México se volvió el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina: Artículo 19 |
Oaxaca
La Capital Los Municipios
El Imparcial del Istmo El Imparcial de la Costa El Imparcial de la Cuenca
Nacional Internacional Súper Deportivo Especiales Economía Estilo Arte y Cultura En Escena Salud Ecología Ciencia Tecnología Viral Policiaca Opinión

Nacional

México se volvió el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina: Artículo 19

En 2018, nueve comunicadores fueron asesinados en diversas partes del país. Veracruz, Puebla y Oaxaca son las entidades en donde más agresiones se presentaron.

México se volvió el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina: Artículo 19 | El Imparcial de Oaxaca

Durante el sexenio pasado, de Enrique Peña Nieto, 47 periodistas fueron asesinados y cuatro aún permanecen desaparecidos, por lo que México se volvió el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, denunció Artículo 19 durante la presentación este martes de su informe anual de ataques a la prensa.

Además de los homicidios, la organización civil defensora de la libertad de expresión también documentó que durante el gobierno pasado se registraron 2 mil 502 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación, hasta un 129% al alza en comparación con el sexenio de Felipe Calderón, cuando documentaron mil 092 ataques.

Dentro de ese repunte de ataques, Artículo 19 puso énfasis en un dato: en la administración anterior, las agresiones contra mujeres periodistas aumentaron 512%.

Tan solo en 2018, nueve comunicadores fueron asesinados en diversas partes del país, y se registraron 544 agresiones contra la prensa, hasta 65% más que al inicio del sexenio.

La Ciudad de México, con 383 agresiones, ocupó el primer ranking de ataques a la prensa desde 2013 a 2017 de manera consecutiva. En 2018, la entidad con más ataques fue Veracruz, con 57; le siguió Coahuila, con 47; y Puebla, con 45.

Otras de las entidades máss peligrosas para el ejercicio del periodismo en México, son Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, y Guerrero, las cuales registraron cientos de denuncias por ataques en el sexenio pasado.

Los tipos de agresiones más frecuentes en los últimos seis años fueron la intimidación y el hostigamiento, la amenaza, el bloqueo o remoción de información, el ataque físico o material, y la privación de la libertad del comunicador.

Mientras que los principales agresores fueron funcionarios públicos. Solo en 2018, 230 agresiones fueron cometidas por servidores públicos, concentrando el 42% del total de los ataques, o 4 de cada 10.

La organización ha contabilizado que desde el año 2000, en el país se han asesinado a 124 periodistas.

El fracaso de la protección a periodistas
Otro de los puntos críticos del informe de Artículo 19, es el “fracaso” de los diferentes mecanismos gubernamentales para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.

De acuerdo con datos de la organización civil, desde el 2012 el Mecanismo de Protección a Periodistas, de la Secretaría de Gobierno, recibió 747 solicitudes de incorporación, pero dicho Mecanismo no ha ayudado a prevenir las agresiones.

De hecho, apenas el pasado 21 de enero de este año, fue asesinado el periodista Rafael Murúa Manríquez, de la radio comunitaria Radiokashana, quien estaba incorporado al Mecanismo de Protección desde junio de 2017 por presuntas amenazas del alcalde del municipio de Mulegé, en Baja California Sur.

Por otra parte, Artículo 19 destacó la nula efectividad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometido contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

“La efectividad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) es de 0.87%. El 99.13% de las agresiones denunciadas por periodistas ante esta fiscalía quedan impunes”, subrayó Ana Ruelas, directora de Artículo 19.

“Y para ilustrar el fracaso -añadió Ruelas-, es importante señalar que, en seis años, la FEADLE ha obtenido solo 10 sentencias condenatorias en delito cometidos contra periodistas derivados de investigaciones iniciadas desde 2012. Un récord muy deficiente que consiste en lograr poco más que una sentencia por año en un pais en el que, en ese mismo tiempo (2012-2018), se registraron 2 mil 530 agresiones contra periodistas en probable vínculo con su labor”.

De las 10 sentencias, Artículo 19 destaca el dato de que, al menos en seis de ellas, se puede inferir que en la comisión del crimen está relacionado con algún funcionario público.

Publicidad oficial
En la administración de Peña Nieto se gastaron 60,237 millones de pesos en publicidad oficial, y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que se reducirá el gasto de publicidad un 50%, Artículo 19 refirió que se necesita una política pública clara y transparente sobre cómo se distribuye el gasto y la publicidad institucional.

Solo en 2018, diez medios de comunicación se beneficiaron del 48.3% de los 7 mil 849 millones de pesos que gastó el gobierno federal en publicidad. Entre estos medios, los más beneficiados fueron Televisa (mil 258 millones de pesos), Estudios Azteca (808 millones), El Universal (313 millones), Grupo Imagen (297 millones) y Grupo Fórmula (240 millones).

“La publicidad oficial es el pretexto para esperar que la prensa mexicana ofrezca una cobertura favorable al gobierno en turno”, señaló Artículo 19, haciendo referencia una declaración de relatores de la ONU.

Sobre este punto, Ana Ruelas dijo que la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos “que no se han garantizado con éxito” en un contexto “plagado de información sesgada, incompleta, dictada y pactada”.

“El Estado mexicano está obligado a evitar que la publicidad oficial se utilice como mecanismo de censura indirecta, así como a impedir que los montos asignados a publicidad oficial se traduzcan en el control de líneas editoriales”, recalcó.

En cuanto a los pendientes del actual gobierno, señaló Artículo 19, está el de crear una política integral de protección a la prensa, pues desde que inicio el actual sexenio van cuatro periodistas asesinados: Santiago Barroso, Reynaldo López , Rafael Murúa y Jesús Ramos Rodríguez.

La organización pidió reconocer que los ataques a la presa derivan de la impunidad y exigió poner fin a ésta, por lo que demandó una Fiscalía “verdaderamente autónoma” y que el gobierno reconozca que el acceso a la información y la transparencia es un logro de la sociedad civil mexicana.

Lee el informe completo:

 

Relacionadas: