la clausura de sus hijos, pero al llegar al puente de Nochixtlán vio una barrera de policías federales que les impidieron el paso y los agredieron.

Aunque se regresó rumbo a la carretera hacia Santiago Tlaltongo, René cuenta que los elementos policiacos los empezaron a “gasear” y el pidió a su familia que fuera a un lugar seguro.

Cuenta que muchos respondieron con piedras ante el gas lacrimógeno y él recibió un disparo en la pierna izquierda; empezó a gritar para que lo ayudaran y lo trasladaran para ponerlo a salvo, pero el gas llegó hasta el consultorio del ISSSTE donde lo habían llevado.

“Tuvieron que llevarme herido a la parroquia”, cuenta el hombre de 50 años, que afirma haber acudido con un médico particular para su rehabilitación ante la mala atención del servicio público.

René coincide en que hace poco a algunas víctimas se les brindó apoyo mensual de 4 mil pesos para gastos de alimentación, pero éste solo sería de manera temporal. Él pertenece al grupo de víctimas denominado Sobrevivientes de Tlaxiaco y Nochixtlán, que decidió separarse del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio (COVIC), grupo que surgió en un primer momento el movimiento para exigir justicia.

 

Luis Alberto y Julio

 

Luis Alberto laboraba en una tienda de materiales, sin embargo, dejó a un lado sus quehaceres ante el llamado de auxilio de una mujer que pidió apoyo para decenas de heridos.

“Tuve que ir a apoyar y cerca del panteón se acercó un federal, me apuntó y me dio un balazo en el estómago; eran las 9 de la mañana. De ahí me llevaron a la iglesia y después me llevaron a Huajuapan para operarme”, expresa el hombre que tuvo que dejar de trabajar por las secuelas de la herida, asegura que hasta el momento no cuenta con apoyo gubernamental.

“Después de tres años no ha habido nada y no han hecho nada. No he podido trabajar y tengo cuatro hijos; mi esposa me apoya en eso porque es la única que trabaja, pero tenemos muchos gastos, no hay interés del Gobierno para dar solución, solo nos dan largas”.

Julio Nicolás López, quien también pertenece al COVIC como Luis Alberto, cuenta que ese día su esposa había llegado a la terminal de autobuses para vender tacos y tortas en compañía de sus dos hijos. “Se trajo a los niños para que la acompañaran y al enterarme de lo que estaba pasando me vine a buscarlos y cuando llegué ya estaban disparando los federales”.

Julio recibió una bala en la tibia derecha y también fue trasladado a la parroquia de Nochixtlán y después al hospital. “Afortunadamente mi familia logró salir a tiempo”, añade el hombre que era ladrillero y dejó de trabajar por la secuela del impacto y la falta de la atención médica prometida por las autoridades.

 

Una bala le quitó la vida a Óscar Luna

Sergio Luna, padre de Oscar Luna, quien falleció el 19 de junio por arma de fuego, afirma que su hijo fue asesinado por el Estado mexicano y a la fecha no hay reparación del daño.

“Nosotros no pertenecemos a ninguna organización ni grupo político, lo único que hicimos ese día fue apoyar a la población y al magisterio que estaban siendo agredidos. Mi hijo que era comerciante y trabajaba en el mercado cuando se enteró por medio del aparato de sonido de la iglesia que estaban solicitando ayuda porque habían muchos heridos”.

Al acudir al llamado, Óscar Luna fue alcanzado por una bala que le perforó la costilla derecha y momentos más tarde perdió la vida, tenía 23 años.

“En ese momento fue apoyado por su hermano y que en todo siempre estuvo con él y lo ayudó a salir, pero por la falta de atención médica inmediata, falleció luego”.
El padre de Óscar refiere que ninguna autoridad brindó indemnización para la familia de su hijo ni se responsabilizó por la tragedia.

“No ha habido ningún acercamiento; para el Gobierno no existen huérfanos ni viudas. Para nosotros como familiares de las víctimas no hemos recibido ningún apoyo”, expresa el señor Sergio, quien ahora es integrante de COVIC.

 

Todo fue una casualidad

 

Celso Cruz Cruz, de 41 años de edad, originario de San Pedro Teozacoalco, es una de las víctimas sobrevivientes, recibió un disparo en la pierna y asumió todos los gastos de la operación y rehabilitación.

Celso es conductor de taxi, cuenta que ese día pasó por la carretera federal para dejar pasaje, sin imaginar que estaría en medio de las balas y el gas lacrimógeno.

El ruletero afirmó que acudió a la zona de conflicto por casualidad, porque al llegar al bloqueo decidió bajarse de la unidad para preguntar si lo dejarían pasar con todo y pasajeros, pero de repente se vio envuelto entre las agresiones.

El hombre que dijo no pertenecer a ninguna organización ni grupo de víctimas, explicó que ante los hechos de violencia comenzó a correr y a refugiarse, pero una bala acertó en una de sus piernas.

“En el momento pensé que había sido un rozón, pero me dijeron que tenía una perforación. Me trasladaron a un hospital de Huajuapan donde me atendieron la herida”, expresa Celso Cruz, quien asegura no saber qué vaya a suceder con las víctimas a tres años del hecho.

 

Iván y Uriel, profesores heridos

 

 

Ambos profesores, Uriel e Iván también fueron heridos de bala en las piernas cuando acudieron al llamado de sus compañeros en apoyo a quienes se resistían a ser desalojados.

Uriel Ángel Pérez, de 41 años, fue herido en la entrada del panteón municipal cuando se dirigía a apoyar a los heridos. “Al llegar a la puerta del panteón un policía me disparó y me fracturó un hueso y he tenido repercusiones en mi salud. Sufro de calambres constantes y no puedo caminar mucho tiempo”.

Iván Escobar también es profesor y acudió al bloqueo de la Sección 22 cuando le avisaron que ya había iniciado el desalojo. “Llegué como a las 8:50 de la mañana para apoyar porque había mucho gas lacrimógeno. Me tocó ver a varios federales disparar a quemarropa y un balazo me alcanzó en la rodilla”, expone el entrevistado, también militante del COVIC.

 

Elvia Rosa, viuda de Yalith Jiménez

 

Elvia Rosa, viuda de Yalith Jiménez Santiago, chofer y exregidor de salud de Santa María Apasco, asesinado también el 19 de junio, cuenta que ella acudió con su esposo para ayudar en el momento del desalojo.

“Llegamos juntos y después lo perdí de vista; minutos después recibí una llamada donde me dijeron que mi esposo había sido herido. Corrimos a todos lados y en la Iglesia lo encontramos ya sin vida”, señala Yalith, madre de tres niñas.

La mujer afirma que a partir de esa fecha, solo ha recibido hostigamiento, amenazas y persecución. Ningún apoyo ni ayuda a ella o a sus hijas.

“Seguimos en exigencia de justicia. A estas alturas el gobierno simplemente hace oídos sordos y no ha llamado a comparecer a los autores materiales e intelectuales”.

 

“Tenía apenas 21 años”

 

 

Rutilia Santiago Cruz, madre de Óscar Nicolás Santiago, quien también murió el 19 de junio, señala que su hijo trabajaba como ayudante de albañil en la zona de bloqueo, cuando sucedió el conflicto entre profesores y elementos policiacos.

“Yo vivo en Santiago Tilantongo y mi hija me avisó en la tarde que mi hijo ya estaba muerto por un impacto de bala. Tenía apenas 21 años”, dice la mujer que trabaja en el campo y asegura no contar con ningún apoyo de las autoridades, al igual que el resto de las víctimas.

Tanto Sergio como Rutilia están a la espera de avances en las investigaciones de aquel 19 de junio de 2016, mientras apoyan las movilizaciones del COVIC.

 

Amenazan y golpean mujer que salvó a infantes

Juana Antonio López es la mujer que puso a salvo a decenas de niños y niñas de la colonia 20 de noviembre aquel 19 de junio de 2016 en Asunción, Nochixtlán, cuando el gas lacrimógeno invadió calles y viviendas durante un enfrentamiento que dejó 8 muertos y varios heridos de bala, pese a su valentía, hoy vive amenazada y ya no sale de casa; apenas el sábado fue golpeada en diversas partes del cuerpo.

Juana fue la heroína de esa fecha junto con su esposo, al sacar a más de 30 niños y niñas de la colonia “20 de noviembre” a bordo de una camioneta, pese al riesgo de aquel evento que inició con un desalojo de elementos policiacos a un bloqueo de la Sección 22 en la carretera federal de la población.

Juana realizó varios viajes para poder sacar a los niños y niñas de la colonia y trasladarlos a una zona segura, aún con los constantes ataques con gas lacrimógeno y el sonido de las balas.

En esta colonia marginada donde la mayoría de viviendas son de lámina y apenas tienen los servicios básicos, Juana fue golpeada por un grupo de mujeres que no solo le dejaron moretones en diversas partes del cuerpo, también le provocaron sangrado vaginal.

El motivo de la agresión, según cuenta Juana, fue porque ella intentó entregar de manera directa a las víctimas de la agresión del 19 de junio, los acuerdos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le facilitó para recibir medidas de apoyo.

La primera amenaza contra ella fue verbal. Dirigentes de la colonia y del Frente Popular Revolucionario le exigieron entregarles a ellos dichos documentos, antes que a las víctimas de esa colonia.

Juana había sido nombrada representante de las víctimas de esa zona por el caso Nochixtlán, pero fue acusada de traición por quienes pretendían incorporarse a la lista de las víctimas, sin serlo.

Al negarse a las pretensiones de los dirigentes, relata, éstos la desconocieron como representante e integrante del FPR, al mismo tiempo de exigir que abandonara la colonia y amenazar con hacerle daño.

Pide medida de protección

“Fue el sábado 15 de junio de 2019, aproximadamente, cuando yo andaba caminando buscando cambio para pagar mi gas y pasé por una galera donde escuché que estaban platicando sobre un vecino mío. Yo me acerqué para decirles que no estaba bien lo que estaban haciendo y que ya estaban incurriendo en muchos delitos contra el señor del que hablaban y seguí caminando”.

Sin embargo, relata, un grupo de personas empezó a seguirla después de que hicieran sonar un silbato. “El que dio la orden fue el señor Roberto Ortiz, quien es el representante de colonia y del FPR. Él ordenó a varias mujeres que me agarraran y me pegaran, además de que me quitaran el celular”.

Por los golpes que recibió de mujeres que alcanzó a identificar, Juana sufrió varias heridas en los brazos, las piernas y el estómago, entre otras zonas que aún le causan dolor. ”Me aventaron piedras cuando logré escapar y en el camino me alcanzó mi esposo para regresar a la colonia, porque en la casa se encontraba mi hijo de 12 años y mi niña de 5”.

Por las amenazas de otra agresión y el bullying que sus hijos tuvieron en la escuela desde que ella fue desconocida como representante en marzo, Juana decidió no llevarlos de nuevo a la escuela porque los menores también eran objeto de agresiones verbales y físicas.

“Es por eso que pido una medida de protección para seguridad de mi familia, porque he sido discriminada, humillada, hostigada, agredida, difamada y privada de mi libertad, al extremo de que mis niños han dejado de ir a la escuela por no haber seguridad. Si algo más me llegara a pasar, responsabilizo al FPR, principalmente al señor Salomón José Luz, Roberto Ortiz y Carlos Daniel por ocasionar esto y no hacer nada, ni siquiera por instalar el diálogo”.

La mujer de 46 años de edad que ya interpuso la denuncia por las amenazas y los golpes, afirma que muchas víctimas no deberían creer en sus líderes porque muchas veces se persiguen intereses políticos y económicos. “Muchas veces nos salimos de lo que es la verdad y la justicia”, lamenta.

 

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