Amnistía Internacional entrega a AMLO una serie de recomendaciones
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Amnistía Internacional entrega a AMLO una serie de recomendaciones

La organización recomendó reorientar la política de control de drogas en México de un enfoque de militarización y uso de la fuerza pública a uno basado en la protección de los derechos humanos de las personas, incluido el derecho a la salud.

Amnistía Internacional entrega a AMLO una serie de recomendaciones | El Imparcial de Oaxaca

Amnistía Internacional entregó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, una serie de observaciones y recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en México.

La organización consideró que ante los constantes y complejos desafíos que enfrenta el país, la nueva administración federal podría impulsar cambios sustanciales si coloca de forma inmediata la agenda de los derechos humanos como eje central de las políticas públicas y de las decisiones gubernamentales.

Si bien destacó algunos avances legislativos e institucionales puntuales en los últimos años, también señaló que subsisten serios obstáculos en cuestiones como acceso a la justicia, las desapariciones forzadas, los derechos de los pueblos indígenas, la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Así como en violencia de género contra mujeres, niñas y personas LGBTI, los abusos sufridos por personas migrantes y refugiadas, la fallida estrategia de seguridad pública, y el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, entre otras.

Para Amnistía Internacional, en México los cuerpos de policía carecen en general de elementos técnicos y recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones de forma adecuada. Además, las detenciones arbitrarias son generalizadas y es común la violación de las garantías del debido proceso en el tratamiento de las personas y de la evidencia por parte de la policía.

En este sentido, recomendó al presidente electo someter al Congreso de la Unión una iniciativa para adoptar una ley sobre el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como reconocer la labor de la policía, y garantizar la vigencia de todos sus derechos laborales y darles recursos financieros adecuados, herramientas, capacitación y condiciones laborales que garanticen el ejercicio de sus funciones.

Otra de las recomendaciones es la de reorientar la política de control de drogas en México de un enfoque de militarización y uso de la fuerza pública a uno basado en la protección de los derechos humanos de las personas, incluido el derecho a la salud.

Así como adoptar un registro de desapariciones con información pertinente y suficiente, que registre todos los incidentes tanto de desaparición forzada como de desaparición perpetrada por agentes no estatales —incluidos los de décadas pasadas— y que sirva como instrumento de supervisión, evaluación y diseño de estrategias y políticas públicas en materia de desaparición de personas.

Sobre la Ley de Amnistía pidió que se asegure que cualquier amnistía que llegue a adoptarse, si fuera el caso, se adecue al derecho internacional y, en particular, que no beneficie a las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional –incluyendo crímenes de lesa humanidad– o graves violaciones de derechos humanos.

Tipificar internamente todos los crímenes de derecho internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, y crímenes de guerra, los que deben ser juzgados siempre por tribunales ordinarios, con exclusión de los tribunales militares.

En materia de violencia de género contra mujeres y niñas recomendó:

  • Diseñar e implementar una política pública orientada en la prevención de la violencia contra mujeres y niñas incluyendo cualquier forma de discriminación.
  • Realizar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, asegurando que se lleve a las personas sospechosas de responsabilidad penal ante la justicia, en juicios justos, y se garantice la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias.
  • Llevar a cabo una evaluación del impacto que ha tenido el mecanismo de Alertas de Violencia de Género (AVG) y usar las conclusiones de dicha evaluación para eliminar los obstáculos que dificultan la eficacia de las AVG, estableciendo plazos específicos y razonables para el cumplimiento de cada fase, procedimientos claros para realizar el seguimiento y evaluación de las medidas y, la participación de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil en todo el procedimiento.

Migración y refugio

  • De conformidad con la ley mexicana, garantizar que ningún niño o niña sea separado de sus familias o sea detenido por motivos de migración.
    Garantizar los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, incluida la prohibición de la devolución (refoulement) e investigar los informes de prácticas que violan dichos derechos y, si se confirman, garantizar que son objeto de la sanción correspondiente.
  • Reorientar las respuestas hacia la migración irregular, caracterizadas por una limitada visión de seguridad que fomenta la represión y la disuasión, por un enfoque basado en derechos humanos, reconociendo que las personas migrantes no son criminales.
  • Garantizar que la implementación de la política migratoria no esté a cargo de cuerpos policiales de ninguna índole, sino de oficiales capaces de identificar las necesidades de cada persona y de garantizar su acceso al procedimiento de asilo cuando haya necesidad de protección internacional.

Aquí puedes consultar todas las recomendaciones que Amnistía Internacional hizo al próximo gobierno de la República: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4189112018SPANISH.PDF