Jueces y magistrados federales acusan campaña de desprestigio

Integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito acusaron una “campaña de desprestigio en su contra”, pese a la suspensión en la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al dar lectura a un pronunciamiento público, el magistrado de Circuito Penal y Administrativo, José Luis Legorreta Garibay, afirmó que “el noble servicio público está sometido a riesgos y amenazas debido a diversas leyes e iniciativas que podrían minar la autonomía institucional y personal, si cambian las reglas de un histórico funcionamiento de frenos y contrapesos entre los poderes de la República”.

En el acto realizado en el acceso principal de la sede del Poder Judicial de la Federación en el estado de Oaxaca, consideró que detrás de la norma que prohíbe a los servidores públicos tener salarios superiores al del presidente de la República, se encuentra la intención de “debilitar el sistema de frenos y contrapesos de la democracia y con ello vulnerar el estado de derecho”.

Legorreta Garibay, sin mencionar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó que “se ha querido posicionar un falso discurso que habla sobre percepciones excesivas de los jueces que viven a costa del erario público con ingresos de más de 600 mil pesos al mes, lo que no corresponde ni cercanamente a las percepciones, centrado la discusión en un tema de salarios y no de lo que verdaderamente ocurre que es el juez independiente e imparcial”.

Y advirtió sobre el riesgo de mantener la campaña de desprestigio contra los juzgadores haciéndolos pasar por oportunistas que solo buscan el beneficio personal; es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.

Acompañado de otros jueces, magistrados y personal judicial, añadió que contra esos riesgos y amenazas están en pie de lucha, por la defensa del estado de derecho y serán los primeros en actuar para fortalecer el Poder Judicial, pero en el marco de una propuesta que sea transparente y suficientemente amplia para revisar instituciones, prácticas, recursos y medios dispuestos.

Admitió que “hoy, como nunca antes en la historia de nuestro país, nos presentamos públicamente ante la sociedad para refrendar nuestro compromiso como juzgadores federales para defender la independencia y autonomía del PJF y hacer viva la protesta que rendimos al tomar posesión de nuestro cargo, de guardar y hacer guardar la Constitución”.

Sostuvo que en un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie, salvo su sumisión a la Constitución y a los tratados internacionales.

“Hemos impulsado una amplia defensa que incluye la presentación de demandas de amparo en contra de lo que consideramos un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del Poder Judicial de la Federación, el cual ha sido dotado por la constitución de mecanismos de autorregulación”, indicó.

Cuestionó los intentos por condicionar a los juzgadores que han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para el ciudadano.
Enfatizó que “un salario acorde con la responsabilidad de resolver los asuntos más delicados que pudiesen afectar a una persona e institución del poder público es fundamental”.

Reiteró que jueces y magistrados deben tener sueldos que les permitan tener “independencia” para evitar las intromisiones de intereses ajenos a la ley por parte de cualquier autoridad y cualquier tipo de presión social o económica y del flagelo de la corrupción.

“Los juzgadores federales queremos recordar que tener un cargo de esta responsabilidad implica asumir riesgos que se han hecho cada vez más evidentes por los momentos que vive el país, además de las presiones de los vaivenes políticos, enfrentan hechos que los ponen en situación de inseguridad a ellos y sus familias”, concluyó.