Del 5.63 al 5.25, las cárceles siguen REPROBADAS

SOBREPOBLACIÓN Y HACINAMIENTO, SEÑALA CNDH

Lejos de mejorar y corregir deficiencias en el sistema penitenciario, Oaxaca volvió a reprobar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que evidencia el desinterés de las autoridades del gobierno anterior.

Además de mantenerse en calificaciones reprobatorias en los últimos seis años, Oaxaca empeoró en el diagnóstico, al ser calificada con 5.25, mientras que en 2015 obtuvo 5.63.

La CNDH inspeccionó cuatro de los 16 reclusorios de la entidad en 2016: la penitenciaría central del estado, el Centro de Reinserción social de Tehuantepec, el reclusorio social femenil de Tanivet y el Centro de Reinserción Social de Miahuatlán.

De estos, solo el penal de Tanivet tuvo una calificación aprobatoria de 6.02, pero el resto fue de 4.11 (Ixcotel), 5.58 (Tehuantepec) y 5.27 (Miahuatlán).

Por rubros, la CNDH puso en focos rojos los aspectos que garantizan la integridad personal del interno, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos internos con requerimientos específicos.

En la Penitenciaría Central del Estado, con peor calificación, se detectó sobrepoblación y hacinamiento.

La CNDH recomendó prestar atención a ambas problemáticas, así como en la insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos, prevención de violaciones a los derechos humanos y la atención en caso de detección, así como en los procedimientos para la remisión de quejas.

También expuso la necesidad de atender las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, sancionados o sujetos a protección, así como evitar las deficiencias en la alimentación y mejorar las condiciones materiales, equipamiento, higiene del área médica, cocina y comedores.

En esta penitenciaría se evidencia insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias, además de la presencia de autogobierno.

 

Tehuantepec

En el centro de reinserción social de Tehuantepec, también con focos rojos, se detectaron deficiencias en aspectos que garantizan la integridad del personal del interno, en la estancia digna y condiciones de gobernabilidad, donde tampoco hay suficiente personal de seguridad y custodia.

En Miahuatlán se detectaron deficiencias en la alimentación, área médica y equipamiento, así como actividades ilícitas y deficiente integración del expediente técnico-jurídico de cada persona privada de la libertad.

Tanivet

Del reclusorio social femenil de Tanivet, aunque también tuvo irregularidades para una estancia digna y de reinserción social, la CNDH observó una apropiada atención en la supervisión del funcionamiento del centro, la ausencia de actividades ilícitas y de cobros como extorsión y sobornos, además de una buena integración de la interna con la sociedad.

 En 2017 cambiará diagnóstico, prometen autoridades

Pese a estas irregularidades detectadas por la CNDH en la administración del exmandatario Gabino Cué Monteagudo, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) prometieron que los resultados del diagnóstico de este año serán mejores.

María Concepción Tovar, subsecretaria de Prevención y Reinserción Social de Oaxaca, afirmó que durante los primeros seis meses del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa se establecieron mecanismos y programas para mejorar las penitenciarías y acabar con los rezagos.

De esta manera se realizan capacitaciones y se trabaja en la infraestructura, así como en otras acciones que han evitado el hacinamiento en los 16 reclusorios y el autogobierno, que hasta el año pasado se hacía evidente en el penal de Ixcotel.

“A pocos meses de haber iniciado funciones la presente administración estatal hemos dado mejores resultados y se ha trabajado en el diagnóstico situacional; sin duda 2017 traerá cambios en el sistema penitenciario”, garantizó.

Tan solo en el penal de Ixcotel, donde la CNDH señalaba hacinamiento y sobrepoblación, la funcionaria recordó que de más de mil 300 internos que se tenían en el inmueble a la fecha solo cuenta con 975.

Insistió en que el Diagnóstico que realice este año la CNDH dará un giro por las mejoras que ya inició la presente administración estatal.

Aunque en algunos penales aún se detecta el ingreso y consumo de droga, la subsecretaria afirmó que se trabaja en la implementación de estrategias para evitar esta situación sin vulnerar los derechos humanos de los internos o sus familiares.

Fallas Ixcotel

• Sobrepoblación
• Hacinamiento
• Servicios para mantener la salud de las personas privadas de la libertad
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular
• Insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos
• Prevención de violaciones a derechos humanos y la atención en caso de detección
• Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos
• Atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, (sancionados y/o  sujetos a protección)

Tehuantepec

• Servicios para mantener la salud de las personas privadas de la libertad
• Supervisión del funcionamiento del Centro por parte del titular
• Insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos
• Prevención de violaciones a derechos humanos y la atención en caso de detección
• Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
• Atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, (sancionados y/o sujetos a protección)

 

Mapa Calificaciones

• Ixcotel 4.11
• Tehuantepec 5.58
• Tanivet 6.02
• Miahuatlán 5.27

 

Defensoría Pública requiere más recursos para atender a internos

Extremos. En uno Tuxtepec, en el otro Ixcotel. Entre las cárceles de Oaxaca hay diferencias. Dentro de las malas calificaciones que obtienen año con año las penitenciarías de la entidad hay diversos grados de reprobación, incluso de aprobación. El penal de Tuxtepec está certificado por la Asociación Americana de Prisiones, que valida las condiciones de infraestructura, vigilancia y trato humano a los internos, del otro, la penitenciaría central, las caballerizas del Ejército readaptadas como prisión, que pese a los persistentes llamados de atención mantiene cotos de poder para ciertos grupos, consumo de drogas en los internos, malas instalaciones.

Asimismo, hay condiciones como la discriminación y el abuso que persiste, asegura Jesús Gerardo Herrera Pérez, director de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, la paraestatal encargada de asesorar jurídicamente a todas aquellas personas que se encuentran imposibilitados para pagar una defensa privada, una amplia mayoría en las prisiones del estado y del país.

Ixcotel, por ejemplo, cuenta con una población de 981 internos, 68.8% de los cuales se encuentran procesados, sin un juicio concluido, la ley no les ha dicho si son o no culpables. Para rebajar esa cifra, sin embargo, la Defensoría encuentra un obstáculo difícil de salvar, el presupuesto.

La paraestatal contó en 2016 con un presupuesto de 53 millones 351 mil pesos; para 2017, el Congreso del Estado le etiquetó 53 millones 593 mil pesos, de los cuales el 95% se destinarán al pago de salarios y servicios personales.

Para los retos que la Ley de la Defensoría Pública establece, “coordinar, dirigir y vigilar los servicios jurídicos de asesoría, patrocinio y defensa técnica adecuada y gratuita” en las materias penal civil, familiar, mercantil, agraria, administrativa y constitucional se requieren, subraya el titular de la dependencia, “al menos cuatro millones 300 mil pesos, necesitamos partidas adicionales como viáticos, si los defensores van a la Costa, a cualquier región, no contamos con viáticos, ni si quiera gasolina suficiente para el traslado”.

Respecto a la población penitenciaria, aunque un defensor de los 175 con que cuenta la paraestatal se encuentra adscrito en cada uno de los reclusorios del estado, en muchas ocasiones se requieren traslados adicionales para atender el alto número de internos. Asimismo, aunque acompañan a las unidades móviles del Gobierno del Estado para ofrecer los servicios de asesoría legal, los gastos corren por cuenta de la Defensoría.

Según lo marca la Constitución, el salario de los defensores públicos debe estar homologado con el de los ministerios públicos, sin embargo el presupuesto impide cumplir el mandato. En 2016 la Defensoría realizó 53 mil 937 servicios de asesoría gratuita y patrocinio legal en materia civil, penal o mercantil, 371 servicios de atención a menores infractores, mil 458 defensas en juicio oral y entregó 211 fianzas y garantías económicas para personas indígenas.

“La carga de trabajo que tenemos es bastante alta, si en 2015 llevamos 55 mil asuntos y los dividimos en el número de defensores sale un número bastante rebuscado, mayor a 280, más los acumulados de años anteriores, se requieren más recursos”.

Atención a indígenas, otro obstáculo

Otro de los obstáculos que enfrenta la Defensoría Pública es la atención a personas privadas de su libertad indígenas, 822 de los tres mil 995 internos del estado, quienes no solamente enfrentan discriminación y malos tratos, sino incluso la imposibilidad de entender lo que el juez que lo sentenció o lo envió a prisión preventiva le dijo.

La ley marca como obligación constitucional que toda persona que no hable español cuente al momento de su juicio con un traductor, una tarea inmensa en un estado con 16 lenguas indígenas y aproximadamente 50 variantes.  Adicionalmente, una propuesta legislativa del Congreso federal señala como ideal que además de ese traductor haya un perito hablante de lengua indígena que lleve este tipo de casos, algo que para Herrera Pérez es más que complicado.

“Si nos ha costado contar nada más con un traductor, ahora que sepa de derecho, es muy complicado, ha habido personas privadas de la libertad que han servido de traductores a otros, entre ellos mismos”, explica.

Del total de asesorías que brinda la Defensoría, 45% involucra a una persona de origen indígena. Actualmente se trabaja en una revisión con el Poder Judicial de cada uno de los casos de un preso indígena, dado que hay un gran número de internos que nunca contaron con un traductor en su lengua. “En la mayoría de los casos, no me atrevería a decir que todos, pero sí en la mayoría, nunca estuvo presente un traductor, eso viola el derecho al debido proceso, tienes que ser oído y vencido en juicio, cómo vas a ser oído sin un traductor”.

Cambio de percepción

Como uno de los objetivos que se ha planteado a Defensoría Pública se encuentra el cambio de percepción de los ciudadanos sobre su labor. Con el paso de defensores de oficio a defensores públicos se busca un cambio más que nominal. Con la puesta en marcha del sistema adversarial, la mayoría de los abogados de la Defensoría se ha certificado, atendiendo hasta el 88% de los juicios orales.

Nuestro objetivo es “alcanzar que la Defensoría Pública se dignifique, la Defensoría es un derecho humano, los servicios son gratuitos. Los ciudadanos tiene la garantía de que van a obtener una atención profesional”.

“En todas las penitenciarías, centros de reclusión, dada la falta de un sistema adecuado de reinserción social se han formado cotos de poder en los reclusorios, por supuesto, las personas más afectadas son las personas analfabetas y los indígenas, los autogobiernos son una realidad que no podemos dejar de reconocer”. -Jesús Gerardo Herrera Pérez, Director de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca

Los datos:

• 981 internos tiene la penitenciaría central de Ixcotel
• 68.8% se encuentran procesados, sin un juicio concluido
• 53.59 mdp el presupuesto con el que cuenta la Defensoría Pública de Oaxaca para 2017