Buscan diputados locales promover cultura anticorrupción en Oaxaca

En el marco de la comparecencia del secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), José Ángel Díaz Navarro, los diputados de la 64 Legislatura se pronunciaron a favor de promover una cultura anticorrupción en todo el estado de Oaxaca.

Ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate, el funcionario destacó que en la presente administración se ha instrumentado acciones firmes en materia de combate a la corrupción, fiscalización, legalidad, transparencia y rendición de cuentas con el propósito de fortalecer el manejo estricto de los recursos públicos, el combate a la impunidad y la corrupción en las instituciones del Estado.

“Coincido que la corrupción ha crecido de manera alarmante y lo que más lacera a la sociedad es la impunidad, por ello se deben buscar sanciones más graves a los infractores”, refirió el titular de la Secretaría de la Contraloría.

Por ello, dijo que en la dependencia se han realizado acciones que buscan recuperar la confianza de la ciudadanía y atender la exigencia de la sociedad oaxaqueña mediante medidas para prevenir la corrupción, como el fortalecimiento de la Transparencia y Contraloría Social, así como la puesta en marcha del sistema móvil Contraloría Digital-Oax, desde donde se pueden denunciar los actos de corrupción.

En materia de fiscalización, informó que se han realizado 61 auditorías a recursos estatales y federales, fiscalizando un monto total de más de 8,328 millones de pesos. “De este modo, al 30 de noviembre, se han concluido 15 auditorías que derivaron en 39 observaciones por un monto total de 98 millones de pesos, asimismo, 46 auditorías del Programa Anual de Trabajo con la Secretaría de la Función Pública, mismas que derivaron en 119 observaciones por un importe de 499 millones de pesos, las cuales se encuentran en trámite de atención por parte de las dependencias y entidades responsables del ejercicio del recurso”.

“En lo que respecta al seguimiento de las 26 auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2017, se determinaron 13 auditorías concluidas, con 82 resultados publicados, por un monto de 866 millones de pesos, de los cuales se han atendido 44 equivalente al 73% del monto total, mismos que han sido presentados en tiempo y forma al Órgano de Fiscalización para su análisis y descargo correspondiente, mientras que los 38 resultados restantes se encuentran en proceso de atención oportuna por parte de las entidades revisadas”.

Díaz Navarro detalló que la dependencia coordinó y dio seguimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, a 348 observaciones pendientes de solventar por un monto de 7,572 millones de pesos ante la Secretaría de la Función Pública, correspondientes a auditorías realizadas a los recursos públicos federales en los ejercicios 2009-2017.

“Derivado de lo anterior, a través de 756 reuniones celebradas con 18 dependencias y entidades, se ha descargado el 90% del total observado, que representa 6,840 millones de pesos. Del monto restante, 327 millones de pesos se encuentran en análisis por la Secretaría de la Función Pública, 281 millones se encuentran en proceso de atención por las entidades ejecutoras y 123 millones corresponden a municipios, mismos que han sido turnados a este honorable Congreso para que se determinen las sanciones correspondientes”, explicó.

Refirió que durante el 2017, se radicaron 805 expedientes de investigación de quejas, denuncias y peticiones contra servidoras y servidores públicos; “además, en el año que se informa se radicaron 1,106 expedientes de investigación, de los cuales se han concluido 635 en ese mismo periodo”.

En materia de responsabilidad a partir de esta administración, se ha tramitado un total de 1,585 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales se han resuelto 1,135. Y como resultado de los expedientes resueltos, se han inscrito un total de 945 sanciones a funcionarios públicos, lo que representa un 88% de eficacia en la resolución de expedientes iniciados al haber culminado con sanción respectiva.

En lo que corresponde a las declaraciones patrimoniales, se ha realizado en lo que va del año la verificación de 3,919 declaraciones presentadas durante 2018, de las cuales se turnaron a procedimiento de responsabilidad administrativa 321 casos por incumplimiento de forma oportuna con dicha obligación, asimismo, se radicaron 310 expedientes de evolución patrimonial con el objetivo de verificar la congruencia en el contenido de las declaraciones patrimoniales de las o los servidores públicos.

De igual manera, se coadyuvó en la integración de 27 procedimientos de evolución patrimonial solicitados por la Secretaría de la Función Pública.