Aumentan desapariciones forzadas en comunidades indigenas de Oaxaca

De acuerdo con los reportes de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH), los casos de desapariciones forzadas de jóvenes en las comunidades indígenas van en aumento en Oaxaca.

Datos de este organismo en la entidad, refieren que los casos han aumentado entre un 25 a 30 por ciento en los últimos años, donde los delincuentes suelen engañar y manipular a las víctimas que en su mayoría son mujeres jóvenes.

Manuel Guzmán García, comisionado presidente de esta Comisión en Oaxaca, señaló que las desapariciones forzadas tienen que ver con el delito de trata de personas, por lo que alertó a las autoridades para emprender programas que puedan combatir este fenómeno.

“En las grandes ciudades, la mayoría de las desapariciones se dan de manera voluntaria y tiene mucho que ver la violencia intrafamiliar, los padres suelen tener problemas y se llegan a separar, por eso a veces los hijos optan por irse con alguno de ellos o bien con alguien con quien tengan una relación amorosa, el problema es que a veces son menores de edad”.

Refirió que estos casos se han detectado en la Zona Metropolitana de Oaxaca así como en las ciudades como Juchitán, Tuxtepec, Huajuapan, Salina Cruz, entre otras.

“En las comunidades indígenas y áreas rurales es donde se ven más radicalizados los delitos de trata de personas, esto se da mediante la manipulación y engaño que los delincuentes aprovechan con familias humildes”.

Guzmán García destacó que en la mayoría de los casos no se denuncia “porque en esas localidades no hay acceso a los sistemas de justicia.

“No saben cómo denunciar y esto conlleva a la impunidad”, apuntó.

A estos casos se suman a la violencia política que viven actualmente decenas de mujeres que fueron electas como autoridades municipales, quienes han sufrido amenazas para obligarlas a renunciar de sus cargos.

Desde 2018, en Oaxaca se decretó una alerta de género, sin embargo, las organizaciones en materia de derechos humanos, señalan que a la fecha no se han implementado acciones para prevenir delitos como la violencia familiar, trata de personas y la violencia política.