Función Pública pide indagar a 6 empleados de Pemex e IMSS

La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades por más de 88 millones de pesos en la evolución del patrimonio de seis servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que presentó las denuncias correspondientes, con lo que suman 65 casos de presunto enriquecimiento ilícito detectados por la dependencia desde 2016 a la fecha.

En un boletín, la SFP informó ayer que en esta ocasión se trata de cinco empleados de Pemex Refinación y uno del IMSS.

La dependencia explicó que al realizar la verificación de la evolución patrimonial de los servidores públicos federales, encontró expedientes en los que se detectaron patrimonios incongruentes.

La SFP detectó que los empleados de Pemex Refinación contabilizaron patrimonios por las siguientes cantidades: tres millones 711 mil 287 pesos, cuatro millones 378 mil 508, cuatro millones 732 mil 407, 10 millones 462 mil 232 y 61 millones 66 mil 109 pesos, respectivamente.

En tanto, el trabajador del IMSS declaró un patrimonio de tres millones 895 mil 183 pesos.

Esas seis cantidades sumadas dan un total de 88 millones 245 mil 276 pesos.

“Los servidores públicos sujetos a esta revisión no aclararon el origen lícito de las cantidades señaladas, en relación con las percepciones salariales que el Estado les otorga con motivo de su cargo”, detalló la SFP.

Ante ello, procedió a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales competentes, con el propósito de que se investigue si el incremento patrimonial detectado constituye una conducta delictiva.

De acuerdo con el Código Penal Federal, el incremento patrimonial podría tratarse del delito de enriquecimiento ilícito, el cual se comete “cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño”.

Para estos casos, según el mismo código, se computarán los bienes que adquieran los servidores públicos o aquellos de los que se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que estos los obtuvieron por sí mismos.

Entre las sanciones previstas por este delito están el decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar, pero si el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no excede del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de 30 a 100 días de multa.

Si el monto a que asciende el enriquecimiento ilícito excede de esa medida, se impondrán de dos a 14 años de prisión y multa de 100 a 150 días.

Estas seis denuncias presentadas por la SFP se suman a los 59 casos previos que la dependencia reportó como atendidos durante los dos últimos años.