Buscan erradicar trata en campos agrícolas en Oaxaca

Según cifras de asociaciones civiles, al menos 80 mil oaxaqueños se encuentran laborando en los campos agrícolas de los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Norte, donde son explotados con largas horas laborales.

Para tratar de erradicar la explotación laboral que enfrentan estos jornaleros, durante la XL Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se lleva a cabo en la entidad oaxaqueña, Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social, anunció ante procuradores de todo el país, la elaboración de la “Guía para la detección de posibles casos de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo forzado, en centros de trabajo agrícolas”.

Campa Cifrián aseguró que este proyecto orienta a las autoridades de inspección sobre la información que es útil al Ministerio Público en torno al delito de trata y dijo que es el resultado de la implementación de políticas integrales que garanticen mejoras en las condiciones y protección de los derechos de jornaleros, acordados en la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, en su Primera Sesión de febrero pasado.

El documento indica que las autoridades de inspección y ministeriales se deberán reunir a petición de una de ellas, conforme a la sospecha de hechos probablemente delictivos que sean observados y determinen indicadores de confinamiento, de engaño, de hacinamiento y malas condiciones de vida; de malos tratos, de explotación y en los casos de menores de edad.

Cita las características de los factores de riesgo en campos agrícolas y se explican las figuras de “enganchadores, y “coyotaje”; define la manera de identificar la vulnerabilidad de las víctimas, atendiendo la perspectiva de derechos humanos, de género, la protección integral de derechos de la infancia y el trato diferencial especializado.

“Orienta a las autoridades de inspección, sobre la información que es útil al Ministerio Público en torno al delito de trata con fines de explotación laboral o trabajo forzoso; determina las características de los factores de riesgo en campos agrícolas, así como los elementos de quienes operan como “enganchadores” o asumen otros roles en perjuicio de jornaleros y contribuye a identificar la vulnerabilidad de las víctimas, tomando en cuenta perspectivas de derechos humanos, de género, la protección integral de derechos de la infancia y el trato diferencial especializado”, explicó el secretario del Trabajo.

En su intervención, Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, reconoció la participación de los secretarios del Trabajo de los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca, así como los representantes de los estados de Michoacán, Nuevo León y Sinaloa, quienes acordaron generar esquemas de colaboración en sus entidades para una atención integral, oportuna y eficaz a la población trabajadora así como proteger su integridad y la de sus familiares.