Convierten en un “manifestódromo” a Ciudad Judicial

Unas tres organizaciones sociales, con distintas demandas cada una, cerraron los accesos al complejo gubernamental Ciudad Judicial, ubicado en Reyes Mantecón, como medida de presión a las autoridades estatales.

Desde temprana hora, integrantes de las organizaciones sociales Antorcha Campesina y del Comité de Defensa de Derechos Indígenas (Codedi), cerraron los accesos del edificio Saúl Martínez que alberga la Secretaría de Finanzas.

Lo anterior, indicaron los inconformes, para exigir la liberación de recursos que presuntamente les han designado tras una serie de mesas de trabajo y cuyo presupuesto sería destinado a obras sociales.

Poco después a los accesos de complejo de oficinas de gobierno arribaron integrantes del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) en demanda también de respuesta a sus planteamientos de carácter social.

La presencia de los manifestantes derivó en que se ordenara el desalojo inmediato de al menos 8 mil trabajadores de base adheridos al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal.

Mientras que al contrario, trabajadores de contrato y confianza se vieron obligados a permanecer en sus puestos de trabajo en tanto duró el bloqueo de los accesos del inmueble gubernamental.

Y es que desde la semana pasada, el complejo gubernamental ha sido blanco de al menos unas cuatro tomas de sus accesos por parte de organizaciones sociales, como una forma de presionar al gobierno.

Integrantes del Frente Amplio de Lucha Popular (FALP) y la organización 23 de Octubre, han sido los visitantes asiduos al complejo gubernamental localizado en Reyes Mantecón, cuya presencia beneficia a los trabajadores de base quienes no cumplen con su horario de trabajo.

En tanto, los trabajadores de confianza en ocasiones se han tenido que esperar hasta tarde para poder salir, a expensas de las negociaciones o mesas de trabajo que se instalan entre los dirigentes y funcionarios de gobierno.