Encuesta de INEGI revela irregularidades en Cefereso de Oaxaca
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Encuesta de INEGI revela irregularidades en Cefereso de Oaxaca

En Miahuatlán, 65.2% de la población privada de la libertad, obtuvo su sentencia después de un año de espera


Encuesta de INEGI revela irregularidades en Cefereso de Oaxaca | El Imparcial de Oaxaca

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que tan sólo en el Centro Federal de Readaptación Social de Miahuatlán Oaxaca, el 65.2% de la población privada de la libertad sentenciada en 2016, obtuvo su sentencia en más de un año de espera.

En la Encuesta que se concentró en 37 centros penitenciarios del país, de los cuales uno es de Oaxaca, mostró que el 77.9% de los internos del Cefereso llevaba más de un año en su proceso de ser sentenciado.

Del mismo modo, 30.1% de los reclusos dijo identificar algún tipo de separación entre los internos que cuentan con sentencia dictada y aquellos que se encuentran en proceso de obtenerla, mientras que el 42.6% señaló ser víctima de actos de corrupción.

Así también, 34.1% dio percepción de inseguridad, 21.9% fue juzgada penalmente por algún delito de manera previa al proceso que determinó su reclusión actual y solo 29.9% que se encontró privada de la libertad durante 2016, pudo contactar a un abogado cuando fue presentado ante el Ministerio Público.

La Encuesta 2016 se elaboró con el propósito de conocer información estadística sobre las condiciones de procesamiento e internamiento de las personas que legalmente han sido privadas de su libertad.

Con la ENPOL, se complementa la información generada por los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, así como la Información Estadística Penitenciaria Nacional generada por la Comisión Nacional de Seguridad.

En dicho proceso de 2016, se encontró que el 27.3% que se encontró privada de la libertad durante 2016, recibió presiones o amenazas como principal motivo para declararse culpable ante el Ministerio Público, mientras que 29.2% fue víctima de al menos una conducta ilegal.


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