Advierten autoridades de Oaxaca sobre usurpación de funciones
Hasta en escuelas públicas se han presentado supuestos peritos de Protección Civil.
En medio de la crisis generada por los daños de los últimos sismos en la entidad oaxaqueña, autoridades de gobierno del estado iniciaron una serie de advertencias a la población ante la posible usurpación de funciones gubernamentales en diferentes sectores de la sociedad.
En el caso de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), el gobierno estatal pidió no dejarse sorprender por personas que pretenden generar cobros no autorizados por la emisión de dictámenes estructurales, ante daños provocados por los sismos en últimas fechas.
Aclaró que los trabajos de supervisión, así como los dictámenes de revisión estructural de inmuebles o infraestructura que se expiden son totalmente gratuitos, además de que la CEPCO es la única institución autorizada para colocar estos sellos oficiales.
Del mismo modo, autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) aclararon que son la única institución facultada para autorizar a los responsables de realizar verificaciones y evaluaciones en escuelas afectadas por los sismos registrados durante septiembre.
Por tal motivo, los servidores públicos adscritos al Instituto no solicitan, ni deben solicitar pago alguno por las labores que brindan.
Ante ello, solicitó a directivos, docentes y padres de familia a estar atentos y no dejarse sorprender por personas no autorizadas que se hacen pasar por especialistas de áreas de Protección Civil de gobierno del estado.
La misma alerta generaron los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), al señalar que esta instancia no realiza ningún tipo de encuestas o entrevistas, ni solicita información o realiza tomas de muestras de laboratorio del vital líquido de manera directa en los domicilios de los usuarios.
Resaltó que únicamente personal de campo debidamente identificado con gafete del organismo operador y respectivo uniforme, tiene la facultad de tomar las lecturas de los medidores de cada toma domiciliaria, sin la indicación de pedir datos personales a los ciudadanos.
