Mil empresas se beneficiaron del “huachicoleo” eléctrico a la CFE

El grupo “Para todos todo”, compuesto por ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, propone al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador vías de reinserción laboral, como ubicar y parar el robo de electricidad del que principalmente responsabilizan a mil grandes empresas, que consumen el 22 por ciento de las ventas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellas, Embotelladora Mexicana Pepsico.

“Son más de 30 mil millones de pesos las pérdidas por el robo de energía a CFE [datos oficiales de 2018]. ¿Cuánta energía y cuánto dinero se podría recuperar si se revisan las mil empresas grandes consumidoras de casi la cuarta parte de la electricidad? Y, ¿si después se revisan las 300 mil empresas medianas que consumen el 37 por ciento de la electricidad?”, planteó el ex trabajador disidente Mario Benitez Chávez.

El titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, sentenció en una conferencia de prensa de febrero que “toda una colonia no se roba lo que se puede robar una empresa”.

El electricista Benitez agregó que “la cruzada nacional contra la corrupción, como eje sexenal, debe ser respaldada por los trabajadores. Petroleros y electricistas deben de participar, pero los de base, los de abajo, y no las cúpulas sindicales quienes han sido parte y se han beneficiado del robo y del saqueo”.

Planteó la diferencia entre ellos y Martín Esparza Flores, Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) desde 2005. “Buscar recuperar la soberanía energética, la autosuficiencia eléctrica, y no dar más permisos a los privados, es una gran diferencia que tenemos con Martín, quien está haciendo marchas para que el gobierno le dé un contrato de compra-venta con Generadora Fénix (de la portuguesa Mota-Engil, SME y Cooperativa LF) por 25 años”, dijo.

Mota-Engil, enfatizó, fue la encargada de construir la autopista “Siervo de la Nación”, obra del gobierno mexiquense de Eruviel Ávila Villegas, para conectar la zona norte del Valle de México con el nororiente de la Ciudad de México que reportó un sobrecosto de 4 millones de pesos. “Esto es Mota-Engil, esto es Martín, y quieren que les compremos la electricidad por 25 años a esta clase de ratas”, criticó.

EL “HUACHICOLEO ELÉCTRICO”
En 2017, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró pérdidas técnicas, por disminución de voltaje, y no técnicas, derivadas del robo de energía, por 46 mil 592 millones de pesos, el 13.5 por ciento de lo generado, muestran cifras del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), frente a los 60 mil millones de pesos anuales a las que ascienden las pérdidas de Petróleos Mexicanos (Pemex) por tomas clandestinas de combustibles, de acuerdo con las cifras del Gobierno.

Por pérdidas técnicas, la CFE dejó de recibir 16 mil 267 millones de pesos, mientras que por robo, alteración de medidores o falta de pago perdió 30 mil 325 millones de pesos.

En febrero, el titular Manuel Bartlett Díaz informó durante una conferencia que en 2018 fueron más de 30 mil millones de pesos principalmente de los grandes corporativos. “Siempre ha habido robo de energía en grandes empresas, en hoteles, en grandes industrias que manejan los medidores y se ha generado desde hace años el no pago de los grandes. No son los chiquitos. Toda una colonia no se roba lo que se puede robar una empresa”, advirtió.

Respecto a las grandes consumidoras, el sistema eléctrico de la CFE se integra de ventas anuales con un 22 por ciento de la energía para mil empresas grandes; 37 por ciento para 300 mil empresas medianas; 25 por ciento para 33 millones de usuarios domésticos; y 16 por ciento para 4 millones de usuarios comerciales, agrícolas y de servicios, documenta el Observatorio Ciudadano de la Energía con datos oficiales.

“La disyuntiva es que son mil empresas que consumen el 22 por ciento y 33 millones de hogares otro 25 por ciento. Vamos a impedir que nos sigan robando. Esas mil empresas tenemos que revisarlas, conectarlas, que no alteren los medidores. Es posible, estamos convencidos, y contamos con personal –a todos los que nos corrieron les sabemos a eso– y esas empresas están sobre todo en la Ciudad de México y el Estado de México”, afirmó el ex trabajador disidente Mario Benitez.

Entre esas mil empresas, documentó el electricista, figura Embotelladora Mexicana Pepsico, que en 2012 fue acusada por la CFE ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por robarle electricidad durante cuatro años. Ante ello, la firma se comprometió a pagar 105 millones de pesos.

Los adeudos de Pepsico correspondían a dos plantas embotelladoras, una en Acoxpa y otra en Calzada de La Viga, en la Ciudad de México, conectadas en servicio de media tensión, cuyos medidores fueron revisados en mayo de 2012 por la CFE, y encontró dispositivos electrónicos que marcaban un consumo menor al real.

“Aquí vamos a revisar quiénes son esas mil. No hay más que irse al directorio, sus oficinas, sus divisiones, sus subsididarias y así podemos evitar este huachicoleo eléctrico. No puede funcionar como en el caso Pemex, porque ahí cortan ductos a partir del monitoreo central. Aquí no podemos cortar la luz. Se tiene que hacer con servicio y eso lo hacen nuestros compañeros, ellos trabajan con línea viva, saben de la facturación. ¿Cómo van a poner orden y recuperar 30 mil millones de pesos al año?”, reiteró Benitez Chávez.

Además de empresas, el gobierno de Pueba colocó “diablitos” en la Vía Atlixcáyotl para robarse la luz. Un comunicado de prensa oficial reportó en días pasados que la CFE está cobrando adeudos de la gestión anterior por más de 2 millones 800 mil pesos tanto de Rafael Moreno Valle (2011-2017) como de Antonio Galí Fayad (2017-2018). Se deben 2 millones 457 mil pesos correspondientes al periodo del 22 de diciembre de 2012 al 22 de octubre de 2018; 259 mil 34 pesos del 25 de agosto de 2017 al 16 de octubre de 2018; y 110 mil 364 pesos del 5 de abril al 7 de diciembre de 2018.

Otra de las propuestas para la reinserción laboral de más de 16 mil trabajadores electricistas es cooperar en la clasificación de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que se están dando a conocer en el Archivo General de la Nación.

“Vamos a capturar, digitalizar, transcribir 36 años de archivos, desclasificar 36 años de guerra sucia. En Luz y Fuerza teníamos compañeras secretarias talentosísimas. Queremos que se sepa, queremos trabajar y esa fuerza de trabajo la queremos”, visualizó Mario Benítez. “Martín no está diciendo que quiere acabar con el huachicoleo, solo quiere para su empresa (Generadora Fénix)”.

AUDIENCIAS CON EL GOBIERNO DE AMLO
A lo largo de estos tres meses de inicio de la administración, los electricistas disidentes han solicitado a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Energía, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Federal de Electricidad y al Instituto Mexicano del Seguro Social una audiencia para tratar la petición de desclasificar los documentos en torno a la extinción de Luz y Fuerza en octubre de 2009, y con ello conocer “los acuerdos” del Sindicato Mexicano de Electricistas dirigido por Martín Esparza Flores, con los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Creímos y confiamos en la dirección sindical del SME, pero Martín Esparza Flores se corrompió y coludió con los gobiernos del PRIAN”, dice la solicitud de audiencia con los titulares de las dependencias federales referidas. “Desde aquel 11 de octubre de 2009, hemos vivido en condiciones precarias, tratando de sobrevivir, siendo perseguidos del gobierno, boletinados para no encontrar una fuente de empleo formal, reprimidos y agredidos por una dirigencia sindical sin escrúpulos”.

Por su parte, Martín Esparza Flores declaró en un foro sobre “Nuevo sindicalismo en México” celebrado hace dos semanas que “el Sindicato está vivo, compañeros. Está firme y con la cara muy en alto para continuar esta lucha […] Aquí estamos defendiendo nuestra organización sindical y los derechos de los trabajadores. Hoy tenemos que seguir luchando porque se restituyan los derechos de los trabajadores en el país. En todos estos años de política neoliberal el diagnóstico es devastador contra los trabajadores”.

“Hagamos una Convención Nacional Democrática, pero sin las centrales corporativas, sin los charros, y saquemos de ahí acuerdos en materia de trabajo, de salario y de seguridad social”, agregó.

Para los disidentes fue un discurso “hipócrita” y “vacío”.

También han acudido al Poder Legislativo. El 15 de noviembre de 2018, los diputados Nelly Carrasco Godínez, Erika Vanessa del Castillo Ibarra y Sergio Pérez Hernández, de Morena, y Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, propusieron un punto de acuerdo donde se pide la desclasificación de los documentos de Luz y Fuerza del Centro. Esta propuesta se pasó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, donde está pendiente de discutirse.

La Compañía de Luz y Fuerza se componía por 44 mil activos y 22 mil jubilados hasta aquel octubre de 2009. Luego de que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa encabezó su extinción, casi 28 mil aceptaron la liquidación ante el decreto, pero 16 mil 599 quedaron en resistencia para que se respetara su contrato colectivo y antigüedad.

Sin embargo, el grupo “Para todos todo” detectó, a través de solicitudes de información, que a través del pago de jubilaciones, liquidaciones, la Generadora Fénix y la Cooperativa LF del Centro, surgidas tras la extinción de la Compañía, el líder sindical Martín Esparza y los otros 25 miembros del Comité del SME se han beneficiado económicamente, junto con su familia y amigos, más que los trabajadores que quedaron desempleados y no aceptaron la liquidación para seguir en la resistencia.

Martín Esparza Flores se llevó una liquidación de 5 millones 129 mil pesos por 23 años, sus cercanos y miembros del Comité del SME también obtuvieron cifras con mayores ceros que el resto de trabajadores, de acuerdo con certificado del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

“Específicamente hay un grupo de 122 personas que son los del Comité Central [del SME] y allegados que juntaron un monto aproximado de 300 millones de pesos por concepto de liquidación. Las liquidaciones van entre 1 y 7 millones de pesos. No hubo algún parámetro exacto que pudieran tomar para determinarlas; la antigüedad y categorías no contaron, solo los parentezcos con la dirección del sindicato”, dijo la trabajadora electricista Jazmín Serrano.

DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Los disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas solicitan la desclasificación de documentos sobre el proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro para resolver la duda que han cargado por casi una década: por qué cerraron la compañía y qué hizo su representante sindical, Martín Esparza, con la entrega de liquidaciones y rentas vitalicias, así como con la Generadora Fénix y la Cooperativa LF. Pero hasta el momento solo han recibido reserva de información y agresiones.

“Cuando queremos levantar la voz, somos expulsados, somos rechazados, somos golpeados. En toda esta desclasificación de documentos de la extinción de LyF están los negocios de la dirigencia, los beneficios para familiares y allegados. Debe haber un papel firmado”, dijo el disidente Aldo Conde. “Las bases estamos siendo aisladas. Hay dos sindicatos. El que cuentan ellos y el que se está viviendo”.

Su compañero Claudio Herrera acusó que “es injusto que un grupúsculo se haga rico a costillas de los trabajadores que quedaron desempleados. Si nos transportamos a antes de 2009, muchos no tenían ni para zapatos y en este momento en Necaxa (Puebla) tienen infinidad de locales o bares, y se pasean en coches. Está terrible cómo tratan a nuestros compañeros del sindicato. Está la Generadora Fénix ahí, pero es un grupo de 500 personas que están trabajando el líder Miguel Márquez, Secretario de Fomento a la Salud, es el dueño del poder”, señaló.

Sergio Vallejo fue víctima de Márquez y aunque ha presentado denuncias, le piden pruebas y testigos. “Gente del SME, Miguel Márquez Ríos, Secretario de Fomento a la Salud, y Román Olvera García, subsecretario de la división Necaxa, ya me amenazaron”, señaló directamente. “La consigna de golpearme para que me quede quieto y ya no se sepa la información entorno del SME. Tengo actas de denuncias, pero piden pruebas y testigos”. En ese momento, evocó, salió lo de las nóminas con liquidaciones millonarias.

Mario Benítez planteó que tienen derecho a la verdad. “Yo trabajé para una empresa de 100 años que la extinguieron. Quiero saber los motivos reales, no puede ser responsabilidad del trabajador la quiebra, si existía. Quiero saber qué pasó con todos los activos de LyF, en qué manos quedaron”, cuestionó.

El Secretario General Martín Esparza compartió en el foro referido que después de la Reforma Energética “que impusieron, la primera empresa participante del mercado eléctrico mayorista fue CFE por ley, pero la segunda es Generadora Fénix del SME. Ya estamos de regreso en el sector eléctrico […] los trabajadores con su contrato colectivo tienen reparto de utilidades, están dados de alta al seguro social y tienen prestaciones por encima de la ley y lo del 49 por ciento (de participación accionaria) el dinero va a un fondo de previsión social para que los trabajadores tengan un fideicomiso”.

No obstante, los disidentes criticaron que Fénix solo aporta empleos a 571 de los 16 mil desempleados y, dijeron, están contratados bajo outsourcing. En la nómina están los 26 miembros del Comité del SME, familiares y amigos de Martín Esparza ganando más que otros trabajadores con más experiencia y antigüedad, de acuerdo con la base del IMSS a la que tuvieron acceso los trabajadores opositores.

Martín Esparza, vocal de Generadora Fénix y líder sindical; Humberto Montes de Oca, Secretario de Exterior del SME, al igual que el Secretario de Trabajo del SME, Eduardo Bobadilla, cotizan 1,887 pesos diarios ante el IMSS (unos 56 mil pesos mensuales cada uno).

“Cómo puede ser un empleado de una trasnacional [Mota-Engil] y en el discurso ir contra las empresas. Cómo puedes ser parte de su Consejo de Administración y los de atrás están pidiendo trabajo, no tienen ni para comer. Cómo puedes estar en lo interno en una persecución contra los trabajadores y hacia lo externo estás con la huelga de Matamoros. Ese discurso ya no se lo creemos”, aseveró el disidente Aldo Conde.

PROCESO ELECTORAL “AMAÑADO” EN EL SME
Martín Esparza ha sido el Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas desde 2005 a través de diversas reelecciones. El Comité Central del sindicato lo componen otros 25 miembros.

“Le apostamos a una Reforma Laboral como la que se está planteando donde haya libertad sindical, donde los dirigentes se elijan a través del voto libre y secreto. El SME así lo hace. Hay un proceso electoral establecido en el estatuto”, presumió Esparza en un foro sobre sindicalismo celebrado el 6 de marzo.

Antes de 2014, el Secretario General se elegía cada dos años con voto directo y secreto, pero los estatutos se modificaron hasta cinco años por lo que Esparza, reelegido en 2015, podrá estar hasta 2020.

La última elección para renovar una mitad del Comité, incluyendo a Esparza, fue en mayo de 2015, antes de que el sindicato modificara los estatutos para permitir esta extensión en el cargo. En 2014 se seleccionó la otra mitad del Comité, por lo que en mayo de 2019 se cierra el registro para planillas. El grupo “Para todos todo” presentará una planilla de oposición a Esparza Flores.

“En mayo de 2015, votamos por el Comité Central que incluía a Martín, el Secretario General. El contexto era distinto a como estamos ahorita. No se conocían los 541 trabajadores en Fénix, no se conocían las rentas vitalicias para su gente, no se conocían las liquidaciones millonarias. Entonces en la planilla votamos para que ellos siguieran. Para agosto de 2015 se cambiaron las reglas: yo voté por Martín para dos años, y nos dijeron que se quedaría tres años más”, afirmó Mario Benitez.

Presentar una plantilla de oposición no estará exenta de obstáculos. El disidente Guillermo Vergara contó que el año pasado los jubilados tuvieron que elegir a su representante, pero “fue una gran maniobra, de tal forma que no pudimos presentar nuestra planilla. Que el gobierno en turno nos diga si va haber democracia sindical, si nos van a apoyar. Supuestamente hay una reforma de estatuto, que no conocemos, no la desclasifican”, dijo.

“Para que hubiera una modificación en los estatutos, se debió haber convocado a una legislativa, un procedimiento con tiempos. Se lo brincaron y lo hicieron a su modo para que pasaran de poder estar en el cargo de 2 a 5 años”, reiteró.

Claudio Herrera, quien también participó en ese proceso, consideró que “la última elección fue amañada, no hubo participación. De los 17 mil jubilados (ya ha habido decesos de los 22 mil que eran en 2009), no votaron ni dos mil”.