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Autoridades de la Mixteca exigen capacitación a fiscales

Piden, autoridades tradicionales, autonomía y respeto a las formas de aplicación de justicia de las poblaciones nativas

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Si un ladrón es castigado en una comunidad por Usos y Costumbres, el derecho del Estado, la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos defienden al delincuente y fincan responsabilidades a las autoridades, por lo que se exige autonomía y respeto a las formas de aplicación de justicia de las poblaciones nativas, dieron a conocer autoridades tradicionales, en el marco de la consulta a los pueblos indígenas y afromexicano que se llevó a cabo en la comunidad de Yanhuitlán, Oaxaca, región Mixteca.

EN USOS Y COSTUMBRES

Dieron a conocer que si una persona roba en una comunidad es máximo delito, porque tiene que pagar dos días de cárcel, pagar lo robado o reparar los daños y con sus familiares hacen un compromiso firmado que ya no reincidirá, porque las multas serán mayores.

Las capacitaciones se les deben dar a los agentes de las fiscalías, que en las comunidades de Usos y Costumbres pagan con cárcel los delitos de robo, la reparación de los daños y será turnado a las autoridades del estado, por lo que debe haber un trabajo de coordinación y no de ataque como ha sido en contra de las comunidades.

EVITAR CORRUPTELAS

Los participantes, en su mayoría presidentes municipales y de bienes comunales, manifestaron en la mesa “sistema normativos indígenas, coordinación con el sistema jurídico nacional y acceso efectivo del estado” que las fiscalías en Oaxaca, ya no deben discriminar a los indígenas mixtecos y evitar las corruptelas que hacen al pedirles mordidas para agilizar casos que deberían atender en tiempo y forma.

Exigieron que el estado debe respetar la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que harán valer y practicarán su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la soberanía nacional y dentro del nuevo marco normativo para los pueblos indígenas.

PRIVILEGIAR LA COMUNICACIÓN

Roberto García Cruz, presidente municipal, de Magdalena Yodocono, Nochixtlán, da a conocer que debe haber comunicación estrecha con las autoridades tradicionales y el ministerio público, primero para evitar todo tipo de corrupción, por ejemplo, a más de un año existe el problema de la síndico que está demandada por un delincuente a quien se le aplicó las leyes de la comunidad al encontrársele robando por varias ocasiones, esto en la comunidad de Santiago Tillo.

Se lamenta que en la sala indígena aún este caso se encuentra latente, cuando ya un comité de presidentes expuso la situación y se logró firmar acuerdos, pero lo más doloroso es que el gobierno estatal está encubriendo a la delincuencia.

MAYOR PREPARACIÓN

Falta preparación a los que están en las fiscalías, a los agentes, son ellos que deben saber que en la comunidades también hay Usos y Costumbres donde un robo es máximo delito y en la comunidad este se debe reparar y castigar con algún trabajo en la comunidad, además que la persona que comete robo debe reparar y no volver a reincidir.

La corrupción e impunidad debe terminar, ya que se ha oído que los agentes del ministerio o de la Fiscalía, están cobrando por todos los servicios, favoreciendo a quienes dan más dinero, es decir, piden billetes a todas las partes, en muchas ocasiones encubren a los delincuentes y no hacen un trabajo de investigación.

En las fiscalías debería haber más personal capacitado, ya que ese es el argumento que no hay personas que hagan el trabajo de investigación y se debe acabar con las mañas de que a estos servidores públicos se les esté dando dinero porque hagan bien su trabajo, es su deber dar extraordinario servicio y no andar cobrando para acabar de una vez por todas con estas corrupciones.

El derecho consuetudinario de los pueblos nativos son normas jurídicas que no están escritas, pero se cumplen porque en el tiempo se han hecho costumbre cumplirlas, es decir, se ha hecho uso de esa costumbre que se desprende de hechos que se han producido repetidamente, en el tiempo, en un territorio concreto. Tiene fuerza y se recurre a él cuando no existe ley, o norma jurídica escrita, aplicable a un hecho.