Lanzan plataforma para denunciar delitos electorales en Oaxaca

Oaxaca continúa siendo uno de los estados de la República con mayor número de denuncias por delitos de compra o condicionamiento del voto, reportó la organización Acción Ciudadana. De acuerdo con cifras de la ONG, que desarrolló la plataforma democraciasinpobreza.mx para denunciar estos hechos, desde 2014 la entidad junto a Chiapas y Puebla concentran el mayor número de actos ilegales para tratar de incidir en el voto de las personas.

En 2017, de acuerdo con el exfiscal de Delitos Electorales, Santiago Nieto, Oaxaca sumó entre enero y octubre 85 carpetas de investigación por denuncias de delitos electorales, la mayoría relacionado con condicionamiento de programas sociales.
Cohesión Social alertó que en el país las elecciones presidenciales se enfrentan en condiciones “de alto riesgo para el libre ejercicio del voto”.

Entre las causas se encuentra la debilidad de las instituciones encargadas de la justicia, el uso discrecional de las partidas presupuestales del gobierno federal y la vulnerabilidad de los programas sociales.

De igual forma, reporta que las elecciones federales de 2018 contarán con 81% menos presupuesto para el rubro de observación internacional respecto a las de 2012, año en el que se destinaron 93.6 millones que este año son solo 18.

El colectivo formado por 60 organizaciones ha colocado en el sitio web democraciasinpobreza.mx un formulario para denunciar delitos electorales, a través del cual podrán revisar los casos y denunciarlos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En esta plataforma, se pide denunciar de forma anónima únicamente delitos observados personalmente. Para la ONG no hay distinción de partidos ni niveles de gobierno, ya que en todos los frentes se ha confirmado la utilización de prácticas violatorias al marco legal, entre ellas la compra del voto y el condicionamiento de programas sociales.

Los integrantes de la organización cuestionaron de igual forma la designación de funcionarios en altos cargos de dependencias encargadas de atender a población en condición de pobreza, principalmente la Secretaría de Desarrollo Social.