Estados deben devolver 20,300 mdp a Federación

Diversos gobiernos estatales, entre ellos Oaxaca deberán regresar al erario federal poco más de 20 mil 300 millones de pesos por no haber sido aplicados para los fines previstos en los programas, reveló ayer aquí la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

En el discurso inaugural de la LXII Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, añadió que otros 6 mil 331 millones de pesos (deberán cubrir) por presuntas faltas administrativas.

Acompañada del gobernador del estado,Alejandro Murat Hinojosa y del auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, apuntó que la corrupción es un problema institucional y político que requiere de soluciones estructurales.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, manifestó que para alcanzar los objetivos de transparencia y cero impunidad, es necesario acabar con “la ineficacia deliberada de la administración pública, derivada de la captura de cargos y presupuestos para fines privados y del uso oscuro y negligente de las atribuciones y del presupuesto”.

Ante los contralores de todo el país, habló de lo que será una nueva arquitectura de fiscalización para combatir la corrupción, la cual está basada en la estricta verificación del gasto ejercido en obra pública, de las medidas de austeridad, de los procesos de adquisición y de los convenios entre la federación y los gobiernos estatales y municipales.

Sandoval Ballesteros detalló que la verificación del gasto ejercido en obra pública, se realizará sobre un monto fiscalizable de 370 mil millones de pesos, según lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2019).

Reiteró que se revisarán los procesos de adquisiciones, con un presupuesto por auditar de 275 mil millones de pesos, en los que la Función Pública tiene un papel estratégico por su responsabilidad de emitir la política de fiscalización, dar el visto bueno a la política de contrataciones públicas y proveer la información de las personas físicas y morales que han sido sancionadas.

También –dijo- se fiscalizarán los mecanismos administrativos vulnerables, como fideicomisos y proyectos de asociación público-privada, que constituyen los vehículos de gasto con mayor opacidad.

Además, se verificará de manera rigurosa el cumplimiento de las disposiciones legales, con énfasis en las medidas de austeridad, para cuidar el debido ejercicio de los recursos públicos y el desempeño de los programas gubernamentales.

Sostuvo que se garantizará la correcta fiscalización de la situación financiera de la Administración Pública Federal a través de la coordinación, para que despachos externos rigurosamente elegidos dictaminen los estados financieros con los mayores estándares de calidad.

Afirmó que en el anterior régimen, el concepto de corrupción se trivializó y con frecuencia se definió como sinónimo de mordida, soborno, extorsión y pagos oscuros; “nos costó miles de pesos, de vidas y de atraso”.

 

No más corrupción

Lamentó lo ocurrido en la Guardería ABC; “nos costó la vida de 49 bebés mexicanos, la corrupción es un fenómeno complejo que no se puede suscribir a funcionarios de bajo perfil”.

“A seis meses de iniciado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las acciones en contra de este flagelo ya se empiezan a sentir; hemos inhabilitado a una empresa paradigmática de la corrupción, Odebrecht, reabrimos el caso de la Estafa Maestra, impusimos multas resarcitorias millonarias por el caso Fertinal, inhabilitamos por 10 y 15 años a dos de los más altos funcionarios de Pemex en la pasada administración”, recordó.

La titular de la SFP enfatizó que están sustanciando más de 100 expedientes de responsabilidades administrativas y otro número igual de verificación patrimonial, pero además se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, así como impuesto más de 400 inhabilitaciones que abarcan personal operativo, hasta directores y titulares, aunado a la imposición de 111 sanciones económicas y que suman 657 millones de pesos.

A su vez, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, destacó que en los estados del sur se requiere reforzar la claridad, transparencia y austeridad.
“Hoy veo con optimismo el proyecto para la construcción del proyecto del Istmo de Tehuantepec, del Tren Maya, Dos Bocas, cuyos proyectos son ambiciosos y que no será fácil consolidarlos”, anotó.

 

Se han solventado más del 90% de observaciones: Murat

En su intervención, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa reiteró el compromiso de sumarse al combate frontal a la corrupción, a la impunidad, y responder al llamado que hace a todos los mexicanos el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sostuvo que en coordinación con los organismos fiscalizadores federales, se ha dado seguimiento a 342 observaciones que estaban pendientes de solventar del periodo 2009-2017 ante la Secretaría de la Función Pública, mismas que equivalen a más de siete mil 500 millones de pesos.

De ello -dijo- se ha logrado solventar más del 90% del monto total observado.Recordó que desde el inicio de su gobierno se han tramitado mil 640 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales se han resuelto mil 382, lo que equivale al 84%.

Como resultado de los expedientes resueltos hasta septiembre del año pasado, se han generado mil 223 sanciones, que representan un 88% de eficacia en la resolución de expedientes de responsabilidad administrativa.

“Nuestro objetivo como Gobierno es lograr una mayor participación ciudadana como garante de transparencia”, por lo que se han acreditado y capacitado a mil 227 Comités de Contraloría Social en los municipios, integrados por más de tres mil 650 ciudadanos.

Al encuentro asistieron el secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y coordinador nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación, Alfonso Chávez Fierro; 32 contralores del país, además del auditor Superior de la Federación, así como representantes de los poderes judicial y legislativo.