Paso Ancho en riesgo de cancelarse
El proyecto enfrenta problemas técnicos, financieros y legales, además de las auditorías sobre el presupuesto ya ejercido: CEA
Luego de ser clausurado en 2016 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), confirmó que el proyecto de la Presa Paso Ancho se encuentra paralizado y con múltiples juicios por resolver.
El director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Benjamín Hernández Ramírez, señaló que el proyecto enfrenta actualmente múltiples problemas técnicos, financieros y legales, además de las auditorías sobre el presupuesto ya ejercido.
“Hay muchos adeudos, así como varios juicios en contra, la mayoría de las demandas son por falta de pago tanto de empresas privadas como de empresas públicas, hay juicios que están en la primera etapa, algunos a lo mejor se ganan pero otros se van a perder”, dijo.
Hernández Ramírez destacó que debido a estas problemáticas que se detectaron, el Gobierno del Estado aún no decide si se retoma el proyecto o de plano ya no es viable para acabar con el problema que se vive en la zona metropolitana durante la temporada de estiaje.
Proyecto millonario
Según datos de las autoridades estatales, para el proyecto de la presa Paso Ancho que se ejecuta en la Sierra Sur sobre las márgenes del Río Atoyac, se contempló una inversión de 4 mil 500 millones de pesos.
Consiste en la construcción de un sistema de purificación de agua para atender a 500 mil habitantes en la ciudad de Oaxaca y sus alrededores. La presa tendría una capacidad para almacenar 50 millones de metros cúbicos de agua (Mm3), y para traerla hasta los Valles Centrales se haría mediante un ducto de 100 kilómetros, con un sistema de tratamiento de aguas y dos estaciones de bombeo.
En su primera etapa se destinaron 2 mil 500 millones de pesos, de los cuales 900 millones se utilizarían para la construcción de la cortina de la presa, mil 500 mdp para el acueducto de 100 km y el resto se destinaría a obras entre las que se cuenta una planta de tratamiento de agua con hasta dos estaciones de bombeo.
Hasta el momento se desconoce el avance que lleva la obra, pues desde 2016 los trabajos por parte de la empresa constructora Tradeco Infraestructura, SA de CV, se encuentra paralizadas.
La clausura
Al igual que en 2013, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el año pasado de manera Total Temporal el proyecto hidráulico de la Presa de Paso Ancho, por no contar con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat resolvió desechar dicha autorización que implicaba la afectación de una superficie de 1.0251 hectáreas, por la ejecución del proyecto “Cortina Presa Paso Ancho” solicitado por la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca.
A consideración de la Profepa, la obra “no presentó información técnica y documentación legal faltante”. El terreno donde se desarrolla el proyecto está ubicado entre las comunidades de Villa Sola de Vega y San Vicente Coatlán, Oaxaca.
La acción emprendida por la Delegación Federal de Profepa fue derivada de la substanciación del procedimiento administrativo en contra de Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., empresa presuntamente ligada a los hijos de Martha Sahagún de Fox.
FAO advirtió sobre los impactos negativos
Al no contemplar la opinión de los especialistas en materia de medio ambiente, los integrantes del Foro Oaxaqueño del Agua (FOA), advirtieron en su momento que las grandes presas como los megaproyectos de trasvase tienen altísimos costos económicos, sociales y ambientales.
FAO advierte que no se prevén medidas de mitigación ni escenarios posibles para el futuro, además de que carece de un estudio preliminar de caudales ecológicos, no se justifica adecuadamente la aseveración incluida en la manifestación de que el impacto hidrológico es muy bajo o inexistente, ni los términos del dictamen que afirma que la afectación aguas abajo no será significativa, y que el gasto ecológico propuesto es adecuado.
